Florencia Ortúzar y la COP31: “El financiamiento que necesita América Latina no es caridad”

La COP31, que comienza este lunes 9 de noviembre en Antalya, Turquía, llega bajo una consigna distinta a la de las primeras décadas de negociaciones climáticas: el desafío ya no es seguir acumulando compromisos, sino demostrar que estos se están traduciendo en reducciones reales de emisiones y cambios concretos. La conferencia fue planteada por su presidencia como una “COP de la implementación”, en un momento en que Naciones Unidas advierte que el avance global sigue siendo insuficiente y que se requiere acelerar la aplicación de las metas existentes.

En ese escenario, Florencia Ortúzar, directora del Programa Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), plantea que la prueba de efectividad de las políticas climáticas está en los datos y no en los anuncios: las emisiones reportadas, la evolución del consumo de combustibles fósiles y las transformaciones efectivamente implementadas. La COP31 tendrá además como uno de sus procesos relevantes el inicio del segundo Balance Mundial, que permitirá evaluar colectivamente cuánto se ha avanzado y cuánto falta para cumplir el Acuerdo de París.

Para América Latina, Ortúzar identifica un doble desafío: evitar que la transición energética reproduzca las lógicas extractivas que históricamente han marcado a la región y conseguir recursos para que los países puedan adaptarse a impactos cada vez mayores. Páramos, salares, Amazonía y océanos son, a su juicio, ecosistemas estratégicos que deben ser protegidos al mismo tiempo que se desarrolla la transición. En Antalya, considera claves el mecanismo de transición justa, el financiamiento y la discusión sobre una salida concreta de los combustibles fósiles.

-La COP31 llega con un discurso muy centrado en la implementación. ¿Cómo se puede saber si los compromisos climáticos de los países están produciendo cambios reales en las emisiones y no solamente nuevas metas, planes y anuncios?
-Se ha llamado a esta la COP de la implementación, porque, tras 30 años de negociaciones, el desafío ya no es acordar nuevas metas, sino convertirlas en acciones concretas. Para saber si los compromisos están funcionando basta mirar las emisiones que reportan los países y la evolución de la producción y el consumo de combustibles fósiles, no los anuncios. Eso es precisamente lo que busca mostrar el segundo Balance Mundial, cuyo proceso comienza en esta COP31. Se trata de una oportunidad clave para hacer esa evaluación global y enmendar el rumbo.

Lo que sabemos es que la meta de mantenernos bajo el umbral de los 1,5 °C ya no se cumplió, aunque todavía es posible volver por debajo de ese límite hacia fines de siglo, si se aplican medidas de mitigación suficientes.

Si bien a veces las COP parecen producir solo rutas, mesas y diálogos mientras la crisis avanza, hoy se está dando un rápido despliegue de energías renovables, con tecnologías cada vez más accesibles. Las COP no son las únicas responsables de estos avances, pero sí influyen en las políticas nacionales y sostienen un acuerdo entre países para hacer frente a los desafíos del cambio climático que ninguna nación puede resolver por sí sola.

-América Latina enfrenta una situación particular: es una región altamente vulnerable al cambio climático, pero al mismo tiempo concentra ecosistemas estratégicos para la regulación climática global, como la Amazonía, los Andes, los bosques tropicales y los océanos. ¿Qué está realmente en juego para la región en esta COP31 y cuáles son las decisiones que podrían tener mayor impacto?
-Lo que está en juego es que la transición que ya está ocurriendo no termine siendo un nuevo capítulo en la historia del extractivismo en la región. Los países deben exigir estándares ambientales, sociales y de derechos humanos robustos para evitar que los territorios concentren los costos ambientales. Los páramos, los salares y la Amazonía, entre otros, son ecosistemas frágiles y fundamentales para enfrentar el cambio climático, y protegerlos es también una forma de reducir la vulnerabilidad de la región frente a sus impactos.

Por eso, las decisiones más importantes en la COP de Antalya serán las que permitan encauzar la transición hacia la justicia, como poner en marcha el nuevo mecanismo de transición justa (BAM, por sus siglas en inglés), que debe definirse en esta COP; dar continuidad al Programa de Trabajo sobre Transición Justa; y avanzar en planes concretos para salir de los combustibles fósiles.

-El financiamiento vuelve a aparecer como uno de los principales obstáculos de esta COP. ¿Qué debería conseguir América Latina en materia de financiamiento climático en Antalya y cómo evitar que los recursos terminen financiando proyectos que, bajo la etiqueta de transición, prolonguen la dependencia de los combustibles fósiles?
-El financiamiento que necesita América Latina no es caridad, sino una obligación internacional de los países desarrollados. En Antalya el desafío es cumplir con lo ya acordado, incluida la meta del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG) de al menos 300 mil millones de dólares anuales para 2035. Eso debe traducirse en recursos previsibles, accesibles y en condiciones que no profundicen el endeudamiento.

Pero no se trata solo de cuánto financiamiento se moviliza, es igual de importante hacia dónde se dirige. Una narrativa falsa que debemos cuestionar es presentar al gas como combustible de transición, e incluso como energía renovable. El gas es un combustible fósil.

Ese planteamiento sirve de pretexto para financiar centrales, gasoductos y proyectos de integración gasífera que prolongan la dependencia que queremos dejar atrás. Ningún peso del financiamiento climático ni de los recursos destinados a cumplir el compromiso de electrificación deberían destinarse a proyectos que prolonguen la dependencia de los combustibles fósiles.

También importa quién puede acceder a esos recursos, por ello es fundamental ampliar el acceso directo al financiamiento para comunidades y pueblos indígenas e impulsar estrategias que ya están funcionando en los territorios.

-En adaptación también existe una brecha entre lo que los países declaran y lo que efectivamente pueden ejecutar. ¿Cómo debería medirse el éxito de la adaptación en América Latina? ¿Corremos el riesgo de terminar contabilizando planes, estrategias e indicadores sin comprobar si las comunidades están realmente más protegidas frente a sequías, inundaciones, olas de calor, incendios o aumento del nivel del mar?
-Sí, existe ese riesgo. La adaptación no puede medirse solo con métricas globales abstractas. Su éxito debe verse también en el esfuerzo institucional, por el impacto de las acciones locales y, sobre todo, en si las personas que viven en los territorios están realmente más protegidas frente a los impactos del cambio climático.

En la COP31 hay dos decisiones que lo van a determinar. La primera tiene que ver con quién define cómo se mide la adaptación. Debe cerrarse la composición del grupo técnico que desarrollará las metodologías para aplicar los 59 indicadores de adaptación acordados en Belém, y se debe incluir a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, no solo como participantes sino como fuente de conocimiento.

La segunda es el financiamiento. Los países deben acordar cómo y con qué hoja de ruta se triplicarán los recursos para la adaptación hacia 2035, procurando que lleguen principalmente en forma de subvenciones y con acceso directo para iniciativas locales. Y aun así serán insuficientes frente a la magnitud de las necesidades.

-En materia de combustibles fósiles, la COP30 dejó pendiente una hoja de ruta para su salida, mientras que Colombia y otros países han impulsado procesos paralelos para avanzar en esa discusión. ¿Puede la COP31 convertir esa conversación en una política internacional con plazos y mecanismos de seguimiento, o seguirá existiendo una brecha entre reconocer la necesidad de abandonar los fósiles y adoptar medidas concretas para hacerlo?
-Siendo realista, no es esperable que la COP31 convierta esas vías paralelas en una política internacional con plazos y mecanismos de seguimiento vinculantes. Pero sí puede dar pasos concretos para avanzar en su reconocimiento como parte de las negociaciones oficiales.

En Dubái, los países reconocieron por primera vez la necesidad de transitar hacia el abandono de los combustibles fósiles, de manera justa, ordenada y equitativa. En la COP30, la hoja de ruta para hacerlo quedó fuera del texto final. De ese estancamiento surgieron dos procesos paralelos, una hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles, impulsada por la Presidencia brasileña y la Conferencia de Santa Marta, liderada por Colombia y los Países Bajos.

Aunque no forman parte de la negociación oficial, muestran que los países que sí creen en la necesidad de actuar están buscando avanzar y eso es muy valioso.

La presidencia de Turquía puede dar un paso importante reconociendo políticamente estos procesos e incorporando la hoja de ruta en el paquete político de Antalya, para que tenga continuidad. Además, ambos deberían alimentar el segundo Balance Mundial, para que el avance en la salida de los fósiles se evalúe dentro de los procesos formales de la COP31.

-Si tuvieras que definir un resultado concreto que permitiría decir que la COP31 produjo un avance real para América Latina, más allá del texto final y de las declaraciones políticas, ¿cuál debería ser y cómo podríamos comprobar dentro de uno, tres o cinco años que efectivamente se cumplió?
-Un avance real sería que el mecanismo de transición justa, conocido como BAM, entre en funcionamiento con representación efectiva de pueblos indígenas, comunidades y trabajadores en su gobernanza, y con una vía concreta para que el financiamiento llegue directamente a los territorios.

Más allá del texto final, el avance se podría medir en un año, viendo si el mecanismo está constituido y quiénes participan de su gobernanza; en tres, cuánto financiamiento se ha logrado canalizar y cuánto llega de forma directa a las comunidades; y en cinco, si hay planes nacionales de transición justa y de salida de los fósiles que ya se estén implementando.

Otro resultado deseable sería que se alcanzara algún tipo de reconocimiento oficial de las vías alternativas para dejar los combustibles fósiles, la hoja de ruta y la Conferencia de Santa Marta, pues significaría que se logró construir sobre esa primera piedra que dejó la COP30.