Los rusos implicados llevaban afincados en España desde 1996 y contaban con la colaboración de abogados economistas españoles que se introducían en la estructura de la organización para facilitar la transferencia de capital a los paraísos fiscales, según las sospechas de los fiscales.
El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón prorrogó la detención de nueve de las veinte personas detenidas el pasado viernes en la desarticulación de la banda criminal Tambovskaya-Malyshevskaya, considerada una de las principales redes de la mafia rusa en el mundo.
Los tres fiscales anticorrupción que llevan el caso informaron este domingo en Málaga de que la «Operación Troika» contra la mafia rusa instalada en España queda cerrada y cifra en al menos 15 millones de euros (23 millones de dólares) los bienes embargados que supuestamente proceden de las actividades de blanqueo de dinero de esta banda.
Esta cantidad podría aumentar cuando se sumen las cuentas personales de los imputados, dijeron los fiscales, quienes dijeron a la prensa que «se va confirmando todo lo que la investigación apuntaba».
En la «Operación Troika», llevada a cabo el pasado viernes, las fuerzas de seguridad españolas detuvieron a diez personas en Málaga (Andalucía, sur), cuatro en Alicante (este), cuatro en Palma de Mallorca (Islas Baleares) y dos en Madrid.
La víspera, en Palma de Mallorca, el juez interrogó y luego prorrogó la detención de cuatro detenidos, el ciudadano ruso Gennadios Petrov, «dirigente cualificado» de esta mafia, y a tres de sus subalternos: Ioulia Ermolenko, Jurij Mijailovic Salikov y Kristo Folov.
Tras tomar declaración a estos detenidos, el juez Garzón y los tres fiscales de desplazaron a Málaga, donde entre el sábado y hoy tomaron declaración a los diez detenidos en esta ciudad.
El juez dejó en libertad con comparecencias semanales a un empresario español de la construcción, A.R.C., y decretó prisión incondicional para la empleada de hogar de un ciudadano ruso y la prórroga de la detención para S.K., la esposa de otro.
En la mañana de hoy, Garzón tomó declaración a otros siete imputados: a cinco de ellos les prorrogó la detención, entre ellos el supuesto «número dos» de la banda, Alexander Malyshev, y dejó en libertad con cargos y sin fianza a dos detenidas.
La Fiscalía les imputa a todos los detenidos los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad documental y ha ordenado el traslado de todos ellos a Madrid, donde está previsto que este lunes vuelvan a declarar.
Además de las veinte detenciones se efectuaron una treintena de registros: cuatro en Madrid, dos en Alicante, dos en Valencia, 17 en la provincia de Málaga (en Málaga capital, Marbella, Estepona, Nerja y Torrox), uno en Almuñécar (Granada) y cinco en Mallorca.
Los fiscales explicaron que la prórroga de las detenciones se debe a que «es muy posible que se pidan medidas de prisión para muchos» y han preferido esperar a escuchar las declaraciones de todos los imputados.
Los rusos implicados llevaban afincados en España desde 1996 y contaban con la colaboración de abogados economistas españoles que se introducían en la estructura de la organización para facilitar la transferencia de capital a los paraísos fiscales, según las sospechas de los fiscales.
La Fiscalía sostiene que los abogados, que están imputados, se han puesto a disposición de la mafia rusa «más allá del asesoramiento» para transferir el dinero a cuentas en Panamá, Chipre, Suiza, Islas Vírgenes y, posiblemente, Liechtenstein.
Según los fiscales, la investigación es «muy sólida» y ha sido realizada a lo largo de dos años por la Guardia Civil, el servicio de Aduanas y la Policía Nacional.
Además, ha colaborado la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense, la Fiscalía de Crimen Organizado de Estados Unidos, la Policía Alemana BKA, la Fiscalía de Crimen Organizado de Berlín, y las autoridades rusas, suizas y belgas.
EFE
