“Existe una brecha entre lo que los medios de comunicación hablan, principalmente sobre actores institucionales, mientras lo que a la ciudadanía le importa es una conversación en torno a la justicia penal”, señaló Matías Gómez, académico e investigador de la Universidad Central (UCEN).
¿Existe algún vínculo entre la experiencia cotidiana de la conversación ciudadana y la agenda mediática dominante? Es lo que busca responder el estudio Corrientes Subterráneas, elaborado por el Laboratorio de Conversación Pública, de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central.
En conversación con El Mostrador, el realizador del estudio, Matías Gómez, profundizó respecto de esta segunda entrega, que aborda la conversación pública en torno al concepto de justicia y cuya principal conclusión es que existe una amplia brecha entre las motivaciones de los relatos ciudadanos en redes sociales y la jerarquía de los temas publicados por la prensa.
“En este segundo informe nos preocupamos en torno a la justicia, es decir, qué es lo que han publicado durante el último año los medios de comunicación en Chile sobre la justicia y, a partir de eso, generamos distintas técnicas de análisis de contenido computacional. Hacemos análisis de métodos mixtos, metodologías cualitativas y metodologías cuantitativas, para lograr dimensionar y cuantificar los distintos tópicos que están en la agenda mediática. Desde el otro lado, lo que hacemos es desarrollar un proceso de observación permanente de lo que las personas comentan en distintos grupos de plataformas de redes sociales. (…) Se podría entender como una etnografía digital, donde no solo intentamos medir el volumen de la conversación, sino que intentamos entender el significado de los mensajes que las personas dejan en las distintas plataformas de redes sociales y cómo se va desarrollando esta discusión”, señaló el experto.
Respecto de la percepción ciudadana y su manifestación en redes sociales, el director del Laboratorio de Conversación Pública afirmó que existe una dimensión de opiniones que emergen tanto de la experiencia con un delito o con el sistema judicial, como también de la experiencia que observan a través de sus redes cercanas.
“Lo que encontramos en primer lugar es que existe una sensación de ausencia de justicia, que da cuenta de que en Chile no se estaría aplicando la justicia como tal. Al mismo tiempo, encontramos, dentro de las percepciones y emociones de las personas, la idea de que, si bien puede existir justicia, la justicia se está mal aplicando. En ambos casos, es decir, en la ausencia de justicia o en su mala aplicación, lo que logramos observar es que hay una sensación de desamparo, desesperanza, impunidad y altos sentimientos negativos sobre la justicia”, explicó.
En esa línea, agregó que también fue posible identificar una confusión entre el trabajo de los jueces, los fiscales y el trabajo de las distintas policías, como Carabineros o la PDI. “Si bien, en alguna medida, estos tres organismos –las policías, los jueces y los fiscales– tienen un actuar dentro de la justicia, confunden las funciones y responsabilizan a uno o a otro. (…) Entonces, hay una triangulación de distintas percepciones negativas sobre el funcionamiento de cada uno de ellos”.
Asimismo, Gómez advirtió que ante la ausencia de justicia las personas proponen formas alternativas para su aplicación. “Lo preocupante es que se observa de manera reiterada un llamado a la pena de muerte. Una restauración de la pena de muerte, porque las personas ven que la justicia no se está aplicando, y lo que se necesita son sanciones más duras. (…) Hay otras personas que proponen la autotutela, es decir, que ellos se hagan cargo de desarrollar la justicia por sus propias manos”.
Por otro lado, el análisis sobre el tratamiento informativo de la justicia y las publicaciones en medios de comunicación arrojó contrastes en relación con las prioridades ciudadanas.
“En general, cuando los medios hablan sobre justicia, se enfocan en cuatro temas distintos. Por una parte, está la idea de actores institucionales en torno a la justicia, principalmente el Gobierno, el cual está preocupado de la aplicación o del desarrollo de una agenda legislativa en torno a la justicia. Hay otra dimensión que son temas internacionales sobre justicia, por ejemplo, los casos de corrupción en distintos países de Latinoamérica. Y hay otra dimensión que vamos a llamar ‘temas policiales’ respecto a la justicia, que yo diría que son los temas que le preocupan a la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía demanda enfocarse principalmente en los temas policiales y sancionatorios, mientras que los medios de comunicación lo ven en torno a un 20 por ciento. Y el otro sería un tema más institucional respecto al desarrollo del Poder Judicial”, indicó Gómez.
En esa línea, destacó que “existe una brecha entre lo que los medios de comunicación hablan, principalmente sobre actores institucionales, mientras lo que a la ciudadanía le importa es una conversación en torno a la justicia penal, a cómo se resuelven y sancionan los distintos delitos de la vida criminal”.
Parte de las conclusiones del estudio señalan que la brecha que se genera en torno a la forma en que se abordan los temas de justicia está teniendo consecuencias necesarias de atender, ya que la insatisfacción que la ciudadanía expresa sobre la administración y aplicación de la justicia puede explicar parte de la crisis de confianza en las instituciones del Estado.
“Si es que nuestras instituciones de justicia se deslegitiman y comienza a legitimarse la autotutela, lo que vamos a seguir observando –y espero que esto no sea así– es un incremento de la conflictividad. No solo entre la ciudadanía y las instituciones, sino que entre los mismos ciudadanos. (…) Entonces, a la larga, lo que estamos viendo es que se acumulan distintos casos de mala aplicación de la justicia, de aplicación desigual o de ausencia de justicia, lo que va a seguir horadando esta sensación con la ciudadanía”, finalizó el experto.
