Opinión
En el imaginario ciudadano se establece una concepción partisana del texto que se está escribiendo, donde la gran responsabilidad cae en una colectividad específica (el Partido Republicano) y en una figura particular (José Antonio Kast). La pregunta es si, en estos tres meses faltantes del trabajo del Consejo Constitucional y de la Comisión Experta, se querrá o se podrá revertir esta percepción ciudadana, sobre un texto que es percibido como identitario de la extrema derecha, que no es fruto de un gran acuerdo. La pregunta es, entonces, si se podrá revertir esta percepción ciudadana negativa, para convertirlo en un texto que sea aceptable y, por sobre todo, aprobable.
El proceso constituyente avanza en forma acelerada. A cuatro meses del plebiscito de salida será muy poco el tiempo que tendrán el Consejo Constitucional y la Comisión Experta de generar una propuesta de Constitución. De acuerdo con la encuesta del VAR Constitucional, de la Universidad Diego Portales y Feedback (agosto 2023, 2.720 casos), aumentó en forma considerable la opción “en contra” para el plebiscito del 17 de diciembre. Si el mes pasado un 44% se inclinaba por dicha opción, ahora lo hace el 60%.
Las tres principales razones para votar en contra señaladas por los encuestados son que “el proceso actual no es legítimo” (25%), que “no resuelve los problemas del país” (23%) y que “no me siento representado por los pactos políticos presentes en el proceso” (18%). Una tendencia similar se observa entre quienes se inclinan por votar nulo/blanco.
La ciudadanía advierte que este nuevo proceso es tan partisano como el anterior. Si con la Convención Constitucional se advertía que estaba dominado por grupos identitarios, ahora se advierte que está dominado por la extrema derecha. Sabemos que aquello en los hechos no es tan cierto, por cuanto no todas las decisiones dependen de los 22 representantes del Partido Republicano. La aprobación de cualquier artículo requiere de 30 votos, es decir, los republicanos requieren del concurso de al menos toda la UDI (6 votos) y al menos 2 de los 5 representantes de RN-Evópoli.
No obstante, una cosa son los votos que se requieren y otra muy distinta es la percepción social que existe sobre el proceso. Por ejemplo, los encuestados consideran que la estrategia para definir los contenidos de la nueva Constitución debiera ser la de buscar puntos de encuentro para alcanzar grandes acuerdos (79%). Pero solo el 17% considera que el Partido Republicano ha seguido esta estrategia, 20% en el caso de la UDI, 23% en el caso de RN y 27% en el caso de Evópoli.
Cuando se consulta sobre a qué sector se acercará más el texto que se someterá a plebiscito en diciembre, el 54% señala que se aproximará a las posturas del Partido Republicano, el 30% responde que lo hará a los planteamientos de Chile Vamos y el 12% a las posturas del pacto Unidad para Chile.
Cuando se interroga sobre la influencia de diferentes actores en la elaboración de la nueva Constitución, el 67% menciona a José Antonio Kast como la figura que tiene mucha o bastante influencia, el 57% a los empresarios, el 49% a los expertos en derecho constitucional, y el 45% a los líderes de los partidos políticos.
En el imaginario ciudadano se establece, de este modo, una concepción partisana del texto que se está escribiendo, donde la gran responsabilidad cae en una colectividad específica (el Partido Republicano) y en una figura particular (José Antonio Kast). La pregunta es si, en estos tres meses faltantes del trabajo del Consejo Constitucional y de la Comisión Experta, se querrá o se podrá revertir esta percepción ciudadana, sobre un texto que es percibido como identitario de la extrema derecha, que no es fruto de un gran acuerdo. La pregunta es, entonces, si se podrá revertir esta percepción ciudadana negativa, para convertirlo en un texto que sea aceptable y, por sobre todo, aprobable.
