Debido a las millonarias ganancias que generaban las adopciones ilegales en Guatemala, en mayo pasado la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala suspendió unos 2.300 procesos de adopciones de niños guatemaltecos por sospechar que existen anomalías en los trámites.
Tras la captura, el pasado viernes, de una mujer sospechosa de haber participado en el robo de varios niños para ser dados en adopción en el extranjero, la Fiscalía de Guatemala ha intensificado sus investigaciones para dar con las redes dedicadas a esas prácticas criminales.
Un portavoz de la Fiscalía dijo este domingo a Efe que desde que conocen del caso (en mayo pasado) «se han logrado avances importantes para dar con los responsables de este grupo».
El pasado viernes un juzgado penal ordenó la captura de Rosalinda Rivera, hermana del diputado del opositor Partido Patriota, Gudy Rivera, quien preside la Comisión Legislativa del Menor y la Familia.
La mujer, de 48 años de edad, fue detenida cuando se presentó a declarar el viernes al juzgado que en mayo pasado le había beneficiado como una medida sustituta, por medio de la cual quedó en libertad condicional tras haber pagado una fianza.
«Se pidió su captura porque durante la investigación hemos encontrado evidencias para procesarla por los delitos de trata de personas y conspiración, por lo que creemos que no podía seguir en libertad», precisó la fuente.
Rosalinda Rivera había sido capturada originalmente el 7 de mayo pasado en una residencia del sur de la capital en donde funcionaba una casa cuna clandestina y en la que se hallaron nueve bebés que serían dados en adopción, entre ellos uno cuya madre biológica aseguró que le había sido robado a mediados del año pasado.
Además de ese caso, según la Fiscalía, «también se ha presentado otra denuncia en contra de la sindicada, por una mujer identificada como Gladis Caal, que la acusa de haberle robado a su hijo recién nacido cuando salía del hospital en donde dio a luz».
Aunque de momento la hermana del diputado es la única detenida por estos acosos, el Ministerio Público investiga a otras personas que se sospecha forman parte de este grupo, las que podrían ser capturadas en los próximos días.
El pasado 25 de julio una madre guatemalteca recuperó a su hija robada hace dos años para ser dada en adopción, tras demostrar por medio de una prueba de ADN que era la madre biológica de la niña.
El médico Feliciano Hernández, quien firmó el acta de nacimiento falsa por medio de la cual se pretendía dar en adopción ilegal a la menor, fue capturado dos días después, pero quedó el libertad condicional tras el pago de una fianza.
Por ese caso también se emitió orden de captura en contra del abogado Jorge Sun, quien realizaba el proceso de adopción, pero el profesional se encuentra prófugo.
Debido a las millonarias ganancias que generaban las adopciones ilegales en Guatemala, en mayo pasado la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala suspendió unos 2.300 procesos de adopciones de niños guatemaltecos por sospechar que existen anomalías en los trámites.
EFE
