El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) acusa al mandatario de matar a 35.000 personas y de causar la «muerte lenta» de hasta 265.000. El organismo pidió a sus miembros que no salgan de sus casas y elevó la emergencia hasta el nivel 3, uno por debajo del máximo.
La misión militar conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID) anunciaron la «suspensión indefinida» de sus actividades como prevención ante un posible brote de la violencia tras la orden de detención contra el presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir.
En un comunicado difundido hoy en Jartum, la UNAMID pidió a sus miembros presentes en Darfur, oeste del país, que no salgan de sus casas y elevó la emergencia hasta el nivel 3, uno por debajo del máximo.
Fuentes de la ONU dijeron que algunos de sus empleados en Jartum ya han sido trasladados a Juba, capital del sur de Sudán, como parte las medidas preventivas.
Asimismo, fuentes del aeropuerto de Jartum explicaron que en las últimas horas se ha disparado el número de reservas por parte de occidentales expatriados para abandonar el país lo antes posible.
Mientras, la misión de los cascos azules en el sur de Sudán (UNMIS) también suspendió sus actividades hoy por las mismas razones en anticipación a una eventual reacción violenta por parte de los seguidores de Bachir.
Orden de detención
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, pidió este lunes una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar al Bachir, por genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur, donde han muerto más de 300.000 personas en cinco años de conflicto.
«Está claro que cada gobierno tiene derecho a controlar su territorio, pero ningún gobierno tiene derecho a cometer genocidio para controlarlo», dijo el fiscal argentino en rueda de prensa.
La fiscalía sostiene que Al Bachir «creó y aplicó un plan para destruir una parte sustancial de las etnias Fur, Masalit y Zaghawau, las cuales, según Moreno Ocampo, constituyen una población de unos 2,5 millones de personas, de los 4,5 millones de habitantes de Darfur.
La acusación incluye en total diez cargos: tres de genocidio, cinco de crímenes de lesa humanidad y dos cargos de crímenes de guerra, incluyendo tortura, asesinatos, acoso y daño psicológico y violación.
El fiscal mantiene que «el miedo, el hambre y la violación de mujeres y niñas son las armas más eficientes para cometer genocidio», un crimen que «todavía sigue produciéndose» en Darfur.
Centrándose especialmente en el delito de violación, Moreno Ocampo ha explicado que «se utiliza para matar el espíritu de un grupo».
Para el fiscal argentino, «lo que ha pasado en Darfur es consecuencia de la voluntad de Al-Bachir (..) que tiene control absoluto en Sudán».
Moreno Ocampo presentó hoy a los jueces el resultado de su segunda investigación en Darfur, pero según las normas de funcionamiento de la Corte, recogidas en el Estatuto de Roma, la decisión de emitir una orden de arresto está ahora en manos de los jueces.
Los magistrados de la sala preliminar de la CPI analizarán si las pruebas mostradas constituyen una base razonable para hacer efectiva la orden de arresto contra el presidente de Sudán solicitada por la fiscalía.
El fiscal de la CPI puntualizó que los jueces «pueden aceptar, pedir modificaciones o rechazar» su solicitud.
Este procedimiento, añadió, «suele durar entre dos y tres meses» pero puntualizó que «este caso es complicado» y que los jueces no tienen límite de tiempo para pronunciarse.
La CPI anunció el pasado mayo que había emitido órdenes de detención contra el ex viceministro del Interior sudanés, Ahmad Mohamed Harun, y el líder de la milicia «Yanyauid», Ali Kushayb.
Los enfrentamientos en Darfur, región occidental de Sudán fronteriza con Chad, se han cobrado miles de muertos y han ocasionado unos dos millones y medio de desplazados a campos de refugiados dentro y fuera del país, en lo que la ONU ha definido como uno de los peores desastres humanitarios de este siglo.
EFE
