La dictadura Ortega-Murillo se blinda para preparar eventual negociación

Aunque la democracia ya había sido mortalmente herida en Nicaragua hace mucho tiempo, los últimos estertores de la fachada electoral fueron oficialmente removidos la semana pasada cuando en el marco del aniversario de los 47 años de la revolución sandinista, el jefe de Estado Daniel Ortega anunció que comenzaría el trámite legislativo para eliminar futuros comicios. ¿Acaso debe sorprendernos en un gobierno que se ha reelegido desde 2006?

Efectivamente ya no era un régimen civil de corte electoral, sino que un tipo de autoritarismo competitivo, ese híbrido político típico de la posguerra fría latinoamericana, de la cual fueron parte originalmente Alberto Fujimori Pando y Hugo Chávez Frías, y más recientemente Nayib Bukele: la fórmula de un populismo de origen que gradualmente transita hacia la reversión democrática, encarnándose en autoritarismos de nuevo cuño, distintos a las dictaduras militares de la seguridad nacional de los ’70 y ’80, aunque también en alianza con uniformados, provistos de una relación directa con sus bases y sobre todo descansando sobre una red de complicidades y corrupción con burocracias y neo burguesías beneficiadas.

En Nicaragua había un simulacro electoral, aunque hace rato se sabía que el oficialismo obstaculizaba que la oposición accediera al poder por esa vía. El ’90 Ortega cedió su lugar a Violeta Barrios de Chamorro, tras lo cual vinieron Arnoldo Alemán -y con él la depuración de los sectores pro sandinistas en el Ejército- y Enrique Bolaños. Dieciséis años con sabor a ordalía para Daniel Ortega y sus partidarios. Después de las elecciones de 2006, hace dos décadas, logró retornar a las mieles del gobierno, iniciando de la mano de su esposa -Rosario Murillo- un progresivo desmontaje de todo contrapeso institucional y de cualquier oposición en general.

Aquello nunca fue más claro que con la respuesta al estallido social de abril de 2018, uno de los primeros de una región que un año más tarde experimentaría una cadena de convulsiones nacionales. La chispa fue el recorte a las pensiones del seguro social, lo que provocó movilizaciones y cortes de camino en buena parte del país. El alzamiento fue duramente confrontado por el gobierno. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubo 328 muertos, de los cuales un 10% fueron policías y simpatizantes oficialistas, y el resto básicamente opositores.

La primera administración Trump declaró a Managua una “amenaza” a la seguridad nacional de Estados Unidos e impuso sanciones. Ortega no se intimidó y antes de las siguientes elecciones de 2021 detuvo a activistas y candidatos opositores. Ese mismo año ordenó el retiro de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), alegando injerencia externa permanente a partir de las protestas de tres años antes.

Sin embargo, el 19 de julio pasado Daniel Ortega dio un nuevo paso a la consolidación del poder familiar dinástico con la contundente frase “aquí no volverá a haber elecciones”. El jefe de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, matizó la declaración aduciendo que se trataba de una forma de protegerse de los que considera “traidores a la Patria”.

Con ello precisó a los jefes revolucionarios, a los cuadros sandinistas de primera hora, que ni siquiera la experiencia de la lucha “en la selva y el monte” ha sido mérito suficiente para disputarle el poder a la familia presidencial. En especial a la actual copresidenta y heredera directa, Rosario Murillo, quien fue acumulando facultades desde su inicial manejo económico del país, para progresivamente inundar otras áreas con sus decisiones.

Así, con un octogenario Daniel Ortega, cuyas dolencias de base (a la piel y renales entre otras) ya se notan y comienzan a afectarle, se diluye toda opción de alternancia: ya no solo de lo que queda de una esmirriada oposición entre el exilio y la prisión, sino que además respecto de cuadros y operadores sandinistas que contemplan con perplejidad la deriva de su antiguo liderazgo al cual ya no parece interesarle retener ninguna cuota de legitimidad, sino simplemente la sucesión patrimonialista y la transmisión de la herencia.

Es que los Ortega Murillo se han transformado en aquello contra lo que lucharon en la guerra que los catapultó a la primera línea: el despotismo sultánico de los Somoza, aunque con un envoltorio rebelde contestatario. Es una paradoja histórica que comenzó -como otras revoluciones- en el preciso momento en que los líderes del cambio comenzaron a “devorar” a sus hijos y fieles.

Así, señeras figuras que habían sido parte de la lucha sandinista por la justicia social de pronto pasaron a ser sospechosos, cuando no “traidores a la causa”. Entre otros casos están el sacerdote, poeta y teólogo Ernesto Cardenal, o el escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez. Ambos fueron alguna vez compañeros de los Ortega Murillo, y experimentaron en sus propias vidas la degradación del gobierno nicaragüense convertido en un Behemoth, un monstruo bíblico que simboliza por una parte la fuerza ciega encarnada en la represión a toda disidencia y, por otra, los excesos del tipo corrupción del aparato público.

Y aunque los vientos que soplan pueden provocar el apetito del antiguo Leviatán liberal -hoy con aires iliberales- muy activo en la zona Caribe, particularmente con su intervención en Venezuela y el bloqueo total y completo a la isla de Cuba, el anuncio de Ortega tiene una lectura adicional: una maniobra de preparación ante una eventual negociación, cuyo precio será más alto con la clausura de toda vía de competencia electoral doméstica, pasando a radicarse exclusivamente en la voluntad de la pareja presidencial.

Washington ha dicho que no se quedará “de brazos cruzados” y tiene una panoplia de opciones, desde más sanciones hasta diversos tipos de campañas encubiertas, pero es evidente que está suficientemente enredado en otros escenarios como Ormuz, al tiempo que concentra su atención en La Habana.

Los Ortega-Murillo pretenden un diálogo directo, probablemente con el Jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, que les garantice impunidad ante cualquier escenario.

En todo caso, un actor decisivo será el Ejército de Nicaragua, tanto para refrendar una eventual transacción con poderes externos como para hacer viable alguna salida.