Un comunicado de la Gendarmería informó que los detenidos suman ya 40, de los cuales 32 son mujeres y todos son argentinos.
Un juez argentino investiga una red internacional de falsificación de pasaportes italianos obtenidos por unos 150 jugadores de fútbol en una causa en la que el número de detenidos aumentó de 15 a 40, informaron este sábado fuentes oficiales y la prensa bonaerense.
El presunto fraude, que responde a una denuncia del consulado de Italia en Argentina, supuso un negocio de unos 30 millones de pesos (seis millones de euros) por la venta de documentos, según fuentes judiciales citadas por la prensa.
Las investigaciones en manos del juez federal Norberto Oyarbide involucran a las tramitaciones de ciudadanía y pasaportes italianos concedidos al portero Juan Pablo Carrizo, cuya ficha compró el Lazio al River Plate, y al ariete Germán Denis, que pasó de Independiente al Nápoles, entre otros.
También involucran a los defensores juveniles Juan Forlín, del Boca Juniors quien jugó en el Real Madrid B español, y Ariel Broggi, del Banfield, quien obtuvo el pasaporte comunitario italiano.
Asimismo, se investiga la ciudadanía italiana concedida al portero Maximiliano Scaparoni, del Boca Juniors quien juega en la selección argentina sub 20, y al delantero Gonzalo Bergessio, del San Lorenzo, quien jugó el año pasado en el Benfica de Portugal.
Los clubes de fútbol argentino se han desmarcado del caso, en el que aparecen como sospechosos Fernando Hidalgo, Gustavo Mascardi y Jorge Cyterzpiler, algunos de los más conocidos representantes de jugadores de fútbol argentino, destacó el diario Crítica.
El diario Clarín, el de mayor tirada de Argentina, coincidió con Crítiva en que los pasaportes bajo sospecha son «más de 300» de los cuales la mitad corresponde a futbolistas.
Aunque rige el secreto del sumario, las fuentes judiciales confirmaron que la casa de los padres de Forlín fue uno de los 120 domicilios de Buenos Aires y tres provincias argentinas allanados por orden de Oyarbide este viernes con la movilización de unos 600 agentes de la Gendarmería.
Un comunicado de la Gendarmería informó que los detenidos suman ya 40, de los cuales 32 son mujeres y todos son argentinos.
Según fuentes judiciales, los detenidos son abogados, contables y gestores acusados de formar parte de una red de falsificadores de documentos italianos creada en vista de que la Unión Europea (UE) declaró en 1995 la ilegalidad del «cupo de extranjeros» en clubes de clubes de países comunitarios.
Los delitos de «falsificación de documento público» y «asociación ilícita» que investiga el magistrado argentino son castigados con penas que van de uno a seis años de prisión en el primer caso y de tres a diez años en el otro.
«Algunos» de los argentinos cuya documentación italiana es investigada «eran conscientes de las irregularidades que se cometían», dijo a Clarín el abogado del consulado de Italia, Sergio Barzola, quien evitó comentar si entre esas personas hay jugadores de fútbol.
Barzola, quien se amparó en el secreto sumarial, admitió que «se falsificaron firmas y se hallaron sellos falsos, específicamente la firma» del cónsul general de Italia en Argentina, Giancarlo Curcio.
Oyarbide tiene bajo la lupa a la firma Ciudadanía Express, de la argentina María Tebaldi, quien hace unos años fue condenada por la justicia italiana a dos años y seis meses de prisión por la falsificación del pasaporte del internacional Juan Verón, exculpado en esas actuaciones.
Crítica destacó que Ciudadanía Express ha tenido como clientes a 150 jugadores, entre ellos los internacionales argentinos Roberto Abbondanzieri, Gabriel Heinze y Javier Mascherano y Mauro Camoranesi, quien juega en la selección de Italia.
Apuntó que Fernando Hidalgo es socio del notario argentino Gustavo Arribas y el empresario israelí Pinhas Zahabi en la firma HAZ Sports Agency, que ha hecho múltiples operaciones de traspasos de jugadores por medio del Locarno, club de la segunda división del fútbol suizo.
Uno de los allanamientos judiciales se llevó a cabo en la sede del club Lanús de la primera división argentina, cuyo presidente, Alejandro Marón, aclaró hoy a radios locales que la institución «no está imputada» y «siempre ha colaborado» con la justicia.
«Nosotros no nos inmiscuimos en los trámites personales de los futbolistas», comentó sin indicar qué documentación fue investigada en la sede del Lanús.
Portavoces de River Plate y Boca Juniors, los clubes más populares de Argentina, dijeron que sus sedes no han sido allanadas y que desconocen la causa que instruye Oyarbide.
El vicepresidente segundo del Vélez Sársfield, Fernando Raffaini, sostuvo a su vez que el club vendió a diez jugadores en los últimos años y «nunca tuvo problemas» con tramitaciones de pasaportes comunitarios que son responsabilidad de «los jugadores y sus representantes».
EFE
