El crimen a mazazos de dos niños luego de haber sido drogados y permanecer maniatados durante unas 24 horas conmociona a Argentina, cuyas fuerzas de seguridad detuvieron por el caso a tres hombres allegados a los pequeños, uno de ellos con condena vigente por violación y asesinato.
El trágico episodio reavivó el debate sobre la legislación penal del país suramericano, ya que uno de los acusados, de 41 años, fue beneficiado el año pasado con prisión domiciliaria, que era vigilada a través de una pulsera magnética que los investigadores creen que no funcionaba bien, informaron hoy fuentes policiales.
«Una medida así para quien violó y mató es muy cuestionable», afirmó el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, quien despidió al oficial Sergio Bufa, a cargo de los sistemas de control electrónicos de los presos, y ordenó una revisión caso por caso de los detenidos que gozan de este beneficio.
Incluso, la presidenta argentina, Cristina Fernández, se refirió este sábado al hecho al considerar que existe en el país un debate sobre las leyes blandas y las normas duras, pero opinó que los jueces «tienen herramientas» para evitar fallas en la vigilancia de los condenados.
«En esta medida excepcional (de prisión domiciliaria) el juez debe ser muy restrictivo para otorgar este beneficio, muy especialmente cuando el individuo que lo solicita ha cometido ilícitos contra la vida y honor de las personas», sostuvo el juez de la Cámara Penal de San Isidro Luis Cayuela, en una columna publicada hoy por la prensa local.
Los cadáveres de Agustín, de 11 años, y Milagros, de ocho, fueron encontrados ayer al costado de una autovía a las afueras de Buenos Aires luego de que sus padres también fueran hallados asesinados a hachazos el pasado martes a pocos kilómetros.
«Es conmocionante. Pero no hay que caer en el reduccionismo de querer encontrar la respuesta en lo de la pulsera» magnética del acusado, enfatizó la presidenta argentina.
El caso aparece hoy en las portadas de los principales diarios de Buenos Aires y ocupa espacios destacados en las emisoras de radio y televisión.
Por el hecho están detenidos Ángel Fernández, que en 1991 había sido condenado a 25 años de prisión por violación y asesinato, y a quien los niños llamaban «tío», según indicaron las fuentes.
También fue detenido Cristian Fernández, hijo de Ángel, de 22 años y Jesús Cáceres, un medio hermano del hombre condenado a prisión que aparentemente actuó como encubridor.
Mientras, otro hombre, apodado «El Sordo», aún permanece prófugo, acusado de participar de los crímenes, cuyo móvil apunta a una «bronca personal».
Los investigadores creen que la familia fue secuestrada el jueves 24 de julio de su casa situada en la localidad bonaerense de José C. Paz y desde allí fueron trasladados a la casa de uno de los detenidos.
Los responsables del hecho también robaron varios objetos de la vivienda, desde una computadora a ropa de cama, que luego fueron descubiertas en la casa de Ángel Fernández, cuando la Policía realizó allí un allanamiento.
Poco después, Marcelo Mansilla, de 41 años, y Sandra Alicia Rabago, de 37, fueron asesinados a hachazos y arrojados en un predio al costado de la autovía Panamericana.
Los padres fueron drogados antes de ser trasladados a los terrenos donde se concretó el crimen e, incluso, los niños permanecieron todo un día en ese estado hasta ser asesinados.
Las fuentes señalaron que los pequeños fueron asesinados porque conocían a los delincuentes y podían revelar sus identidades, comprometiéndolos en el caso.
Padres e hijos, además, fueron maniatados con cinta en embalar y cubiertos luego de muertos con mantas, piedras y cubiertas de automóviles.
Una vez hallados los cuerpos de los padres el martes pasado, la Policía intensificó la búsqueda de los niños, facilitada por la declaración que realizó el viernes Cristian Fernández, quien dijo escuchar que los chicos habían sido asesinados y arrojados en una zona cercana a la de sus progenitores.
El fiscal que investiga el caso, Marcelo Pernici, indicó que la pareja «no gozaba de muy buen concepto en la zona por cuestiones vecinales».
«No se descarta ninguna hipótesis, pero la económica es la primera que se maneja», manifestó Pernici días atrás.
EFE
