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La medida fue impulsada por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y comenzó a regir en febrero de 2022, tras una grave alteración al orden público en las provincias de Arica y Parinacota (excluyendo el radio urbano de la ciudad de Arica), y las provincias de Tamarugal y de El Loa (exceptuando el radio urbano de la ciudad de Calama). A pesar del término de la medida, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que se mantendrá vigente el Decreto 265, el cual permite mantener a personal policial y militar en la zona, por lo que “el control de la frontera se va a ver absolutamente inalterado”. El Presidente Gabriel Boric junto a su equipo ya preparan lo que será su primera visita a regiones y que partirá el próximo jueves 21 de abril precisamente en la denominada «macrozona norte». La senadora RN Paulina Núñez valoró que la situación actual se vaya a enfrentar haciendo uso del decreto de la administración anterior y que amplía el rol de las Fuerzas Armadas para apoyar el trabajo de las policías en el combate a los delitos de trata de personas y tráfico ilegal de migrantes.
El Estado de Excepción impuesto por el Gobierno en las provincias fronterizas del norte concluyó este viernes pero no supuso el repliegue de los efectivos policiales y militares, ya que fue sustituido por el decreto 265, publicado durante la administración del presidente Sebastián Piñera, y que permite el despliegue de tropas y otros efectivos para el control de los flujos de migración irregular.
Así lo comunicó horas atrás el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien remarcó que el compromiso del Gobierno es mantener una frontera segura, y para ello recurre a un decreto que le permite una mayor influencia en la coordinación y despliegue de los servicios de seguridad.
«El estado de excepción termina, pero el Gobierno va a mantener vigente el decreto 265 que permite mantener a todo el personal policial, pero también a todo el personal de las Fuerzas Armadas y a todo el equipamiento de apoyo para el control de las fronteras», afirmó Monsalve, quien se declaró contrario también a las «devoluciones en caliente», una práctica común igualmente en otros países de dudoso encaje en la declaración de los derechos humanos.
En este contexto, fuentes del gobierno explicaron a Agencia EFE que la estrategia actual va a consistir en dos líneas de acción principales: una, mejorar la seguridad en el control de las rutas de acceso que siguen los migrantes desde el Altiplano boliviano y el sur de Perú; y dos focalizar las acciones en la lucha contra las mafias que se lucran con el tráfico de personas y la bandas de crimen organizado que aprovechan la situación para minar la seguridad en las localidades próximas a la frontera.
Para ello, el Ejecutivo ha apelado al cuerpo de Carabineros pero también a la Policía de Investigaciones (PDI), a los que ha instruido a desplegar los recursos que transregionales de los que dispone en el norte.
«Es evidente la inseguridad que viven los ciudadanos, el aumento de la percepción de inseguridad, y los hechos violentos de los cuales son testigos y generan inseguridad tienen que ver con la presencia de crimen organizado. Por eso hemos pedido particularmente a la Policía de Investigaciones tomar acciones respecto a la lucha contra el crimen organizado en la macrozona norte», remarcó.
Las regiones del norte de Chile son escenario desde hace más de un año de la mayor crisis migratoria de la historia del país, con cientos de personas que entran a diario de forma irregular a través de las fronteras con Bolivia y Perú, en su mayoría de origen venezolano, pero también haitianos y otras de nacionalidades.
El pasado febrero, y en víspera del fin de la Administración anterior de Piñera, al que se acusa de azuzar la llegada de migrantes, estallaron huelgas y protestas en las provincias de Arica, Iquique y Antofagasta por el aumento de la criminalidad y la violencia, que la población local, y en particular el poderoso e influyente gremio de camioneros, responsabilizan a los venezolanos que llegan desde el altiplano.
Las protestas y la inseguridad, azuzada igualmente por la xenofobia, llevaron al Gobierno a decretar el Estado de Excepción y a desplegar un mayor número de policías y militares para blindar la frontera, medida que no ha frenado el flujo migratorio.
Según fuentes de gobierno consignadas por La Tercera, el Jefe de Estado se trasladará hasta la zona norte del país para una visita oficial de tres días que comenzará el próximo jueves 21 de abril y que se podría extender hasta el sábado 23.
Las ciudades y lugares a visitar, así como también el itinerario de actividades del Presidente Gabriel Boric en la zona es algo que aún se está evaluando en La Moneda y se espera que se dé a conocer la próxima semana.
La visita del Mandatario se suma a la llegada del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a Colchane para supervisar en terreno el trabajo de las policías y militares.
La senadora Paulina Núñez reiteró hoy su confianza en que el Gobierno no se cierre a decretar un nuevo estado de excepción en la zona norte del país pues, a su juicio, “es necesario mantener el apoyo que han prestado las Fuerzas Armadas” en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal para poder enfrentar de mejor manera la crisis migratoria.
La senadora dijo que “si bien el Gobierno ya ha adelantado que no va a extender la medida, que concluye el sábado, lo que queremos pedirle es que no se enamore de la idea y se abra a evaluar su eventual reactivación en el futuro, pues creemos que sí ha contribuido a garantizar el orden público y la seguridad”.
Vale recordar que el objetivo de (del estado de excepción) fue «impulsar las mejores condiciones posibles para la solución de la compleja situación humanitaria, migratoria y de seguridad que enfrenta el norte del país, sobre todo en la zona fronteriza». Núñez afirmó que “en este proceso se requiere el apoyo de las FF.AA., por lo que esperamos que no se descarte un nuevo estado de excepción”.
No obstante lo anterior, valoró que la situación actual se vaya a enfrentar haciendo uso del Decreto 265, del gobierno anterior, que amplía el rol de las Fuerzas Armadas para apoyar el trabajo de las policías en el combate a los delitos de trata de personas y tráfico ilegal de migrantes.
