La Corte Suprema suspendió dos decretos de la provincia de Neuquén por los cuales el gobernador, Jorge Sapag, había revertido varias áreas petroleras a Petrobras y a Tecpetrol SA.
El 14 de marzo, el gobierno nacional lanzó una fuerte embestida contra Repsol YPF; el 17 de abril, la presidenta Cristina Kirchner envió al Congreso Nacional el proyecto de expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera y, el 3 de mayo, el Parlamento sancionó esa norma.
Como escalas de ese camino que terminó por perjudicar la cotización de las acciones de Repsol en la Bolsa de Nueva York, las provincias de Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta -ejecutando un plan trazado por el gobierno nacional- dejaron sin efecto casi veinte concesiones de unas veinte áreas petroleras de Repsol. El argumento fue la falta de inversiones.
Pero Neuquén fue más allá, tal vez para no exponerse a una demanda fundada en la discriminación de inversiones españolas. Por eso, Sapag dictó los decretos 562 y 563 y, así, revocó las concesiones de
las áreas Veta Escondida (en manos de Petrobras Energía), Covunco Norte (Argenta Energía) y Fortín de Piedra (Tecpetrol).
Pero esas petroleras, en rigor, venían haciendo inversiones. Petrobras había entrado en esa área de exploración en 1992 y, para el momento en que Sapag dictó su decreto, ya había invertido un 54 por ciento más del dinero comprometido.
Por eso, el ministro de Planificación, Julio De Vido, tuvo que viajar de urgencia a Brasil, donde las autoridades brasileñas y las de la petrolera estatal le hicieron saber su profundo malestar e, incluso, tuvo que darle explicaciones a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Ayer, en línea con la política oficial de solucionar este problema, la Corte, que preside Ricardo Lorenzetti, dictó una medida cautelar y suspendió los decretos que habían revertido esas concesiones, que ahora quedarán provisionalmente en manos de las dos empresas demandantes, Petrobras y Tecpetrol.
El tribunal admitió que es competente para tramitar los amparos presentados por las empresas y, además, suspendió los efectos de los decretos -la reversión de las áreas-, mientras se sustancia de demanda y se decide si esos decretos son arbitrarios e ilegales.
Las empresas consideraron que la nulidad o caducidad de esas áreas sólo puede ser decidida después de un debido proceso, algo que no ocurrió en estos casos.
SHELL APELARÁ FALLOS EN SU CONTRA
La firma Shell informó que apelará el fallo de la Cámara de Casación Penal en causas iniciadas por multas promovidas por el Gobierno en 2007 por presunta violación de la ley de abastecimiento. En una carta, el presidente de la empresa, Juan José Aranguren, precisó que «restan resolver los recursos extraordinarios planteados simultáneamente con las vías recurridas». Aclaró que «los rechazos de la Cámara Federal no han quedado firmes y serán recurridos en tiempo y forma». Aranguren dijo que «ya la Corte se ha expedido en uno de los recursos planteados por Shell, dando trámite al mismo y ordenando que la instancia inferior dicte un nuevo fallo revocando la multa impuesta»..
