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La degradación de la política y el abandono del bien común Opinión Archivo

La degradación de la política y el abandono del bien común

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Alfredo Ugarte S.
Por : Alfredo Ugarte S. Abogado. Doctor en derecho financiero y tributario. Profesor Universidad de Chile.
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La democracia se debilita cuando la política deja de servir a las personas y comienza a servirse de ellas. La verdadera crisis no es solamente presupuestaria o legislativa: es una crisis de responsabilidad, ejemplaridad y sentido moral del poder.


Las recientes investigaciones periodísticas sobre contrataciones de asesores parlamentarios, vínculos personales, elevados desembolsos fiscales y cuestionamientos sobre la utilidad de sus funciones plantean un problema que trasciende las eventuales responsabilidades individuales: el deterioro de la ética pública, la calidad de la política y la responsabilidad institucional del Congreso Nacional.

Mientras miles de chilenos enfrentan desempleo, bajos salarios y dificultades económicas, se destinan cuantiosos recursos públicos a asesorías cuya necesidad, idoneidad y resultados deben justificarse rigurosamente. No se trata de condenar anticipadamente a nadie ni de desconocer la necesidad de apoyo profesional al legislador. Se trata de recordar que los recursos públicos no pertenecen a quienes ejercen el poder y su utilización debe responder al interés general, nunca a conveniencias particulares.

Cicerón nos enseñó que la República pertenece al pueblo y existe para servir al interés común. Ulpiano, recogiendo a Celso en el Digesto, recordó que el Derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Son principios que trascienden los siglos: la legitimidad del poder exige rectitud, justicia y una auténtica vocación de servicio.

Rudolf Stammler, en su teoría del Derecho justo, profundizó esta exigencia distinguiendo entre la existencia de una norma y su rectitud. La justicia constituye un ideal racional que debe orientar la convivencia, armonizando los intereses de las personas e impidiendo su subordinación arbitraria. No basta que una ley sea formalmente válida: debe también examinarse si es justa, razonable y compatible con una comunidad de personas libres.

Rudolf von Ihering, en El espíritu del Derecho romano, destacó la importancia de la ciencia y la técnica jurídica, la precisión conceptual y la construcción sistemática del Derecho. Su pensamiento nos recuerda que legislar requiere formación doctrinal, conocimiento histórico, rigor intelectual y comprensión de las finalidades sociales de las instituciones. La buena legislación no puede ser producto de la improvisación ni de la mera conveniencia política.

Jeremy Waldron, en La dignidad de la legislación (1999), reivindica al Parlamento como espacio de deliberación racional, donde el desacuerdo exige argumentos, reflexión y responsabilidad. Hans Kelsen, desde su teoría del ordenamiento jurídico y su defensa del parlamentarismo, subraya la importancia de la Constitución, las competencias y los procedimientos que sustentan la validez jurídica de las normas.

Estos pensamientos convergen en una exigencia institucional, aunque provengan de concepciones filosóficas diferentes: la legitimidad democrática autoriza al legislador a decidir, pero no lo libera del deber de procurar lo justo y recto, de estudiar las consecuencias de sus decisiones y respetar las exigencias constitucionales y técnicas en la elaboración de las leyes.

Una ley puede ser técnicamente correcta y materialmente injusta, del mismo modo que una finalidad legítima puede frustrarse por una regulación jurídicamente defectuosa. Ambos riesgos deben prevenirse. La justicia debe orientar los fines; la ciencia jurídica, los medios; y la deliberación democrática, las decisiones.

De allí surge una cuestión fundamental: los asesores técnicos legislativos financiados con recursos públicos no deben concebirse como servidores personales de senadores o diputados, sino como profesionales al servicio de la función institucional del Congreso y de la calidad de las leyes. La representación política corresponde a cada parlamentario, pero el proceso legislativo es una función pública cuyas consecuencias afectan a toda la sociedad.

La experiencia comparada resulta ilustrativa. Estados Unidos cuenta con el Congressional Research Service (CRS) y el Congressional Budget Office (CBO); Alemania dispone de los Wissenschaftliche Dienstedel Bundestag, y Reino Unido de la House of Commons Library. Estos modelos distinguen entre asesores políticos de confianza y servicios técnicos institucionales, profesionales y permanentes. Chile dispone de la Biblioteca del Congreso Nacional y de Asesoría Técnica Parlamentaria, cuya institucionalidad debería fortalecerse, profesionalizarse y aprovecharse plenamente.

El conocimiento legislativo debe acumularse en el Congreso y permanecer al servicio de la institución, no depender exclusivamente de quienes transitoriamente ocupan sus escaños. La idoneidad, independencia intelectual y responsabilidad profesional deben prevalecer en las funciones técnicas especializadas, sin desconocer la legítima existencia de colaboradores políticos de confianza.

Esto adquiere especial importancia frente a leyes improvisadas, contradictorias, deficientemente coordinadas con otros cuerpos legales, carentes de evaluaciones de impacto o que dejan vacíos entregados posteriormente a interpretaciones administrativas. Sus consecuencias las pagan los ciudadanos mediante incertidumbre, litigios, mayores costos, burocracia y pérdida de seguridad jurídica.

Ortega y Gasset advirtió, en Democracia morbosa (1917), sobre el peligro de confundir la igualdad democrática con la prescindencia del mérito y la excelencia. Unamuno nos exigía sinceridad y coherencia entre convicciones y conductas. Arnold Toynbee explicó cómo las minorías creadoras pueden transformarse en minorías dominantes cuando dejan de responder a los desafíos sociales y concentran sus esfuerzos en preservar sus posiciones de poder.

La Doctrina Social de la Iglesia aporta el fundamento moral de esta reflexión: la autoridad es servicio, no privilegio. La administración de los bienes públicos exige justicia, prudencia, solidaridad y responsabilidad frente al bien común, especialmente considerando las necesidades de quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

¿De qué sirven numerosos asesores y cuantiosos presupuestos si no existe suficiente garantía de que contribuyan efectivamente a estudiar, mejorar y evaluar las leyes? La legitimidad electoral no sustituye la preparación, la prudencia ni el deber de legislar responsablemente.

Chile necesita un Congreso políticamente autónomo, pero técnicamente sólido, con cuerpos profesionales permanentes, seleccionados por mérito y competencia, sujetos a controles efectivos de desempeño y gasto. La profesionalización de las asesorías no es solamente una medida de eficiencia presupuestaria; constituye una garantía institucional para mejorar la calidad del Derecho y proteger a los ciudadanos frente a los perjuicios de una legislación deficiente.

La democracia se debilita cuando la política deja de servir a las personas y comienza a servirse de ellas. La verdadera crisis no es solamente presupuestaria o legislativa: es una crisis de responsabilidad, ejemplaridad y sentido moral del poder.

Recuperar la dignidad del Congreso exige comprender que legislar no consiste simplemente en aprobar normas, sino en elaborar leyes justas, rectas, constitucionalmente coherentes y eficaces. La justicia debe orientar sus fines; la ciencia jurídica y la deliberación responsable, sus medios; y el bien común, su razón de ser.

Porque, finalmente, no hay buena política sin rectitud, ni buen Derecho sin justicia, ni buenas leyes sin conocimiento, prudencia y responsabilidad.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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