Repsol dio ayer otro indicio de que peleará en todos los frentes su batalla por cobrar lo que considera «un precio justo» por la expropiación de su ex filial YPF.
En un movimiento innovador en su estrategia, la multinacional de origen español busca expulsar a la petrolera renacionalizada de Wall Street, lo que significaría un duro golpe para el Estado argentino en su intento por atraer nuevos inversores.
Según informó ayer la prensa española, la compañía dirigida por el catalán Antonio Brufau presentó una demanda ante un tribunal federal de Nueva York, en la que denuncia que la nueva YPF «rompió las reglas» del mercado de los Estados Unidos, al omitir información «fundamental» sobre la entidad, como su nueva política de dividendos y otros requisitos legales.
En esa petición, que constituye la ampliación de la demanda colectiva presentada el 16 de mayo pasado ante esa misma dependencia judicial por la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF, se alega que el Estado argentino vulneró la sección 13 de la SEC, el ente regulador del mercado bursátil en los Estados Unidos.
Esta presunta irregularidad ya había sido observada públicamente por Repsol el día posterior de anunciarse la decisión de expropiar la petrolera, el 16 de abril pasado, aunque sólo fue remitida de modo formal el pasado 5 de este mes.
Hasta el momento, las acciones legales iniciadas por la corporación con sede central en Madrid se concentraban en denunciar la presunta violación, por parte de la Casa Rosada, de la obligación de realizar una oferta formal de compra por YPF luego de hacerse cargo del control de la ex filial, tal como lo exigiría el estatuto.
En esa demanda, también se le exigía a la Argentina el reintegro del valor fijado por la ley que, según los cálculos de Repsol ascendería, a 10.500 millones de dólares, más gastos.
En la segunda presentación judicial la empresa demandante señala que «ya han pasado siete semanas desde el plazo máximo de notificación a la SEC para la notificación y explicación de la adquisición de un 5 por ciento de YPF» y que, por esta razón, el Estado nacional «incumple» las formalidades exigidas por el ente estadounidense.
