Opinión
La gran lección para los gobernadores regionales es entender que la descentralización es un proceso pendular y que su mejor aporte a ella es precisamente gobernar eficientemente su región con los recursos y atribuciones con que cuenta, exigiendo, por cierto, del gobierno central apoyo para fortalecer sus capacidades técnicas y haciendo partícipe a los actores y comunidades regionales de su gestión. De no hacerlo, esos gobernadores regionales no sólo arriesgan su re-elección sino el propio proceso de descentralización, una tragedia para todos, incluso para las elites políticas tradicionales.
Durante la tramitación de la reforma constitucional que permitió la elección de los gobernadores regionales y el inicio del proceso de transferencia de competencias, hace escasos 6 años, no fueron pocos los parlamentarios (de derecha, centro e izquierda) que argumentaron que había que esperar un buen tiempo más para poder “hacerla bien”. Ellos, declarados fervientes partidarios de la descentralización argumentaban que no existían en las regiones la madurez política ni las capacidades técnicas para ello, aparte del hecho que la ley estaba “mal hecha”.
Hoy, a mediados de 2023, a partir de un escándalo de corrupción que involucra a una institución central en una región nortina, se inicia una campaña mediática que condena de antemano las actividades de instituciones que colaboran con los gobiernos regionales, transfiriéndoles a los gobernadores y al proceso de descentralización las culpas de esos casos puntuales, aún no probados como corrupción en varias regiones.
No son pocos los parlamentarios que hoy dicen “yo les avisé que esto pasaría”. Son los mismos que ven con incomodidad la emergencia de un sistema democrático regional que podría amagar su reelección y reducir el poder que han detentado por décadas en sus territorios. Seguramente añoran los tiempos en que los Intendentes y directivos del gobierno regional eran “propuestos” por ellos.
Un análisis más detallado y objetivo muestra que muchos de los casos que los medios de comunicación tradicionales presentan como corrupción (a instancias de esos políticos) son irregularidades administrativas normales, propias del proceso de ejecución de los proyectos. Sin embargo, aprovechando una destemplada respuesta del Contralor General de la República ellas aparecen en los medios como delitos. Ello ha merecido una respuesta categórica (pero poco difundida) de los gobernadores regionales a través de su Presidente: “que se investigue todo, pero que no se detenga la descentralización”.
Es notable el esfuerzo de la elite política y sus medios por alimentar el fuego con la escasa leña que poseen y que saben se reducirá a cenizas (en buena parte de los casos) apenas los procesos judiciales hagan su tarea. Esta obsesión contra la descentralización sólo se justifica por una visión equivocada, retrógrada y pequeña de la política: la elite central ve la descentralización como un juego de suma cero, en la que si los gobernadores regionales son más fuertes, ellos serán más débiles.
Por el contrario, las elites políticas tradicionales deberían entender que la descentralización es un juego de suma ampliada, en la cual ellos también pueden ganar.
Un país cuyo desarrollo se encuentra obstaculizado por el centralismo es un país débil y sus elites también lo son. En cambio, despertar las energías de las regiones y hacer más integrado y eficiente el funcionamiento de Chile nos hace a todos más poderosos.
Pero para ello es preciso entender que los grandes cambios políticos, tales como la Independencia de Chile o reforma del Estado, no son una “taza de leche” y no producen resultados inmediatos. Ellos están plagados de grandes problemas y contramarchas, a veces dramáticas. Son procesos que demoran en instalarse y son conflictivos porque son complejos, sistémicos y donde se aprende en el camino.
La centralización es uno de esos “wicked problem” o problemas perversos, que la reforma del Estado ha intentado abordar hace décadas, habida consideración de que el desarrollo del país se encuentra obstaculizado por el centralismo.
Por ello, la peor opción para el país es abortar un proceso o debilitarlo antes que se ponga en marcha y muestre sus resultados. Los primeros gobernadores regionales electos en la historia de Chile hace apenas dos años y que en un año más cesarán en sus funciones, están siendo cuestionados (no pocos injustamente) por una elite política central ansiosa de recuperar su poder en las regiones.
Colocar mecanismos de control sobre los gobiernos regionales y las instituciones colaboradoras en la ejecución del gasto es indispensable, por cierto. Pero si no se incrementa las capacidades técnicas de los gobiernos regionales, ellos terminarán ahogándolos. Más aún si a partir de 2024 se incrementan los recursos de los GOREs a través del royalty y la descentralización fiscal, tal como bien advirtió recientemente el Ministro de Hacienda.
De hecho los recién anunciados “Cambios a la normativa presupuestaria sobre transferencias y convenios de Gobiernos Regionales” del Ministerio de Hacienda es una adecuada respuesta para “regiones más fuertes” porque no sólo establece nuevos mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas y normas para las Instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) sino porque fortalece la gobernanza regional y orienta el gasto a través de la planificación regional.
Consecuentemente, la adecuada respuesta a esta campaña centralista es fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales no sólo para gastar con más eficiencia y transparencia sino para orientar estratégicamente esos recursos para el desarrollo de su región.
La gran lección para los gobernadores regionales es entender que la descentralización es un proceso pendular y que su mejor aporte a ella es precisamente gobernar eficientemente su región con los recursos y atribuciones con que cuenta, exigiendo, por cierto, del gobierno central apoyo para fortalecer sus capacidades técnicas y haciendo partícipe a los actores y comunidades regionales de su gestión.
De no hacerlo, esos gobernadores regionales no sólo arriesgan su re-elección sino el propio proceso de descentralización, una tragedia para todos, incluso para las elites políticas tradicionales.
