Se le considera también uno de los principales responsables del Grupo de Tareas, dedicado a la tortura, el secuestro y el asesinato, y estuvo a cargo del sector llamado «la Pecera», donde los detenidos eran obligados a realizar trabajos forzados y sometidos a torturas.
Ricardo Miguel Cavallo, trasladado este lunes desde España a Argentina para ser juzgado por delitos de lesa humanidad, es la imagen del terror para las víctimas de la dictadura militar en su país entre los años 1976-1983: la de un torturador al que recuerdan como una persona «siniestra, morbosa y perversa».
Así lo definía Ana Testa, presa en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que en un reportaje de Televisión Española (TVE) con participación del juez español Baltasar Garzón -artífice del proceso contra 98 militares argentinos- retrataba a Cavallo como una pieza que encajaba de manera natural en el engranaje de la represión.
«Era una persona siniestra, morbosa y perversa (…), que no tenía de qué hablar, como no fuera para hablar de qué picana era mejor», según Testa, quien recordaba que pese a su situación Cavallo trataba de mantener una retorcida relación afectiva con ella.
Entre sesiones de tortura, Cavallo la llevaba periódicamente a San Jorge, a 500 kilómetros de Buenos Aires, para que viera a su madre, con quien llegó incluso a intercambiar recetas de cocina.
Como Testa, otras 4.000 personas pasaron por los sótanos de la ESMA, convertido en centro clandestino de detención, donde Cavallo (nacido el 29 de septiembre de 1951) practicó entre 1977 y 1980 detenciones, secuestros y torturas físicas y psíquicas.
Eso es lo que dice el sumario instruido por el juez Garzón, donde se especifica que Cavallo era entonces oficial operativo como teniente de fragata, grado al que fue ascendido por su trabajo como secuestrador, siguiendo órdenes de los servicios de inteligencia.
Se le considera también uno de los principales responsables del Grupo de Tareas, dedicado a la tortura, el secuestro y el asesinato, y estuvo a cargo del sector llamado «la Pecera», donde los detenidos eran obligados a realizar trabajos forzados y sometidos a torturas.
Numerosos supervivientes le han identificado como uno de los principales torturadores de la ESMA, donde era conocido por varios alias: Miguel Angel, Ricardo, Marcelo o «Sérpico».
Fue ascendido a capitán en 1981 y se trasladó a París, donde trabajó junto con Alfredo Astiz, el «Ángel de la muerte», con la misión de mejorar la imagen de la dictadura en el extranjero.
En 1984 fue denunciado por un superviviente, Víctor Basterra, quien difundió fotos suyas, y el fiscal argentino Julio César Strassera le procesó por 226 crímenes, de los que resultó finalmente amnistiado en virtud de la Ley de Punto Final de 1986.
Años después, el juez Baltasar Garzón le incluyó en la causa abierta en España por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos por las Juntas Militares argentinas.
Inicialmente se le identificó como Miguel Angel Cavallo -nombre con el que era conocido en la ESMA y que aparece en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina-, lo que le permitió seguir su actividad normal y llegar a convertirse en empresario.
Lo hizo con los bienes sustraídos a sus víctimas, a las que obligaba a firmar poderes, y, tras abrir empresas en Argentina y El Salvador, llegó a ser un importante directivo en México.
Fue en ese país donde en agosto de 2000 el diario «Reforma» divulgó testimonios de cinco ex presos políticos que le reconocían como su torturador, junto con datos sobre su verdadera identidad.
Cavallo intentó escapar a Argentina, pero fue detenido durante una escala en Cancún, donde reconoció que era el capitán de corbeta retirado Miguel Angel Cavallo, pero negó el resto.
El 25 de agosto, la Audiencia Nacional española dictó orden de busca y captura internacional y, al día siguiente, el juez mexicano Jesús Luna ordenó la detención provisional de Cavallo para extraditarlo a España, en el inicio de un largo periplo judicial.
El 1 de septiembre de 2000, tras confirmarse su identidad, Garzón le procesó por terrorismo, genocidio y torturas, procesamiento que fue recurrido cinco días después por la Fiscalía española.
El Gobierno español autorizó el 29 de septiembre del mismo año la continuación del proceso, que fue ampliado por Garzón con casi 100 nuevos casos, de ellos 38 de secuestro y desaparición.
Los defensores de Cavallo en México pidieron a Argentina que solicitara su extradición para ser juzgado en su país, lo cual fue rechazado por el juez bonaerense Adolfo Bagnasco.
En enero 2001, la Justicia mexicana aceptó entregar a Cavallo a España, pero sólo por terrorismo y genocidio, pues el delito de tortura había prescrito según la legislación mexicana.
El ex militar fue extraditado a España el 28 de junio de 2003 e ingresó en prisión un día después.
México concedió a España el permiso solicitado para «reextraditarle» a Argentina, y el 29 de febrero el Gobierno español la autorizó, tras lo cual, el 14 de marzo, la Audiencia Nacional dio el paso definitivo para que Cavallo rinda cuentas ante la Justicia de Argentina.
EFE
