La medida del gobierno italiano responde a la necesidad de combatir el fenómeno de la inmigración clandestina, «ya que en el primer semestre de 2008 se ha duplicado el número de llegadas con respecto al año anterior, con 10.611 personas, frente a las 5.378 del mismo periodo del año pasado».
El secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes, Agostino Marchetto, pidió al Gobierno italiano que respete los derechos humanos de los inmigrantes, informaron los medios de comunicación italianos.
El llamamiento de Marchetto se produjo al día siguiente que el Gobierno haya declarado el «estado de emergencia» en todo el país para afrontar la llegada de inmigrantes.
El prelado explicó que la declaración de emergencia «no tiene porqué ser una decisión negativa», ya que «puede servir para adoptar nuevas medidas que tengan en cuenta las necesidades, por ejemplo, de los inmigrantes que necesitan protección al llegar de países como Sudan, Somalia o Eritrea».
Asimismo, advirtió que estas disposiciones de emergencia «tienen que respetar los derechos humanos de todos los trabajadores inmigrantes y de los miembros de sus familias; las normas internacionales respecto a la concesión de refugiados; las peticiones de asilo; a los apátridas, como los gitanos, o las víctimas del tráfico de personas».
El Consejo de Ministros italiano declaró el viernes el estado de emergencia en todo el territorio nacional -que hasta entonces estaba en vigor sólo en tres regiones- para afrontar el «excepcional» flujo de inmigrantes llegados al país en los últimos meses.
La medida, según el Gobierno, responde a la necesidad de combatir el fenómeno de la inmigración clandestina, «ya que en el primer semestre de 2008 se ha duplicado el número de llegadas con respecto al año anterior, con 10.611 personas, frente a las 5.378 del mismo periodo del año pasado».
Esta decisión del Gobierno generó duras críticas en las filas de la oposición, que considera insuficientes las explicaciones facilitadas por el Ejecutivo para justificar la medida, y que pidió la comparecencia en el Parlamento del ministro del Interior, Roberto Maroni.
EFE
