Denuncias sobre mal uso de estos recursos ya le costaron el cargo a una ministra.
El oficialismo y la oposición brasileña acordaron este lunes la creación de una comisión parlamentaria que deberá investigar los gastos con tarjetas de crédito oficiales realizados por altos funcionarios públicos durante los últimos diez años.
La investigación, desatada por denuncias de irregularidades en las operaciones hechas por funcionarios del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que ya le costaron el cargo a una ministra, abarcará también el segundo mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso (1999-2003), según explicaron fuentes parlamentarias.
Durante el segundo gobierno del antecesor de Lula se adoptaron las tarjetas de crédito oficiales, con la intención de dar una mayor transparencia a los gastos con las llamadas «cajas chicas» de las dependencias públicas.
Según la oposición, que pidió investigar el asunto después de que en las últimas tres semanas se denunciaron diversas irregularidades, esas tarjetas oficiales suman hoy más de 11.000 y no son debidamente fiscalizadas.
El más grave de los casos afectó a Matilde Ribeiro, ahora ex ministra de la Secretaría de Igualdad Racial, quien renunció al cargo hace diez días acosada por denuncias de que había usado el plástico oficial para alquilar vehículos en días festivos y para hacer compras en tiendas libres de impuestos de un aeropuerto.
Según órganos de contraloría del Gobierno, los gastos con esas tarjetas oficiales sumaron el año pasado 75 millones de reales (unos 42,8 millones de dólares), lo que supuso un aumento del 127 por ciento en relación a 2006.
El senador Romero Jucá, jefe de la bancada oficialista, dijo hoy que se ha acordado con la oposición que la comisión investigadora será integrada por miembros de las dos cámaras, pese a que el deseo inicial del Gobierno era limitarla al Senado, donde tiene mayoría.
Según Jucá, el oficialismo cedió en esas intenciones tras acordar con la oposición que la investigación abarcará también el segundo mandato de Cardoso.
El diputado Carlos Sampaio, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que tiene entre sus líderes a Cardoso, dijo que esa formación «no se resiste que se investigue el pasado», aunque aclaró que las únicas denuncias conocidas respecto a posibles abusos con las tarjetas de crédito «afectan al Gobierno actual».
En los próximos días, los partidos representados en el Congreso deberán designar a los integrantes de la comisión, que deberán ser 16 senadores y 16 diputados, quienes tendrán un período inicial de 180 días para desarrollar su investigación.
EFE
