PAÍS
El comité, cuyas recomendaciones no tienen carácter vinculante, también pide a Chile “implementar campañas de sensibilización que favorezcan un respeto hacia las personas migrantes y sus derechos” y una no criminalización de la migración irregular.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió este jueves a Chile que derogue el Decreto Ley 2.191, que en 1978 amnistió gran parte de las violaciones cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, y además expresó su preocupación por la demora en muchos procesos relacionados con esa época.
Tras su séptimo informe periódico a Chile, realizado los días 5 y 6 de marzo junto a una delegación estatal encabezada por el ministro de Justicia Luis Cordero, el comité también pide al Estado reformas en el artículo 103 del Código Penal, que acorta a la mitad los periodos de prescripción en ciertos delitos considerados crímenes de lesa humanidad o violaciones de los derechos humanos.
En este apartado, el comité, formado por 18 expertos en derechos humanos y presidido por la paraguaya Tania María Abdo, da la bienvenida a la reciente creación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia relativo a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.
Sin embargo, muestra inquietud por el considerable número de casos de graves violaciones de derechos humanos sin sentencia, incluidos actos de tortura, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
Dados los años transcurridos y la avanzada edad de víctimas y verdugos, “se pone en peligro el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas y sus descendientes, y se posibilita la impunidad de los perpetradores”, destacó el informe publicado este jueves y presentado en rueda de prensa por el comité.
Sus miembros también lamentaron la falta de acceso a documentos y testimonios de víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, así como el carácter reservado de otros documentos relacionados con abusos durante la dictadura pinochetista.
El informe cubre también cuestiones más actuales, como la aplicación de la legislación antiterrorista en Chile contra miembros del pueblo mapuche, algo que el comité lamenta y sitúa “en un contexto de discriminación histórica y bajo un estado de excepción constitucional en las regiones de La Araucanía y Biobio que agrava su situación”.
La Ley 18.314 que regula la lucha contra el terrorismo usa una definición de estos crímenes “demasiado amplia, lo que puede dar lugar a arbitrariedades”, asegura el órgano de la ONU, encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Chile es Estado parte desde 1972.
Entre otros aspectos, el informe expresa preocupación por el aumento de casos de discriminación, intimidación y violencia contra las personas LGBTQ+ en Chile, con “altas tasas de suicido” en el colectivo, así como la impunidad en los delitos de odio contra estas personas.
En materia de aborto, el comité nota con preocupación que el incesto no esté expresamente contemplado en las tres causales por las que puede solicitarse la interrupción del embarazo en el país, y critica también la prohibición de publicidad sobre prácticas abortivas, entre otros obstáculos para ejercer este derecho.
En su repaso al estallido social de 2019 y 2020, el Comité lamentó que sólo una pequeña parte de los acusados por delitos de tortura durante esos hechos hayan sido procesados, siendo muchos menos los condenados.
En ese periodo hubo “gran número de violaciones de derechos humanos” por el “uso desproporcionado. arbitrario e innecesario de la fuerza y la brutalidad de las fuerzas policiales y armadas, incluyendo tortura, malos tratos y violencia sexual”, aseguró el documento.
En este sentido, el Comité recomienda al Estado chileno una mejor formación en materia de derechos humanos en el seno de las fuerzas de seguridad, tras subrayar que, por ejemplo, en el periodo formativo de los Carabineros hay un número muy bajo de asignaturas dedicadas a esta cuestión y no hay ninguna mención al Protocolo de Estambul contra la tortura.
También expresa preocupación por la nueva legislación para fortalecer el ejercicio de la labor policial y de gendarmería en Chile, conocida como Ley Nain-Retamal, que según los expertos de Naciones Unidas podría dar “un tratamiento privilegiado a los agentes estatales”.
El informe expresa preocupación por los altos niveles de hacinamiento en las cárceles chilenas, con dificultad en ocasiones para acceder en ellas a suministro de agua potable o servicios higiénicos.
En materia de migración, el Comité pidió al Estado chileno intensificar esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar las redes de trata de personas, y al mismo tiempo “garantizar que todas las personas que necesiten protección internacional tengan acceso sin trabas al territorio y a procesamientos justos y eficientes de determinación individual de la condición de refugiado”.
El comité, cuyas recomendaciones no tienen carácter vinculante, también pide a Chile “implementar campañas de sensibilización que favorezcan un respeto hacia las personas migrantes y sus derechos” y una no criminalización de la migración irregular.
