«No podemos seguir pendientes de los caprichos de los terroristas. Es la hora de tener firmeza para avanzar en el rescate militar de los secuestrados», dijo el mandatario colombiano, al anunciar las medidas que se adoptarán para liberar al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, quien fue capturado presuntamente por guerrilleros de las FARC el lunes último desde su domicilio.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ordenó este martes el rescate militar del recién capturado gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, y de todos los secuestrados por las FARC, lo que puede complicar la liberación de dos militares anunciada hace meses por esa guerrilla.
«No podemos seguir pendientes de los caprichos de los terroristas. Es la hora de tener firmeza para avanzar en el rescate militar de los secuestrados», afirmó Uribe en una breve declaración a la prensa en la Casa de Nariño (sede del Gobierno), en la que también condenó duramente la captura de Cuéllar.
El gobernador, que hoy cumple 69 años, fue sacado a la fuerza de su vivienda en Florencia, la capital del sureño departamento del Caquetá, en la noche del lunes por varios hombres que lanzaron explosivos contra la casa mientras la familia dormía y mataron durante el asalto a un policía.
Aunque todavía ningún grupo ha asumido la autoría del secuestro, las autoridades locales y el Gobierno presumen que los responsables son miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más antigua de América Latina.
Si se confirma que las FARC son las responsables de este hecho, Cuéllar se convertiría en el primer político de alto nivel secuestrado por ese grupo armado en Colombia desde que Uribe llegó al poder en agosto de 2002.
En febrero de este año los guerrilleros liberaron de manera unilateral a los dos últimos políticos que tenían en su poder, el ex gobernador del Meta Alan Jara y el ex diputado del Valle del Cauca Sigifredo López.
Tras afirmar que el secuestro de Cuéllar le produce mucho «dolor» y «desesperación», Uribe denunció hoy que su captura es obra de los «mismos bandidos que quieren hacer de la liberación de los secuestrados un show».
El mandatario aludió así al anuncio que hicieron las FARC hace varios meses sobre su disposición a liberar a dos militares (uno de los cuales, Pablo Emilio Moncayo, cumplió este lunes 12 años de secuestrado), y a entregar los restos de un policía muerto en cautiverio.
El Gobierno y los rebeldes se han acusado mutuamente durante meses de dilatar las gestiones para llevar a cabo esa entrega.
El secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Juan Vicente Córdoba, quien hace parte del grupo de mediadores ante la guerrilla, comentó la semana pasada que esas liberaciones se iban a producir antes de fin de año, aunque otra de las facilitadoras, la senadora Piedad Córdoba, aclaró después que tardarían al menos un mes más.
Uribe reiteró hoy que ha cumplido con todo lo exigido por las FARC y que, por tanto, ya no cree en las promesas de «esos bandidos», al insistir en el rescate militar de los secuestrados.
Mientras, el padre de Pablo Emilio Moncayo, el profesor Gustavo Moncayo, denunció que con esas declaraciones el gobernante «sigue insistiendo en impedir» la liberación de su hijo y le pidió que no ponga en peligro la vida de los rehenes con un rescate de ese tipo.
Por su parte, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, quien viajó al Caquetá acompañado por los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, insistió en que «no se ahorrará ningún esfuerzo» para rescatar a Cuéllar.
Después de reiterar la recompensa de 1.000 millones de pesos (unos 500.000 dólares) para quienes aporten información sobre el rapto del gobernador, Silva detalló que los militares y policías que rastrean a esta hora los alrededores de Florencia encontraron abandonada la camioneta que presuntamente usaron los secuestradores.
Además, el Ejecutivo anunció que la actual secretaria general de la gobernación regional, Olga Patricia Vega, asumirá provisionalmente las funciones de Cuéllar.
Durante 2008 las FARC sufrieron duros golpes militares, entre ellos la muerte de su número dos, alias «Raúl Reyes», en el bombardeo a uno de sus campamentos ubicado en Ecuador y el rescate en una operación encubierta del Ejército de Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y 11 soldados y policías.
Sin embargo, en noviembre pasado la ONG Corporación Nuevo Arco Iris alertó en un informe de que la política de seguridad impulsada por Uribe ha entrado en crisis por la reactivación de las guerrillas y el surgimiento de grupos de «neoparamilitares».
Según esa ONG, las FARC han incrementado durante este año sus acciones contra civiles y las Fuerzas Armadas, e incluso han incursionado en centros urbanos de importancia en el departamento del Cauca (suroeste).
