PAÍS
Organización criminal con asiento en Santiago traficaba personas hacia Chile y desde el país hacia el exterior. Más de mil migrantes fueron sus víctimas, muchas de las cuales salieron desde Arica con destino a Estados Unidos. Unas 280 de ellas eran haitianos que querían irse de nuestro país y llegar a Texas, pero varios murieron en el Tapón del Darién, dejando a sus hijos chilenos (nacidos en Chile) expuestos a grupos delincuenciales, paramilitares y animales salvajes. Los acusados serán llevados a juicio a fines de año, pero no podrán ser perseguidos por esos hechos, pues la legislación solo sanciona a quienes trafiquen personas hacia Chile y no a quienes las saquen de él.
Considerada por Naciones Unidas como la segunda ruta de migración más peligrosa del mundo, la selva del Darién, situada entre Colombia y Panamá, es uno de los peores obstáculos que cualquier latinoamericano que emigra de a pie a Estados Unidos debe enfrentar.
Se trata de una selva tan impenetrable que el inicio de ella es imposible hacerlo por tierra. La única posibilidad es tomar un bote en Necoclí, en el Atlántico colombiano, y desde allí pasar por el mar hasta Acandí o Capurgana, también en Colombia, pero al lado de la frontera con Panamá. Ese viaje ya es de suyo peligroso, pues se efectúa en frágiles embarcaciones, siempre sobrecargadas.
Si se sobrevive, los peligros a que se enfrentan los migrantes son innumerables, pues en la selva del Darién deben cruzar ríos muy caudalosos, subir cerros empinados y enfrentar durísimas condiciones climáticas, pero además de eso hay grupos paramilitares, organizaciones de asaltantes y, también, todo tipo de animales salvajes.
Nadie conoce bien la cantidad de migrantes que perecen al interior de ella, pero sí se sabe hoy que la mayoría de quienes emprenden este viaje lleno de peligros, que considera además esquivar los controles fronterizos de varios países, son venezolanos y colombianos.
Sin embargo, en los últimos años se ha detectado un importante flujo de personas provenientes de Chile también, en su mayoría haitianos, como lo demostró una investigación realizada por la fiscal de la Fiscalía Regional Centro Norte, Carolina Suazo, y la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap) metropolitana, por medio de la operación “Frontera Norte”, la cual detectó a una organización criminal internacional que traficó al menos a mil personas, la mayoría de ellas venezolanos que el grupo introdujo en forma clandestina a nuestro país, aunque una proporción no menor (280) corresponde a haitianos que fueron traficados desde Chile hacia Estados Unidos, en muchos casos, acompañados de sus hijos nacidos en suelo nacional, es decir, de niños y niñas chilenos.
Lo más dramático del caso es que se sabe de al menos seis de estos menores de edad que quedaron varados en plena selva del Darién, a merced de los elementos, de los “coyotes” y de los asaltantes, luego de que uno o ambos padres fallecieran en medio de las inclemencias de dicho paso.
La fiscal Suazo explica que el caso se inició hacia 2020, cuando el ex Sename (actual Servicio Mejor Niñez) recibió información relativa a una niña chilena, hija de padres haitianos, que fue encontrada en la selva del Darién por la policía panameña, a la cual la relató que sus padres habían fallecido en el cruce.
No era la primera vez que la persecutora escuchaba del paso del Darién, por cierto. En otra de sus investigaciones, relativa a una mafia que traficaba ciudadanos de Bangladesh hacia Chile, a fin de traficarlos hacia Estados Unidos, varias de las víctimas ya habían mencionado ese lugar (también conocido como el Tapón del Darién) como el lugar más complejo de una ruta terrestre que partía en Arica y terminaba en Texas, siempre de la mano de “coyotes” (más conocidos en otras partes de América Latina como “trocheros”, “jaladores”, “polleros” o “palancas”) que les cobraban entre dos y tres mil dólares por pasarlos entre las fronteras de los distintos países.
En el caso del tráfico de personas haitianas y sus hijos chilenos, como determinó la PDI, el grupo era supuestamente liderado por el también haitiano Maxene Faustin, domiciliado en Estación Central, quien ofrecía los servicios de su organización por medio de avisos en redes sociales y WhatsApp, escritos en creole.
Una revisión somera de las redes sociales evidencia, de hecho, que existen numerosos posteos en español al respecto en distintas redes sociales.
En Facebook, por ejemplo, un grupo muy activo es “Darien la selva de los migrantes”, en el cual es frecuente encontrar posteos como el de “Junior Delgado”, quien a inicios de abril escribió “Saliendo esta misma semana desde Santiago, quién se une?” o el de “Jeancarlo González”, quien escribió ahí buscando un “trochero” y preguntando “¿Quién sale desde Chile y cuánto?”.
Las ofertas de viaje son numerosas y los “trocheros” postean fotos de ellos, como si fueran poco menos que agencias de viaje, mostrando imágenes de migrantes sonrientes, publicitando sus números de WhatsApp y ofreciendo cosas imposibles, como sucede con alguien que dice llamarse “Hugo González Novoa”, quien ofrece un viaje por el Darién y señala que es una “ruta segura 100%, garantizada dos días” (en realidad, el viaje siempre dura como mínimo cinco días).
Junto con los avisos de los “guías” (como se autodenominan los traficantes) también es posible ver los anuncios de personas que buscan a sus seres queridos que se han extraviado en la selva del Darién e, incluso, hay organizaciones colombianas y venezolanas que explican qué se debe hacer si un ser querido se extravía en esa zona.
La mayoría de los desaparecidos son hombres, pero también hay casos como el de una joven venezolana de 20 años, a quien se le perdió el rastro junto a sus hijos de seis, cuatro y un año, así como el de una familia completa (padre, madre y dos niños, vistos por última vez en el paso acuático entre Necoclí y Acandí).
También hay videos, especialmente en TikTok e Instagram, en los cuales es factible ver en toda su plenitud la cara verdadera del Darién: existen algunos en los que se aprecian cadáveres en medio del barro, otros en los cuales se ve caimanes o serpientes constrictoras de gran tamaño en los ríos que los migrantes cruzan de a pie, muchas veces aferrados a una cuerda, y muchos más donde se observan largas hileras de migrantes subiendo cerros llenos de barro y vegetación, siguiendo senderos que cuentan con diversas estaciones en las cuales los traficantes se instalan también a fin de vender agua, comida e, incluso, electricidad.
En efecto, provistos de generadores, venden una hora de electricidad (para cargar celulares) a precios que oscilan entre 20 y 30 dólares, semejante a lo que cobran por una bebida o jugo en lata.
En muchos de los videos es posible apreciar, además, grandes cantidades de niños, algunos muy pequeños, junto a sus padres, subiendo cerros escarpados. Muchos de esos niños, como lo evidencian las imágenes, son haitianos, provenientes de Chile, y la mayoría de esos videos se graban por lo general en el cerro de Las Banderas, una de las estaciones que queda en la cima de un monte, en el cual los migrantes van dejando las banderas de sus países de origen.
Los videos muestran muchas banderas venezolanas, colombianas y de otros países y también hay banderas chilenas, que van quedando allí como un mudo testimonio del largo viaje que muchos de ellos han emprendido, ya sea solos o de la mano de mafias como la que traficaba niños chileno/haitianos.
Aunque suena impresionante saber que la organización que lideraba Maxene Faustin traficó a mil personas, a la fiscal Suazo la cifra no la sorprende, pues tiene otros casos, como el de una organización criminal que era liderada por una mujer boliviana, en el cual se han contabilizado 3.600 víctimas, todas traficadas hacia el país.
En efecto, señala: “Hoy en día existen varias organizaciones criminales que se encuentran operando en nuestro país y que tienen como su fin único o principal, en algunos casos, el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, principalmente, y también el delito de tráfico ilícito de migrantes, en general, afectando a menores de edad y afectando la vida e integridad física de las víctimas”.
La abogada Carolina Rudnick, presidenta de la organización no gubernamental (ONG) Libera, especializada en combatir y denunciar la Trata de Personas y la esclavitud, detalla que ello ocurre porque “tenemos un contexto geopolítico en el cual efectivamente se crea un mercado cautivo de productos que son los mismos migrantes”, agregando que dentro de las causas de las migraciones forzada están “la globalización de la pobreza, la existencia de crimen organizado y corrupción, las políticas migratorias restrictivas y, por supuesto, la existencia de personas que solicitan otras personas para prestar servicios en situación de explotación”.
Explica que, si a ello se agrega la recesión económica, “hay una serie de factores sociales y económicos que están gatillando factores de exclusión en los países de origen y gatillando factores de atracción en los países de destino, por lo tanto, es un estupendo momento para el negocio económico que significa el tráfico y la trata, pue siempre hay que recordar que tanto la trata como el tráfico son delitos motivados por el lucro”, agregando que, además, muchos de los migrantes caen en manos de traficantes cuyo objetivo final es explotarlos.
Así como sucedió con el incremento en el volumen del tráfico internacional de drogas con destino a Chile durante la pandemia, lo mismo ocurrió respecto del tráfico de personas.
La persecutora Suazo explica que, a diferencia de lo que se pensó inicialmente, el cierre de las fronteras no limitó el tráfico de personas de parte de grupos criminales transnacionales, sino que, por el contrario, lo incrementó, dejando a las víctimas, además, en una posición extremadamente vulnerable y “en la posibilidad de convertirse al corto plazo en víctimas de trata de personas”.
Fue en ese contexto que se detectó a la organización liderada por Faustin y que era integrada por otras nueve personas, algunas de ellas chilenas, así como otras venezolanas, la cual captaba a sus clientes (en el caso de la salida) en Santiago y luego los trasladaba hasta Arica, desde donde las hacían ingresar por el desierto hacia Perú, para luego emprender una larga ruta que llegaba hasta Medellín, desde donde los traficantes se desviaban hacia Necoclí para, desde ahí, ingresar al Darién y luego pasar a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México, a fin de trasladarse desde Guadalajara hasta la frontera con Texas.
Según la querella presentada en este caso por la directora regional metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Beatriz Contreras, “los niños y niñas chilenos hijos de parejas haitianas que realizaban este viaje tenían un rango etario de meses de vida a seis años de edad, y en algunas ocasiones viajaban sin uno de sus padres y con completo desconocimiento por parte del otro progenitor acerca de este viaje”.
Solo por el cruce entre Arica y Tacna le cobraban a cada persona traficada una cifra que oscilaba entre los 150 y los 350 dólares, la que se repetía en cada frontera, lo que da cuenta de las ganancias que obtenía el grupo, que se estima obtuvo cerca de 400 mil dólares en cerca de un año y medio de operaciones.
De hecho, en poder de uno de los imputados (todos los cuales actualmente se encuentran en prisión preventiva) se encontraron siete mil dólares, así como seis millones de pesos, todo en efectivo.
La organización contaba con varias residenciales en Arica, donde alojaban a los migrantes antes de pasar al otro lado, así como con choferes que, a un lado y otro de la frontera, los recogían. Del mismo modo, había otro sujeto que era parte de la organización que proveía de documentos falsos a los migrantes.
Hasta la fecha se ha detectado un total de 280 personas traficadas desde Chile hacia Estados Unidos, pero de estas víctimas solo se ha podido identificar hasta la fecha a 82.
El subprefecto José Contreras, jefe de la Brigada Investigadora de Tráfico de Personas (Britrap) de la PDI, señala que luego del aviso del Sename sobre la existencia de la niña chilena (hija de haitianos) hallada en Panamá, se activaron todas las alertas a nivel de Interpol y también por medio de las agregadurías de la PDI en distintos países del continente, gracias a lo cual se comenzó a recibir mucha información y se encontraron documentos chilenos en distintas zonas del Darién, lo mismo que en zonas de frontera entre México y Texas.
Asimismo, hacia 2021 aparecieron varios niños chilenos, también hijos de haitianos, en distintos países de América Central, varios de los cuales no contaban con documentación de ningún tipo, por lo cual la mayoría de ellos fueron enviados a Puerto Príncipe. “Sin embargo, respecto de muchos de ellos se hicieron las tramitaciones a través de las representaciones consulares de cada uno de los países en los que fueron encontrados y fueron reubicados acá en Chile”, precisa.
Al mismo tiempo, comenta que “cada cierto tiempo van apareciendo menores de edad o adolescentes que son reportados por la autoridad consular de Chile en el país donde aparecen y ahí se hace cargo la autoridad que corresponde y, como es deber del Estado, los regresan o repatrian al país”.
Del mismo modo, explica el oficial, también ha quedado en evidencia el caso de padres haitianos que han perdido a sus hijos chilenos en el cruce del Darién y que, al saber que estos han sido encontrados en Colombia, Panamá o cualquier otro país y enviados a Chile (al ser chilenos), han pedido reingresar al país, apelando a la causal de reunificación familiar, lo que les ha sido concedido.
Sin embargo, indican fuentes allegadas a la investigación, existe al menos un caso de una niña chilena cuyos padres fallecieron en el Darién, la que fue enviada a Haití, sin que hasta el momento su abuela, que reside en Santiago, haya podido recuperarla.
El caso de los niños chileno/haitianos abandonados en el Darién, además, evidenció un vacío legislativo importante, algo que como es obvio nadie previó en 2011, cuando el problema de la migración ilegal comenzaba a estallar en el norte y se dictaba la Ley 20507, que sanciona el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y es que, si bien esta penaliza a quien “con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente”, no existe pena alguna para quien haga lo contrario, es decir, para aquellos que trafiquen a personas desde Chile hacia otros países.
Por dicha razón, cuando esta gran operación policial y de la Fiscalía (que incluso fue destacada a nivel mundial por Interpol) llegue a juicio, lo que se estima podría ocurrir a fines de año, los imputados solo podrán ser acusados por los delitos relativos al ingreso de personas a Chile y no la salida.
La abogada Rudnick señala, en todo caso, que no aprecia un error jurídico en ello, pues al sancionarse el tráfico de migrantes hacia el país, “el bien jurídico protegido es la legislación migratoria”.
Pese a ello, indica que “una de las formas análogas a la esclavitud que consagra una de las convenciones internacionales es la venta de niños. Desde esa perspectiva, haberles ofrecido a haitianos y sus hijos el sueño de llegar a Estados Unidos y cobrarles y, por supuesto, no importarles absolutamente nada de lo que ocurre en el trayecto, podría ser encuadrado en una figura de trata de personas”.
