Transparencia y corrupción en Presupuesto

El cuidado del dinero público debe poder verificarse desde fuera del Gobierno. Por eso, los controles anunciados para el Presupuesto 2027 deben acompañarse de tres compromisos concretos: publicar información que la ciudadanía pueda usar, transparentar las capacidades reales de los organismos fiscalizadores y establecer un calendario estricto para destrabar las reformas de probidad. Quienes administran los recursos de todos tienen el deber de permitir que otros examinen sus decisiones.

El reciente mensaje presidencial anunció la revisión de 632 programas en 23 ministerios, proyecciones de gasto a cinco años y mayores controles sobre compras y arriendos. Sin embargo, en un contexto donde observamos un incremento en los casos de corrupción dentro de la administración pública, estas medidas, aunque necesarias, resultan insuficientes si no se corrigen las fallas estructurales del sistema.

La Ley de Transparencia 2.0 sigue detenida en el Congreso. Esto significa que entidades como las corporaciones municipales y fundaciones que administran fondos del Estado aún no tienen la obligación estricta de someterse a los mismos portales de transparencia, dejando un amplio espacio para que estas instituciones operen como agencias de empleo para operadores políticos. Lo mismo ocurre con el propio Congreso Nacional, que legalmente no está sujeto al escrutinio del Consejo para la Transparencia y su estándar, sino a sus propios controles internos. Esta asimetría es inaceptable en un Parlamento donde existen legisladores investigados por sospecha de desvío de recursos públicos y donde se han detectado funcionarios que ganan hasta tres veces más que el Presidente de la República.

Otro elemento fundamental que ha quedado marginado es el proyecto de Registro de Beneficiarios Finales. Sin esta herramienta, detectar contratos del Estado dirigidos a empresas de personas relacionadas es en extremo difícil, consolidando la opacidad en el destino final del gasto público. La tramitación de este registro requiere urgencia; no por nada, en septiembre pasado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) recomendó formalmente fortalecer el proyecto.

A nivel local, el escenario es igualmente crítico: con decenas de autoridades y funcionarios municipales bajo investigación, formalizados o condenados, la agenda de integridad municipal debe acelerarse. Es imperativo otorgar verdadera independencia a las unidades de control interno de los municipios, solo así podrán actuar como un contrapeso efectivo a la figura del alcalde. Asimismo, urge integrar por ley a todas las corporaciones municipales al sistema de gestión y control oficial de cada municipio, cerrando de una vez por todas estas “cajas pagadoras” paralelas.

La corrupción deteriora la confianza en la democracia y constituye un verdadero impuesto que frena el desarrollo. Una agenda gubernamental con foco en la seguridad y el crecimiento económico no puede eludir el avance de leyes clave como Transparencia 2.0, Probidad Municipal y Beneficiarios Finales.

Cuidar cada peso fiscal exige que la ciudadanía pueda seguir su rastro de manera transparente, desde el momento en que se decide gastarlo hasta su destino final.