La joven, que actualmente tiene 30 años, había pedido el lunes pasado que los delitos atribuidos a los imputados fueran considerados de «lesa humanidad» en el juicio, que comenzó el 19 de febrero último.
Un tribunal de Argentina sentenció este viernes a penas de 7 y 8 años de cárcel a un matrimonio por el robo de bebés durante la última dictadura militar, al término del primer juicio en el país en el que una hija de desaparecidos se querella contra sus apropiadores.
Además de a la pareja que integran Osvaldo Rivas, condenado a 8 años, y María Cristina Gómez Pinto, con una pena de 7 años, la justicia sentenció a 10 años al militar retirado Enrique Berthier, quien en 1978 entregó al matrimonio a la actual querellante, María Eugenia Sampallo Barragán.
Las condenas fueron impuestas bajo cargos de retención y ocultamiento de una menor de 10 años y, en el caso de Rivas y Berthier, falsificación de documento público.
Ninguno de los tres imputados quiso este viernes pronunciar unas palabras antes de conocer el veredicto del Tribunal Federal Cinco, circunstancia que lamentó el abogado de la querellante, Tomás Ojea Quintana.
«Lamentamos que no hayan aprovechado la oportunidad que les dio el tribunal de arrepentirse y, sobre todo, de brindar información acerca del origen de María Eugenia», dijo el letrado.
Los tres imputados estaban acusados de los delitos de sustracción de menor, falsificación de documento público y supresión de identidad de Sampallo, que integra la lista de los 88 jóvenes a los que las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado restituir su identidad.
La joven, que actualmente tiene 30 años, había pedido el lunes pasado que los delitos atribuidos a los imputados fueran considerados de «lesa humanidad» en el juicio, que comenzó el 19 de febrero último.
Tanto la acusación particular como la Fiscalía habían solicitado una condena de 25 años de cárcel para el matrimonio y el militar acusado de ser quien arrancó a Sampallo de los brazos de su madre biológica para entregarla a la pareja Rivas-Gómez Pinto.
Por su parte, la defensa de los acusados pidió su absolución, al alegar que «no podían tener conocimiento» del origen de la niña y que habían prescrito los cargos que se les imputan.
Hija de los desaparecidos Mirta Barragán y Leonardo Sampallo, la joven fue inscrita como hija propia del matrimonio Rivas-Gómez Pinto, con el nombre de María Eugenia Violeta Rivas y con fecha de nacimiento del 8 de mayo de 1978.
Los apropiadores revelaron a María Eugenia que no eran sus verdaderos padres cuando la chica tenía siete años, pero le ocultaron su origen dándole diversas versiones, como que su madre había muerto en un accidente o que era azafata y vivía en Europa.
Durante el juicio, la joven contó los malos tratos a los que era sometida durante su infancia, especialmente por parte de María Cristina Gómez Pinto.
María Eugenia cortó su vínculo con Rivas y Gómez Pinto en 1999, dos años antes de conocer su verdadera identidad gracias a unos análisis genéticos que demostraron que era hija del matrimonio Sampallo-Barragán y que había nacido en febrero de 1978, dos meses después del secuestro de sus padres.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, cuyos abogados patrocinan a Sampallo, calculan que unos 500 hijos de desaparecidos fueron robados a sus padres cuando estaban en cautiverio.
Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante el último gobierno de facto, aunque las organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.
EFE
