Gobierno busca salvar criticado proyecto de seguridad con cambios de forma y no de fondo

Ante la falta de votos en el Congreso,  La Moneda elaboró un plan de contingencia para evitar que la idea de legislar sea rechazada. El diseño consiste en modificar la urgencia legislativa y abrirse a cambios estructurales relevantes en el proyecto de reforma constitucional de seguridad negociando con Chile Vamos presentar la mitad del proyecto como ley simple. Por ahora se descarta un retiro del texto.

Según explican en el Ejecutivo, el proyecto original de reforma constitucional en seguridad experimentará una profunda transformación en su contenido, alcance y estrategia de tramitación legislativa. A lo menos cuatro puntos del proyecto de ocho que fue presentado serán dejados fuera del texto y presentados como ley simple.

Según explican desde el Congreso, la nueva estrategia contempla que la reforma contenga únicamente las modificaciones constitucionales que sean estrictamente indispensables para habilitar la nueva institucionalidad contra el crimen organizado reducido a “tres o cuatro reformas específicas” en lugar de las ocho iniciales.

Parte del cambio de método acordado entre Chile Vamos y el Ejecutivo consistiría en “dejar tranquila la Constitución un rato mientras se amarran indicaciones”, al punto de que algunos dirigentes sostienen que al proyecto se le cambiaría la “suma urgencia” (15 días de tramitación), que vencía la próxima semana, por “urgencia simple” (30 días), mientras otros hablan de que quede “sin urgencia” para otorgarle más tiempo al debate en el Congreso y ganar un espacio para negociar.

Con ello La Moneda evita que la reforma sea rechazada en general en el Senado —lo que provocaría su archivo obligatorio por el plazo de un año—, mientras los ministros del Interior Claudio Alvarado y de Seguridad Martín Arrau buscan apoyos abiertos a cambios profundos.

A lo anterior se suma concentrarse en el debate de una batería de proyectos de ley simple que ingresaría la próxima semana al Senado. Entre ellos se destacan tres: el proyecto que establece las medidas carcelarias especiales; la propuesta del registro de organizaciones criminales y los efectos o consecuencias jurídicas para personas que integren la nómina; y la moción que sube las penas por la sola pertenencia a bandas criminales.

Las negociaciones Longton–Squella para consensuar indicaciones

Hasta el viernes pasado, la idea era que la semana regional se usara como espacio para conversar con los partidos oficialistas para morigerar medidas sin apoyo de la reforma constitucional.

Sin embargo, ayer el Gobierno observó que el apoyo de varios senadores que se consideraba clave para su aprobación -como Matías Walker, Luciano Cruz Coke, Sebastián Keitel, Miguel Ángel Calisto y Karim Bianchi- continúan en desacuerdo con la propuesta y en Palacio ven difícil que logren un apoyo de los 8 puntos de la reforma.

En ese contexto, el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, está negociando un conjunto de indicaciones con Chile Vamos —principalmente con el diputado Guillermo Ramírez y con el senador Andrés Longton (RN), único miembro del bloque en la Comisión de Hacienda del Senado— para destrabar la reforma constitucional en materia de seguridad con severas modificaciones.

Tras los reparos surgidos de manera transversal en el oficialismo, los parlamentarios han acordado introducir cambios sustanciales -hasta ahora- cambios en cinco ejes de la propuesta.

La propuesta original del Ejecutivo permitía que este nuevo Estado de Excepción Constitucional por Seguridad Publica pudiera ser decretado por el Presidente por un período inicial de 120 días, prorrogables a otros 120, sin necesidad de autorización parlamentaria inmediata.

La indicación que ambos han acordado propondrá que este Estado de Excepción requiera de manera obligatoria el acuerdo del Congreso Nacional desde el primer momento y que una vez aprobado, el régimen esté sujeto a una revisión y renovación legislativa cada 30 días.

En Chile Vamos explican que además se le daría “urgencia” en las tablas respectivas del Congreso a más de 20 proyectos de ley ordinarios sobre seguridad que ya están en tramitación en el Legislativo (como el sueldo de los carabineros, reformas a Gendarmería, infraestructura crítica, ley Naín-Retamal y reglas de uso de la fuerza).

Se saca la interceptación de comunicaciones privadas

Desde la UDI sostienen que en las tratativas con el gobierno se contempla dar marcha atrás a la propuesta de pérdida de derechos sociales e inhabilidades específicas en el texto constitucional y que estas se resolverán en el debate de fondo de las leyes ordinarias asociadas.

Otro cambio relevante apunta a dejar fuera de la Constitución la afectación de comunicaciones privadas. El texto inicial de la reforma otorgaba facultades excepcionales al Ejecutivo que permitían afectar o interceptar las comunicaciones de los ciudadanos. Una de las indicaciones contempla eliminar por completo esta facultad de la reforma constitucional.

Squella y Chile Vamos coinciden en que es conveniente dejar fuera la afectación a las comunicaciones de la Carta Magna, argumentando que este tipo de medidas intrusivas ya están reguladas dentro de los operativos amparados por investigaciones judiciales previas.

Otro de los puntos en conversación según parlamentarios de Chile Vamos apunta a los criterios para restringir beneficios sociales y estatales a condenados por crimen organizado o terrorismo.

Mientras algunos han advertido el riesgo de que la norma sea un “cheque en blanco” si se deja de forma genérica, otros defienden que el alcance exacto de estas inhabilitaciones y restricciones deba ser definido de manera específica posteriormente mediante una ley de quórum calificado en el Congreso, evitando saturar el texto constitucional.

Pese a las dudas iniciales, en el sector confían en que la presión de la ciudadanía terminará por alinear los votos una vez que se corrijan las propuestas más polémicas.

“Creo que los votos van a estar al final, aunque sea difícil de imaginar ahora. La presión de la gente será muy fuerte y con los cambios haremos que las cosas más surrealistas queden en el pasado. Falta mucho para tener claro eso, lo obvio es corregir las brutalidades como los 120 días prorrogables, luego entran los proyectos de ley que emanan de la reforma, eso permitirá que quienes tienen dudas sobre la necesidad de la reforma, queden claros que era necesaria”, señala una fuente que conoce las tratativas.