Gobernador Claudio Orrego: “Se terminaron las mentiras. Fuimos víctimas de un delito no parte de él”
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago puso fin a la investigación contra Claudio Orrego en el caso ProCultura. Su defensa destacó que fue sobreseído por no existir delito y que tanto la Fiscalía como el fiscal regional Juan Castro Bekios fueron condenados al pago de costas.
El panorama judicial se despejó por completo para el gobernador Claudio Orrego, luego que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretara este martes su sobreseimiento definitivo en la investigación que llevaba adelante la Fiscalía de Antofagasta en el marco del caso ProCultura.
La resolución se produjo luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara de manera unánime la solicitud de desafuero presentada en contra de la autoridad regional. Tras ese fallo, la defensa de Orrego solicitó una audiencia para poner término a la persecución penal en su contra.
El abogado Ciro Colombara valoró la decisión adoptada por el tribunal y destacó que se acogieron íntegramente los planteamientos de la defensa. “Estamos muy satisfechos por la decisión del tribunal que acogió todas nuestras peticiones”, señaló.
El defensor sostuvo además duras palabras para el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, a quien la Justicia terminó condenándolo a pagar los gastos de la causa. “Fue condenado en costas de manera personal el fiscal regional Juan Castro Bekios por grave negligencia en el desempeño de sus funciones y notorio desconocimiento del derecho a la conducción de la investigación”, afirmó Colombara.
Asimismo, indicó que “fue condenado en costas el Ministerio Público institucionalmente por todas sus actuaciones gravemente erróneas durante la investigación”.
Respecto del fondo del caso, Colombara aseguró que el tribunal concluyó que no existió delito. “Finalmente, el gobernador Claudio Orrego fue sobreseído definitivamente por no ser los hechos constitutivos de delito y por haber acreditado su inocencia de manera clara y absoluta”, manifestó.
La investigación se originó a raíz de la transferencia de $1.600 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano a la fundación ProCultura para la ejecución del programa de prevención del suicidio denominado Quédate. La Fiscalía sostenía que el convenio habría estado influido por la relación entre Orrego y el psiquiatra Alberto Larraín, fundador y controlador de la organización, quien se encuentra formalizado en la causa.
Tras conocerse la resolución judicial, Orrego difundió una declaración en video en la que celebró el fallo y cuestionó el desarrollo de la investigación.
“Hoy la justicia habló de manera clara y contundente. Se terminaron las mentiras y se ha impuesto la verdad. Lo dijimos desde el día uno. Nosotros fuimos víctimas de un delito no parte de él”, sostuvo el gobernador.
La autoridad regional añadió que “lamentablemente, algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del Gobierno de Santiago y también el de este gobernador”.
Orrego aseguró que, una vez cerrada esta etapa judicial, concentrará sus esfuerzos en la gestión regional. “A partir de ahora estaremos centrados en lo esencial, que es seguir recuperando la ciudad para las personas”, afirmó.
“Vamos a demostrar con hechos y con obras concretas que por donde pasa el Gobierno de Santiago la gente vive mejor y que si hay algún valor que nos inspira a quienes trabajamos en él, es la probidad, la transparencia y el espíritu de servicio público”, concluyó.
*Lea aquí: Claudio Orrego y las inconsistencias que debilitan la investigación fiscal en caso ProCultura
Las inconsistencias de la causa
En artículo publicado antes que la Corte revisara la solicitud de desafuero El Mostrador revisó los antecedentes de la solicitud presentada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
La principal apuntaba a la tesis de fraude al fisco basada en una supuesta negligencia en el resguardo de los recursos entregados a Fundación ProCultura. Sin embargo, los fondos estaban cubiertos por pólizas de garantía que respaldaban el 100% de los recursos transferidos, cuyo cobro fue activado por el Gobierno Regional tras detectar incumplimientos. Además, la solicitud omitía mencionar la multa aplicada por la CMF a la aseguradora que se negó a pagar y las acciones judiciales emprendidas por el Consejo de Defensa del Estado para recuperar esos recursos.
Otras inconsistencias se relacionaron con la afirmación de que el programa de prevención del suicidio “Quédate” habría sido adjudicado “a dedo”, pese a que fue revisado y aprobado por diversas instancias institucionales, incluido el Consejo Regional de forma unánime. También se reparó en la debilidad la interpretación del fiscal respecto de un certificado médico emitido a Orrego para participar en una maratón, ya que el documento no correspondía a una licencia médica ni justificó ausencias laborales. Finalmente, la solicitud sostiene que Alberto Larraín adquirió la calidad de funcionario público al integrar una corporación regional , pese a que esta es una entidad privada sin fines de lucro cuyos directores no tienen esa condición jurídica.
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