Ministro de Justicia Fernando Rabat afina puntería en indultos, crimen organizado y rol del INDH

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ha tenido una semana agitada básicamente por dos temas: el mal uso del Acuerdo de Unión Civil entre extranjeros para obtener residencia y la confirmación de que Bernarda Vera figura como detenida desaparecida.

El jefe de la cartera fue entrevistado este domingo en El Mercurio y el programa Estado Nacional en TVN, refiriéndose a estas materias y adelantando medidas sustanciales en el ministerio encargado de la Justicia y los Derechos Humanos.

Respecto al caso de Bernarda Vera, Rabat señaló en entrevista con El Mercurio que  no sería el único de este tipo. “Hay a lo menos 12, que yo sé que es una cifra menor, pero que nos obliga como Estado a fortalecer la línea que ya está desde el año 2023 en el decreto que creó El plan Nacional de Búsqueda”.

A partir del caso de Bernarda Vera, agregó, “se instruyó un sumario administrativo para dilucidar qué pasó entre marzo de 2024 y junio de 2025, por qué se demoró todo ese tiempo en entregar una información tan relevante al ministro en visita”.

Sobre la reforma que se plantea al INDH, el ministro señaló que la iniciativa es una “preocupación anterior a la llegada de este Gobierno” y que se ha realizado un informe con 44 medidas de cambios. “Nosotros las tomamos y realizamos un anteproyecto de ley (…) que busca cambiar la organización del consejo del INDH para que tenga una mayor representación de la sociedad civil, que hoy está cooptada por organizaciones ligadas al mundo de la izquierda”, explicó.

Si es que las medidas buscaban quitarle atribuciones al organismo, Rabat aseguró que busca reforzar su rol de órgano consultivo. “Yo no comprendo que el INDH tenga que interponer querellas criminales cuando la persecución de los delitos está radicada por disposición constitucional en el Ministerio Público”, sostuvo.

Nueva Agencia

Respecto a las prioridades legislativas de la cartera, el ministro aseguró que en una primera instancia se abordará la agenda de seguridad, sobre todo aspectos relacionados con la ley de Responsabilidad Penal Adolescente y “una vieja añoranza del sistema penal”: “una agencia que se va hacer cargo de los bienes incautados a delincuentes”.

“La agencia tendrá por finalidad administrar y liquidar los bienes provenientes de no solo el crimen organizado, sino de la comisión de cualquier delito …Va a poder, durante el proceso, enajenar, por ejemplo, aquellos de fácil destrucción, y luego de dictada la sentencia en que se dispone el comiso, enajenar rápidamente el conjunto de bienes”.

El uso de estos recursos, añadió el ministro, se utilizará en “dotar a las policías, a Gendarmería, de tecnología y de nuevos elementos precisamente para combatir el crimen. Y además, con estos dineros se crea un fondo de reparación a las víctimas”. “Ahí va el golpe al mentón”, agregó en El Mercurio.

Unión Civil y DD.HH.

Ante la consulta de cómo enfrentará el ministerio la mala utilización de los Acuerdos de Unión Civil por parte de extranjeros, señaló que “detrás de cada fraude hay un abogado”. “La tarea con que nos hemos quedado es analizar de qué manera podemos ponerle coto a esta situación, modificando la causal de terminación del Acuerdo de Unión Civil”.

Rabat aseguró que respecto a los indultos a condenados por crímenes contra los derechos humanos, “toda persona el derecho a solicitarlo”. No obstante, aseguró que la cartera ya firmó un indulto y que se habría redactado otra resolución al respecto. En la actualidad, agregó, existen 80 solicitudes de indulto relacionadas al estallido social y a militares que se encuentran cumpliendo penas.

Sobre la situación de las cárceles, Rabat profundizó sobre el tema en Estado Nacional, asegurando que existe un Plan Integral “del sistema penitenciario. “No se trata de planes B, se trata de un proyecto, de un plan integral que el Presidente le ofreció al país para poder superar todo aquello relacionado con el sobrepoblamiento que tenemos hoy día en las cárceles”, indicó.

Respecto a esto último, Rabat destacó “la próxima puesta en marcha plena de la cárcel de la Región del Maule, recinto con capacidad para 2.500 personas y que debería incrementar su población penal durante agosto”, agregando que el recinto albergará a 700 reos de alta peligrosidad y que contará con tecnología de alto nivel.