La «puerta giratoria» del gobierno que pone a ex jefes de la FNE en pelea con el organismo defensor de la libre competencia
“Cría cuervos y te sacarán los ojos”, dice el refrán que busca perpetrar la enseñanza de que quienes fueron formados en un lugar luego pueden transformarse en sus peores enemigos.
La situación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) no es tan dramática pero deja más de alguna anécdota.
Entre los año 2001 y 2006 Pedro Mattar fue el fiscal a cargo de defender la libre competencia, luego de haber sido funcionario de carrera en la Superintendencia de Valores y Seguros.
Tras dejar su cargo, pasaron casi dos años hasta que sorpresivamente apareció representando a farmacias Cruz Verde, empresa acusada y luego condenada por colusión con Salcobrand y Farmacias Ahumada.
En su momento Mattar enfrentó duras críticas por haber cruzado la vereda, a lo cual respondió que había cumplido con holgura las exigencias legales, que estaba en contra de la colusión y que su labor para Cruz Verde era legítima.
A comienzos de agosto pasado, fue Juan Pablo Lorenzini quien se enfrentó a la FNE. Lorenzini llegó a ser subfiscal de la FNE entre los años 2001 y 2003, justamente cuando asumía Mattar la jefatura. Tras dejar la institución se “privatizó”, ingresó al estudio de abogados Abdala y Cia. y trabaja en materias de libre competencia.
Pero Lorenzini no olvidó el sector público. Hoy es fiscal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), que preside el UDI Joaquin Brahm, y en su rol está enfrentando la acusación de la FNE por abuso de posición dominante al realizar cobros por el atravieso sobre las líneas férreas.
Según la FNE los servicios de atraviesos de la vía férrea son demandados por las compañías que requieren cruzar la vía para poder suministrar algún servicio, generalmente, empresas de servicios básicos. Y EFE estaría abusando en sus cobros.
La fiscalía dice que ya existe una sentencia contra EFE por la demanda que interpuso GTD y que el TDLC falló en 2008, estableciendo que la firma estatal debía fijar como estándar de conducta la transparencia, la no discriminación y la objetividad en sus cobros, lo que no estaría ocurriendo.
En su respuesta, Lorenzini junto al gerente general de EFE, Franco Faccilongo, disparan con dureza contra la presentación de la FNE. Aseguran que la fiscalía “fuera de toda lógica jurídica y económica, y desconociendo completamente los atributos del dominio y las disposiciones aplicables a la especie, persigue a EFE… durante ya largos cuatro años”, pretendiendo algo que EFE no puede dar, que es otorgar el uso de sus terrenos a favor de terceros de forma gratuita.
EFE dice que ya tres veces “ha buscado darle el favor a la FNE y a su sesgada interpretación de la referida sentencia (de 2008)”, no porque crea que tiene razón sino porque han intentado “a toda costa evitar que una actividad menor e irrelevante para EFE, la distraiga de las actividades que son propias de la empresa…”.
Aun más, a juicio de Lorenzini y Faccilongo, “la presente causa nada tiene que ver con la libre competencia, sino que única y exclusivamente con el dogma de un persecutor que pretende limitar el derecho de EFE e imponerle una carga que ni el legislador ni autoridad competente alguna han impuesto sobre la empresa”.
EFE respondió esta semana que no pretende impedir el lucro por parte de EFE, sino que los cobros obedezcan a los criterios acordados en 2008.
La empresa estatal parece haber retrocedido el miércoles pasado al pedir una audiencia de conciliación con EFE, por lo que el Tribunal citó para el 16 de octubre próximo a ambas partes.
