El mexicano podría ser ejecutado el martes con una inyección letal en el penal de Huntsville.
El mexicano José Medellín, condenado a muerte por la violación y asesinato de dos menores en 1993, confía en que al menos se produzca un retraso en la ejecución prevista para mañana, aunque es consciente de que el estado de Texas no se destaca por su clemencia.
Si no lo evita un dictamen de última hora del Tribunal Supremo o el perdón del Gobernador de Texas, Rick Perry, Medellín será ejecutado el martes con una inyección letal en el penal de Huntsville.
A las habituales protestas de los grupos contrarios a la pena de muerte cuando se avecina una ejecución se ha sumado en esta ocasión una petición de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que quiere que el Gobierno estadounidense revise los casos de Medellín y otros cinco mexicanos condenados a muerte en Texas.
Medellín esperaba hoy, en la celda en la que es vigilado las 24 horas del día, la cual está diseñada para evitar un intento de suicidio, las dos únicas decisiones que pueden hacer cambiar el rumbo de los acontecimientos.
Una es la resolución del Supremo sobre si suspender temporalmente la ejecución, como ha pedido la CIJ, y la otra es la decisión de la Junta de Perdones de Texas para interceder o no ante el gobernador de ese estado, el que más ejecuciones acumula de todo EE.UU.
Pero la suerte de Medellín parecía hoy estar echada. Ese comité, compuesto por seis personas designadas por el gobernador, sólo ha pedido conmutar una sentencia de muerte en una ocasión desde diciembre de 2000, pero Perry la rechazó y el reo fue ejecutado.
La CIJ ha pedido al Gobierno de Estados Unidos que revise los casos de Medellín y de otros cinco condenados mexicanos en Texas que no recibieron asistencia consular cuando fueron detenidos, como establece la Convención de Viena.
La petición de la CIJ afectaba a un total de 51 mexicanos que están en los «corredores de la muerte» en todo el país.
El resto de los estados acataron la orden, pero Texas se niega a a hacerlo con el argumento de que el estado no es gobernado por cortes internacionales.
EFE
