ANEF prepara movilización escalonada contra el Gobierno y fija noviembre como mes clave

El primer frente es la negociación salarial. La Mesa del Sector Público está solicitando un reajuste de 6,3% nominal, cifra que –según Pérez Debelli– representa aproximadamente un 2% real si se considera que el IPC acumulado en los últimos 12 meses se ubica en torno al 4%. “Como trabajadores ahora del Estado de Chile pedimos ese 6,3% nominal que representa en la práctica un 2% real”, explica. Para el dirigente, la demanda debe entenderse además en un contexto en que el desempleo se aproxima al 10%.

Pérez Debelli plantea que la discusión salarial no puede separarse del escenario económico y laboral del país. “Estamos al borde de un 10% de cesantía”, sostiene, y agrega que los trabajadores públicos también dependen de un salario para enfrentar el costo de vida. Por eso, define la propuesta como un planteamiento “muy preciso, muy concreto y también muy aterrizado”.

Pero el principal punto de tensión para la ANEF está en el Presupuesto 2027. El gremio cuestiona la existencia de reducciones o eliminación de programas que, a su juicio, afectan directamente la prestación de servicios públicos. Pérez Debelli sostiene que el Gobierno presenta un crecimiento real del gasto de 1,5%, pero que esa cifra debe contrastarse con los programas que están siendo disminuidos. “Los datos son los que señalan, uno los coteja con los programas que hoy día se están disminuyendo o eliminando. Eso es concreto”, afirma.

Entre los programas que menciona están iniciativas de prevención del delito, además de programas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género destinados al acompañamiento de mujeres. Según el dirigente, algunos de estos programas permiten que mujeres que crían solas puedan trabajar y generar ingresos para sus familias. “Todos esos programas de acompañamiento para que puedan trabajar tranquilas, tener un ingreso para su familia, se eliminan”, sostiene.

La ANEF también cuestiona los efectos que las restricciones presupuestarias podrían tener en educación. Pérez Debelli menciona el caso de Junaeb, institución que, destaca, tiene 62 años de historia y desarrolla 34 programas destinados a estudiantes en distintas zonas del país. Entre las áreas que identifica están las becas y programas de tecnologías de la información, además de iniciativas de apoyo psicosocial, salud oral y habilidades para la vida.

El dirigente también advierte por el impacto laboral de las decisiones presupuestarias. En el caso de los jardines infantiles estatales, detalla que, de acuerdo con el presupuesto en discusión, más de mil personas podrían perder su trabajo, principalmente mujeres. Para la ANEF, por tanto, la discusión presupuestaria no es solamente una disputa sobre cifras de gasto. “No es menor cuando se habla de un porcentaje, porque tiene impacto en seres humanos”, afirma.

La situación de los funcionarios a contrata constituye otro de los puntos que podrían gatillar una escalada. Pérez Debelli advierte que el 70% de los trabajadores de la administración central tiene contratos temporales, con vigencia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Por ello, el 30 de noviembre aparece como una fecha especialmente sensible para el gremio, ya que durante este mes deberían comenzar a conocerse las decisiones sobre las renovaciones para 2027.

“Tenemos la claridad y certeza de quiénes son notificados de no renovación para el próximo año 2027”, señala. En ese contexto, la ANEF busca que el Gobierno entregue señales respecto de la continuidad de funcionarios que llevan años desempeñando labores en el Estado. “No puede hoy día el Gobierno darse el lujo de empezar a decir que no son necesarios los servicios de funcionarios y funcionarias de trayectoria”, enfatiza.

El debate se cruza además con la confianza legítima de los funcionarios a contrata. Pérez Debelli reconoce que la actual Contraloría cerró hace dos años la posibilidad de recurrir al control administrativo mediante ese concepto, pero añade que los trabajadores conservan la posibilidad de exigir que cualquier término anticipado o no renovación esté debidamente fundamentado. “Cada trabajador, trabajadora del Estado, tiene derecho a que todo acto de no renovación o término anticipado de contrata tiene que estar fundamentado”, plantea.

La ANEF busca, además, evitar que las decisiones sobre las contratas se transformen en despidos masivos vinculados a la antigüedad de los funcionarios. Según Pérez Debelli, el gremio ha conversado este punto con el ministro del Trabajo, el subsecretario del Trabajo, el director del Servicio Civil y la Dirección de Presupuestos. “Esperamos que el Gobierno dé señales claras para evitar listas negras o ciertos porcentajes de funcionarios que tengan menos de cinco años que se vayan a la cesantía”, afirma.

La estrategia de movilización ya tuvo una primera expresión el 5 de noviembre, cuando la ANEF participó junto al movimiento estudiantil en las manifestaciones contra los recortes a la educación pública. Pérez Debelli afirma que funcionarios fueron mojados y gaseados durante la jornada. “Nos reprimieron, nos mojaron, nos gasearon de manera innecesaria acompañando el movimiento estudiantil”, denuncia.

El dirigente sostiene que esa participación forma parte de una estrategia más amplia de articulación con otras organizaciones. La ANEF participa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, mantiene vínculos con el movimiento estudiantil y forma parte de la Central Unitaria de Trabajadores. Al mismo tiempo, asegura que el gremio seguirá concurriendo al Congreso para intervenir en la discusión presupuestaria: “Estamos rodeando el debate presupuestario, estamos defendiendo también el empleo”.

La ANEF mantiene así una doble estrategia: negociación institucional y presión en las calles. Pérez Debelli recalca que el gremio cuenta con una agenda formal de trabajo y contrapartes definidas en el Gobierno, pero advierte que el diálogo no excluye la movilización. “No podemos tampoco soslayar que parte del diálogo también va a un pie de la movilización”, insiste.

El escenario podría tensionarse especialmente durante las próximas semanas. A la negociación por el reajuste se suman la discusión parlamentaria del Presupuesto 2027 y las decisiones sobre renovación de contratos que deben comenzar a conocerse antes de fin de mes. Para la ANEF, esos tres frentes determinarán si el conflicto permanece en la mesa de negociación o avanza hacia nuevas jornadas de movilización. La definición ya está tomada: la organización mantendrá el diálogo, pero con un plan de movilización escalonada sobre la mesa.