El gobierno georgiano insistió este martes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en sus acusaciones en contra de Moscú. Tbilisi pidió a los jueces que tomen medidas para poner fin a los ataques. Asimismo responsabilizó al Kremlin de impedir a muchos desplazados, entre ellos ancianos, regresar a las casas que tuvieron que abandonar tras el estallido del conflicto entre ambos países el mes pasado.
La CIJ celebró este martes la segunda jornada de audiencias orales sobre las medidas cautelares solicitadas por Tiflis antes de que los jueces pasen a examinar el fondo de su denuncia contra Rusia por presunta limpieza étnica.
El profesor de Derecho Internacional Payam Akhavan afirmó en nombre de Georgia que «Rusia no ha negado (en su intervención de ayer) que sus militares siguen cometiendo actos de limpieza étnica» en esas dos regiones.
Para Akhavan, «Rusia no ha rebatido» la documentación aportada por Georgia para demostrar los ataques contra ciudadanos georgianos desde el pasado mes de agosto por parte de fuerzas rusas.
«Los datos aquí presentados son más que suficientes para solicitar medidas provisionales», arguyó Akhavan, quien afirmó que «las milicias rusas actuaron con total complicidad» en conductas agresivas y discriminatorias contra ciudadanos georgianos.
Tiflis defendió la fiabilidad de las fuentes en las que se basa su denuncia, entre las que figura la organización pro Derechos Humanos «Human Rights Watch».
Regreso de desplazados
La delegación de Tiflis asegura que Rusia está impidiendo a muchos georgianos desplazados, entre ellos ancianos, regresar a las casas que tuvieron que abandonar tras el estallido del conflicto entre ambos países el mes pasado.
Pero Georgia va más allá y denuncia que la supuesta campaña rusa de limpieza étnica en Georgia comenzó en la década de los noventa.
Además, la viceministra de Justicia de Georgia Tina Burjaliani afirmó que «todavía más georgianos están siendo obligados a dejar sus hogares».
Rusia rechaza competencia de tribunal
Moscú mantuvo el lunes que la CIJ carece de competencia para dictar las medidas cautelares solicitadas por Georgia, porque no hay evidencia de que se haya producido limpieza étnica o discriminación.
Rusia también defendió su presencia en las regiones de Osetia del Sur y Abjasia como «única opción» ante el inicio de las hostilidades por parte de Georgia.
Tiflis presentó el pasado 12 de agosto una demanda ante el tribunal de la ONU en la que pide a Moscú que cumpla sus obligaciones bajo la Convención Internacional Contra la Discriminación Racial de 1965 y que ponga fin a cualquier acto que pueda implicar discriminación étnica en las dos regiones secesionistas georgianas.
Además, denuncia la campaña de expulsión de la población georgiana y pide a la Corte que ordene de «forma urgente medidas provisionales para prevenir daños irreparables que impidan a los georgianos regresar» a sus hogares.
En la solicitud de medidas provisionales, Georgia subraya que «tras la invasión que comenzó el pasado 8 de agosto, la Federación Rusa ha asumido el control de Osetia del Sur, Abjasia y otras áreas adyacentes en el territorio de Georgia».
Tiflis acusa a Rusia de «violencia psíquica» sobre los georgianos, de ataques a sus casas y propiedades y del desplazamiento de 128.000 personas de ese grupo étnico desde el pasado mes de agosto, a lo que se sumaría el traslado forzoso de unos 300.000 georgianos desde la década de los noventa.
Georgia considera imprescindible la adopción de medidas cautelares mientras llega la decisión judicial sobre el fondo del asunto para evitar un «daño irreparable» a su población.
Este miércoles, Rusia tendrá la oportunidad de contestar a las acusaciones de Georgia, tras lo cual los magistrados deliberarán presumiblemente durante varias semanas, antes de anunciar si imponen o no medidas provisionales.
