Jueza Rosa Aguirre que pagaba por sus fallos buenos, bonitos y baratos

El caso de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre, denunciada laboralmente por la abogada Damaris Silva, quien la acusó de trabajar 17 años revisando recursos y redactando fallos a cambio de 300 mil pesos mensuales, ha generado una situación incómoda, tanto para la Corte de Apelaciones porteña como para la Corte Suprema.

La presidenta del tribunal de alzada de Valparaíso, Silvana Donoso, ha planteado que debe aclararse al menos un punto crucial: si Damaris Silva redactaba las resoluciones o si su labor consistía en elaborar transcripciones. Un matiz no menor, considerando que la redacción de las sentencias corresponde íntegramente a los magistrados.

“El juez debe redactar sentencia. Es nuestra obligación. No sé si la persona que trabajaba con ella lo que hacía era tipearle los fallos, que es distinto”, explicó Donoso el viernes de la semana pasada, tras una sesión extraordinaria de la Corte de Apelaciones que determinó solicitarle un informe a la ministra en cuestión.

La decisión, por cierto, excluye por ahora el inicio de una investigación disciplinaria, pese a que algunos integrantes del tribunal estimaron que la denuncia laboral en contra de la magistrada debió haber derivado de inmediato en un sumario en su contra. La razón de no hacerlo, según la presidenta de la Corte de Valparaíso, fue que si decidían investigar a la jueza los integrantes del Pleno deberían inhabilitarse.

Entremedio, la ministra Aguirre presentó ante la Corte Suprema su renuncia, una maniobra que buscaba poner fin a casi 40 años de carrera en el sistema de justicia, adelantando en dos años su salida oficial de la judicatura. La Corte Suprema, no obstante, rechazó su renuncia y solicitó un informe al Pleno de la Corte porteña, buscando aclarar por qué no abrieron un sumario.

Si bien el proceso busca acreditar qué tareas realizaba Silva, a cuáles documentos tuvo acceso y en qué fallos participó activamente, la demora ha tenido un costo institucional, debido que, al pedir explicaciones y frenar la renuncia, la Suprema ha entrampado aún más el caso a la espera de un informe que todavía no llega, pero cuyos resultados permitirían –eventualmente– exigir la apertura de una investigación.

La decisión del máximo tribunal del país, por lo demás, se da en medio del proceso de remoción contra 18 jueces, lo que ha provocado cuestionamientos por no haber utilizado el mismo mecanismo en el caso de la magistrada, considerando la gravedad de las acusaciones en su contra que involucrarían –en una eventual arista penal– ilícitos como prevaricación, falsificación de instrumento público o revelación de secreto.

Una decisión compleja, según advierten en tribunales, considerando que Rosa Aguirre ha integrado en ocasiones la Sala de la Corte Suprema como ministra suplente –en reemplazo de Jessica González– y que mantendría una relación de cercanía con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

Cargo “permeable”

Rosa Herminia Aguirre Carvajal tiene 73 años y es la segunda antigüedad en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ingresó al Poder Judicial en 1979 como oficial de tribunal, tras titularse de abogada en la Universidad de Chile. Luego se desempeñó como jueza de Letras y del Crimen y –posteriormente– como relatora en las Cortes de Puerto Montt y Santiago. En 2009, se convirtió en fiscal de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, alcanzando la presidencia de esta última en el año 2018.

“Asumo este cargo con mucho compromiso y responsabilidad, además de la rectitud necesaria para lograr que esta Corte de Apelaciones mantenga su bien ganado prestigio. Pongo mi confianza en el Pleno de ministros de este tribunal, grupo humano y profesional que ha velado siempre por el mejor desempeño de esta jurisdicción”, comentó cuando asumió la presidencia.

Entre los fallos donde participó la magistrada, se recuerda uno que ordenó a la Municipalidad de Valparaíso asegurar agua para consumo humano a los habitantes de Laguna Verde, otro donde la Corte dispuso un nuevo juicio en un caso de explotación sexual a menores de la residencia Anita Cruchaga en Viña del Mar y una mediática disputa con el abogado Silvio Cuneo por no usar chaqueta en una audiencia que llegó a la Corte Suprema.

Desde su arribo a Valparaíso, Rosa Aguirre comenzó a trabajar con la abogada Damaris Silva. La demanda por tutela laboral entablada por esta última, revela que trabajó 17 años al alero de la magistrada –primero de manera oficial y luego bajo cuerda–, estudiando expedientes, revisando recursos y redactando proyectos de sentencia. Según los antecedentes difundidos en su demanda, su remuneración habría alcanzado los $300.000 mensuales.

A propósito del monto cancelado a la abogada, asegura una fuente del Poder Judicial, el problema radica en que los jueces ganan un sueldo alto para que no sea fácil corromperlos con dinero, pero “una funcionaria o abogada externa no tiene ninguna responsabilidad, siendo permeable a lo que pueda llegar, entonces el riesgo es enorme”.

Sobre sus labores, Damaris Silva aseguró que la magistrada le transmitía orientaciones sobre su trabajo, “utilizando expresiones como ‘hay que rechazar’, ‘hay que acoger’ o ‘hay que revocar’, pudiendo agregar consideraciones acerca de la causal jurídica relevante o de los argumentos que, a su juicio, debían desarrollarse”, explica la asistente en el documento judicial, afirmando que en ocasiones Rosa Aguirre le habría pagado hasta 100 mil pesos por sentencia, incorporando algunos mails como pruebas, tal como informó Aquí Valparaíso de El Mostrador.

La abogada asistente también litigaba, según pudo comprobar este medio, lo que aumenta la posibilidad de entrar en conflicto de intereses con la jueza Rosa Aguirre. En el año 2019, de hecho, la magistrada se inhabilitó en una causa debido a que “una de las partes es patrocinada por la abogada Damaris Silva Bravo”, según consigna el expediente judicial.

A contar del año 2010, Silva comenzó a trabajar en su domicilio, en un horario entre 9:00 y 19:00 horas, extendiéndose en ocasiones hasta las 23:00 horas, incluidos en algunas ocasiones también los días sábados y domingos. A esa nueva modalidad, se sumó el retiro de expedientes físicos de la casa de Rosa Aguirre, contraviniendo la expresa reserva de algunas causas.

Luego de 17 años de trabajo mancomunado, la abogada solicitó un aumento de sueldo a la magistrada, situación que gatilló el término del vínculo de trabajo y la posterior denuncia por tutela laboral entablada por la abogada asistente, disputa que terminó en un acuerdo entre las partes que incluyó el pago de $17 millones y algo que hasta ahora se desconocía: la devolución de un inmueble a Rosa Aguirre ocupado por Damaris Silva.

El departamento

El Mostrador accedió al acuerdo entre la abogada y la jueza, firmado el 14 de agosto en la notaría Gervasio de Viña del Mar. El documento judicial admite la existencia de una relación de amistad, cooperación y prestación de servicios en favor de Rosa Aguirre, señalando expresamente que el contrato tiene validez sobre los acuerdos alcanzados y no se extiende a hechos futuros.

Sobre las obligaciones recíprocas, Rosa Aguirre se comprometió a cancelar la suma de $17.500.000, cifra pagada a través de un vale vista emitido al abogado de la denunciante. En caso de no restituir el monto pactado, la contraparte podría activar una cláusula de castigo que obligaría a cancelar una suma adicional equivalente al mismo valor de la cantidad adeudada.

Además, se establece como cláusula la restitución de un departamento que Rosa Aguirre habría facilitado gratuitamente a la abogada mientras esta cursaba sus estudios de magíster en Santiago, sin especificar si esto obedecía a un acuerdo de remuneración entre las abogadas por los trabajos realizados por Damaris Silva.

El acuerdo entre las partes, por cierto, contempla el retiro de la demanda en caso de no ser notificada o su desistimiento si ya se hubiere practicado, obligando a cada una de ellas a “abstenerse de desacreditar, denostar, o menoscabar deliberadamente la honra, reputación o imagen personal o profesional de la otra parte”, concluye.