El ex teniente del Ejército, sobre el que pesa una orden de captura internacional por participar en la ejecución de 69 campesinos, incluidos niños y ancianos, de la comunidad de Accomarca, en Ayacucho, logró oponerse a las autoridades norteamericanas que ejecutaban una orden de deportación por fraude migratorio.
El militar peruano en retiro Juan Manuel Rivera Rondón, que participó en una matanza en 1985 donde murieron 69 campesinos, evitó ser deportado a Lima desde los EE.UU al resistirse al subir al avión que lo iba a trasladar al país andino, denunciaron defensores de los derechos humanos.
El ex teniente del Ejército, sobre el que pesa una orden de captura internacional por participar en la ejecución de 69 campesinos, incluidos niños y ancianos, de la comunidad de Accomarca, en Ayacucho, logró oponerse a las autoridades norteamericanas que ejecutaban una orden de deportación por fraude migratorio.
La abogada de los deudos de Accomarca y representante de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR), Karim Ninaquispe, informó hoy en un comunicado que el ex militar se negó a subir al avión en el aeropuerto de Baltimore e incluso «generó un escándalo para lograr su cometido».
Para la abogada, lo más alarmante de esta situación es «que las autoridades norteamericanas y peruanas no hicieron nada por hacer cumplir la orden de deportación».
El militar comandó la patrulla militar denominada «Lince seis» que ingresó, junto con la patrulla del subteniente Telmo Hurtado, en Accomarca y reunió a los campesinos en unas pequeñas casas, bajo la sospecha de que entre el grupo había simpatizantes de la banda armada Sendero Luminoso.
Una vez encerrados en las casas, los militares abrieron fuego y lanzaron explosivos al interior para aniquilar al grupo.
En la actualidad, Hurtado también afronta un proceso de deportación en los EE.UU por el mismo caso, el cual será resuelto en las próximas semanas.
La matanza de Accomarca es uno de los casos abiertos contra miembros de las fuerzas armadas e investigados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que indagó sobre la violencia interna que dejó casi 70.000 muertos entre 1980 y 2000.
EFE
