Como consecuencia de la filtración del audio grabado a escondidas al Presidente Boric en una reunión reservada efectuada en Cerro Castillo, el gobierno anunció que invocaría el artículo 161 Letra “A” del Código Penal. Este artículo surgió como consecuencia del vacío legal que se detectó luego de que un oficial del Ejército interviniera el teléfono celular de Sebastián Piñera, en 1992, lo que desembocó en el famoso “Kiotazo” y en el fin de las candidaturas presidenciales del empresario de aquel entonces y de Evelyn Matthei.
En medio del revuelo que se generó como consecuencia de la filtración de un audio grabado en una reunión reservada efectuada en Cerro Castillo, entre el Presidente de la República, Gabriel Boric, y un grupo de parlamentarios de la macro-zona sur, el cual fue reproducido en forma textual en medios, el ministro de Justicia, Luis Cordero, informó esta mañana que lo ocurrido podría implicar una infracción al artículo 161 letra A del Código Penal, el cual sanciona a quien (entre otras cosas) capte sin autorización comunicaciones de carácter privado “en recintos particulares o que no sean de libre acceso al público”, así como a quienes difundan dichas conversaciones.
Por cierto, dicha normativa, que sería la invocada en la denuncia del gobierno ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, es la llamada “Ley Otero”, y fue bautizada así debido a que su principal gestor fue el senador de Renovación Nacional José Miguel Otero Lathrop, quien la impulsó como consecuencia del espionaje telefónico que sufrió su entonces compañero de partido y también senador, Sebastián Piñera, el cual fue efectuado por personal del Comando de Telecomunicaciones del Ejército.
El kiotazo
En efecto, el 23 de agosto de 1992, en el programa “A eso de…”, que se transmitía en Megavisión, el dueño de dicho canal por aquel entonces, el empresario Ricardo Claro, puso sobre la mesa una radio Kioto a pilas, reproduciendo una cinta de audio en la cual se escuchaba una conversación entre Sebastián Piñera y uno de sus mejores amigos, Pedro Pablo Díaz, en la cual se ponían de acuerdo para que este pauteara al conductor de “A eso de…”, el periodista Jorge Andrés Richards, a fin de que en una entrevista con Evelyn Matthei (en otro canal), la dejara “como cabrita chica” con una serie de preguntas destinadas a mostrarla como alguien zigzagueante y de convicciones débiles, en momentos que Piñera Matthei se disputaban arduamente el cupo presidencial de RN para las elecciones presidenciales que se celebrarían a fines de 1993.
Loreto Daza y Bernardita del Solar cuentan en su biografía no autorizada de Piñera que la escucha telefónica había sido realizada una semana antes, en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén.
Como señalan las autoras, se sospechaba que las interceptaciones que se realizaban allí contaban con la venia de Augusto Pinochet (por aquel entonces, Comandante en Jefe del Ejército), y el listado de los espiados no era menor: entre ellos estaban Andrés Allamand, Enrique Correa, Alejandro Foxley e, incluso, el Presidente de la República, Patricio Aylwin.
De acuerdo con el libro, horas antes del programa, uno de los asesores de Matthei, Francisco Ignacio Ossa, se habría reunido con Claro. Antes de ello, agrega la investigación periodística, el autor directo de la grabación, el capitán Fernando Diez, entregó a Matthei el audio que había grabado, en el cual Piñera se refería a ella en términos despectivos.
Las candidaturas presidenciales de ambos se cayeron por el suelo y Piñera, que siguió investigando, convencido de que Diez no había actuado solo, sufrió en mayo de 1993 un episodio escabroso, cuando su hijo Cristóbal (por aquel entonces, de nueve años), fue brevemente secuestrado por dos sujetos que lo retiraron del colegio, diciendo que iban de parte de su padre. Aunque el niño fue liberado sin daños a los pocos minutos, el mensaje siciliano estaba más que claro y Piñera dejó de insistir.
El vacío legal
Una vez confeso Diez (un ex agente de la CNI), quedó en evidencia el vacío legal que existía, pues no había pena alguna para quien hiciera lo que había efectuado; es decir, intervenir las telecomunicaciones de otro. De hecho, inicialmente fue procesado por infracción a la ley de telecomunicaciones, pero al final fue condenado a una pena menor (100 días) por incumplimiento de deberes militares.
Ante eso, el senador Otero presentó un proyecto que en 1995 se convirtió en la Ley 19423, que introdujo una serie de cambios al Código Penal, incorporando los artículos 161 Letra a y b, que no solo se refieren a hechos como el cometido por el oficial de Ejército, sino que amplió las hipótesis de privacidad a una serie de situaciones, lo que en su momento generó una serie de reclamos por parte de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y, de hecho, recién se aplicó por primera vez en 2003, cuando se sometió a proceso a varios ejecutivos y periodistas de Chilevisión, por haber grabado subrepticiamente al ministro en visita del caso Spiniak, Daniel Calvo.
