Con la norma, el Ejecutivo de Uribe busca superar los obstáculos que le han impedido asumir la negociación del acuerdo humanitario al que las FARC condicionan la puesta en libertad de las cuarenta personas que pretenden canjear por medio millar de presos.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, autorizó la excarcelación de rebeldes de las FARC a cambio de la puesta en libertad de las personas que esta guerrilla mantiene como rehenes, entre ellas la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
La decisión está contenida en un decreto que el gobernante firmó la noche del jueves y que, según el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, se constituye en «un mecanismo expedito e inmediato para el acuerdo humanitario».
«Básicamente consiste en que el único requisito para que se realice el acuerdo humanitario es la liberación de los secuestrados», explicó Restrepo en una conferencia con la prensa en la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo en Bogotá.
El funcionario dijo que solo basta que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberen a la colombo-francesa Betancourt, a las otras 39 personas que mantienen en condición de «canjeables» o los demás secuestrados, más de 700, para que «un número singular o plural» de rebeldes presos sean excarcelados.
Los insurgentes pueden estar sindicados o condenados incluso por crímenes que no sean susceptibles de amnistía o indulto, destacó Restrepo, pero advirtió de que quienes quieran el beneficio de la suspensión condicional de la pena, o una alternativa, deberán dejar la lucha armada.
«Automáticamente deben comprometerse a un buen comportamiento, y no volver a delinquir: es un compromiso que se mantiene, básico, propio del Estado de derecho», aclaró el comisionado de Paz.
Restrepo dijo que el decreto firmado por Uribe, el número 880 del 27 de marzo de 2008, tiene como fundamento un artículo legal de 2005, en virtud del cual el Ejecutivo da por entendido que se ha llegado a un acuerdo humanitario cuando el grupo armado ilegal ponga en libertad a secuestrados.
Una vez que se produzca la liberación, el Presidente o el alto comisionado para la Paz, por delegación del gobernante, enviará a las autoridades judiciales competentes los nombres de los presos que pueden recibir el beneficio de la suspensión condicional de la pena.
La urgencia del caso es tal, continuó el funcionario, que el mismo decreto establece que por el interés superior de la paz, los nuevos procedimientos para el acuerdo se gestionarán de manera preferente.
«Creemos que queda establecido todo el soporte jurídico para el acuerdo humanitario y hemos reducido al máximo los requisitos», añadió Restrepo, y destacó que «basta simplemente con que, de manera inmediata, la doctora Ingrid Betancourt sea liberada» para que consideren que «el acuerdo humanitario se ha realizado».
El funcionario admitió que su «interés, por supuesto en primer lugar, es la salud» de esta rehén, en cautiverio desde el 23 de febrero de 2002 y sobre quien han circulado versiones que advierten de sus precarias y difíciles condiciones físicas.
Las últimas fueron recogidas por el defensor del Pueblo de Colombia, Vólmar Pérez, quien indicó que su dependencia tuvo conocimiento de que el estado de salud de la cautiva es grave.
La rehén recibió atención médica de urgencia a finales del pasado febrero en el centro de salud de una aldea rural del Guaviare, departamento selvático al sureste de Bogotá, según la versión de Pérez.
«Esperamos que el gran clamor nacional e internacional por la liberación de Ingrid Betancourt pueda llevarnos a que de la manera más rápida posible se concrete su liberación», expresó Restrepo.
Sin embargo, dijo que al Gobierno le preocupa igualmente el estado de salud de otros secuestrados con fines de canje, lo mismo que la situación de los demás cautivos por las FARC.
Tanto la liberación de los «canjeables», como de los secuestrados con fines económicos, pondrá a los rebeldes al alcance del decreto que autoriza las excarcelaciones, detalló Restrepo.
Con la norma, el Ejecutivo de Uribe busca superar los obstáculos que le han impedido asumir la negociación del acuerdo humanitario al que las FARC condicionan la puesta en libertad de las cuarenta personas que pretenden canjear por medio millar de presos.
Entre los encarcelados hay dos rebeldes extraditados a Estados Unidos, que los insurgentes buscan intercambiar por tres norteamericanos que están en el grupo de «canjeables».
La mayor barrera ha sido la exigencia rebelde de desmilitarizar Florida y Pradera, localidades con poco más de 800 kilómetros cuadrados de territorio y a unos 50 kilómetros al este de la ciudad de Cali, en el suroeste del país, lo que Uribe no acepta.
A cambio de ello, el gobernante ha ofrecido una zona de encuentro de unos 150 kilómetros cuadrados, en la misma región, alternativa que las FARC han rechazado.
EFE
