Acusación contra Rabat: ¿miente el ministro?
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El Mostrador identificó sentencias que confirmaron el rechazo de beneficios a condenados por delitos sexuales y que el ministro no mencionó ante el Congreso. Expertos analizan si esas omisiones y las rebajas a condenados por crímenes de lesa humanidad pueden sustentar su destitución.
¿Tiene fundamentos la acusación constitucional presentada contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat? ¿Puede prosperar y terminar con su destitución?
Uno de los capítulos lo acusa de infringir el principio de probidad. Sus declaraciones ante la prensa, el Senado y, especialmente, ante la Comisión Especial de la Cámara –una instancia de fiscalización establecida constitucionalmente– no habrían sido veraces. Expertos consultados sostienen que, al menos, omitió antecedentes relevantes y defendió tesis jurídicamente controvertidas.
El Mostrador identificó al menos ocho sentencias en las que la Corte Suprema confirmó el rechazo de beneficios a condenados por violación y abuso sexual. Esos fallos no fueron mencionados por el ministro durante su comparecencia ante el Congreso y, según los especialistas, su omisión será uno de los puntos centrales de la discusión.
El principal costo político para Rabat está asociado a la rebaja de condenas de 56 personas condenadas por violación y abuso sexual de niños y niñas.
El debate adquiere especial sensibilidad en un país donde, durante 2025, se registró un promedio de 17 denuncias diarias por violación de menores.
Pero aquí se abre también una compleja discusión jurídica: si esas decisiones pueden constituir una infracción susceptible de sustentar una acusación constitucional o si corresponden al ejercicio de facultades administrativas que deben evaluarse bajo otros estándares.
Otro capítulo apunta a las rebajas de condena concedidas a presos por crímenes de lesa humanidad. Especialistas cuestionan que algunas de esas decisiones se hayan adoptado sin considerar estándares internacionales relacionados con arrepentimiento y colaboración, y advierten que esos antecedentes podrían alimentar una discusión sobre eventuales mecanismos de impunidad.
Los documentos, las sentencias y el análisis de especialistas están en este Punto por Punto con Paulina de Allende-Salazar, de El Mostrador.
