Opinión
¿Quién decide qué conocimiento importa?
El conocimiento importa no solo cuando produce empleos, patentes o respuestas económicas inmediatas.
¿Cuántas veces más tendremos que traducir nuestras preguntas de investigación al lenguaje de la productividad para que sean reconocidas como conocimiento válido?
Para nosotras, mujeres mapuche académicas integrantes de la Red de Mujeres Académicas Mapuche Welukeyuqkel Zomo, esta no es una pregunta abstracta. Hemos construido nuestras trayectorias en instituciones donde los pueblos indígenas han sido ampliamente observados, descritos e interpretados, pero pocas veces reconocidos como productores de conocimientos, conceptos y criterios propios de validez. Nuestras investigaciones sobre territorio, memoria, lengua, educación, cuerpos, cuidados, violencias y formas comunitarias de vida no son asuntos secundarios ni expresiones folclóricas. Son campos legítimos de producción intelectual, científica y política.
Por eso nos preocupa la orientación que está tomando el financiamiento de la investigación científica. Las bases del Fondecyt de Postdoctorado 2027 permiten destinar hasta un 70 % de los recursos a áreas prioritarias definidas por el Ministerio de Ciencia. El problema no es que el Estado identifique desafíos estratégicos. Chile necesita investigar el cambio climático, las transformaciones tecnológicas, la salud, la crisis alimentaria y muchos otros problemas. El problema comienza cuando las prioridades de un gobierno condicionan instrumentos cuya legitimidad se ha construido arbitrariamente sobre la evaluación de pares, la diversidad disciplinaria y la libertad de investigación.
Para quienes iniciamos o sostenemos trayectorias académicas, esto tiene consecuencias concretas. Aprendemos rápidamente qué preguntas tienen posibilidades de financiamiento y cuáles deben ser reformuladas para sobrevivir dentro del sistema. Una investigación sobre despojo territorial puede terminar justificándose como un problema de seguridad; una investigación sobre mapuzugun, como capital humano; y la memoria de las mujeres mapuche, como recurso para alguna política pública. Cuando nuestras preguntas deben hacerse inteligibles mediante categorías producidas por una tradición científica que históricamente ha convertido a los pueblos originarios en objetos de estudio antes que en sujetos de conocimiento, no solo cambia el lenguaje. También se establece de antemano qué puede ser reconocido como problema científico, qué conocimientos adquieren legitimidad y cuáles permanecen fuera de los límites de lo pensable y lo investigable.
Pero nuestra demanda no consiste simplemente en que los llamados “temas mapuche” sean incorporados como una prioridad más del Estado. La pregunta es quién define qué es indígena y qué asuntos resultan relevantes para una determinada agenda pública. Incluso si existiera una agenda indígena de gobierno, aceptar sus límites implicaría continuar investigando aquello que el Estado reconoce como indígena y no necesariamente lo que nuestros pueblos consideran necesario pensar e investigar.
Lo que reclamamos es justicia epistémica. Queremos ser reconocidas como productoras de conocimiento y participar en la definición de qué preguntas importan, qué conocimientos son válidos y cómo se construyen las agendas de investigación. Queremos producir conocimiento desde nuestros propios términos, lenguas, experiencias, territorios y relaciones, y ponerlo en diálogo con la academia, sin subordinarlo a categorías establecidas previamente por ella.
Este diálogo no significa rechazar el conocimiento científico ni abandonar las instituciones académicas. Significa transformar las relaciones en que ese conocimiento se produce. Implica que nuestros saberes puedan interrogar las categorías existentes, proponer conceptos, modificar métodos y abrir nuevas preguntas.
La libertad de investigación no consiste solamente en que una pregunta no esté prohibida. Requiere condiciones materiales para formularla, desarrollarla y sostenerla. Las áreas estratégicas pueden contar con instrumentos específicos, transparentes y participativos, sin reducir la apertura de los fondos destinados al desarrollo general de la ciencia.
El conocimiento importa no solo cuando produce empleos, patentes o respuestas económicas inmediatas. Importa también cuando permite recuperar una lengua, nombrar un despojo, reconstruir una memoria, comprender el racismo, cuestionar una política pública, defender un territorio o sostener la vida colectiva.
Como mujeres mapuche académicas, no aceptamos seguir siendo reducidas a objetos de investigación. Queremos ser sujetas, autoras y productoras de conocimiento. El derecho a investigar también debe incluir el derecho a preguntar desde nuestros propios términos.
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