El país sudamericano pidió al secretario general de la OEA que «se abstenga de brindar declaraciones con ribetes injerencistas», luego de expresar su preocupación por los incidentes registrados en el Parlamento del país centroamericano.
El gobierno de Nicaragua pidió este jueves al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, no inmiscuirse en los asuntos internos del país.
Insulza expresó ayer en un comunicado «su profunda preocupación» por los incidentes violentos ocurridos en el Parlamento de Nicaragua, que se encontraba sitiado por seguidores del presidente del país, Daniel Ortega.
«El Gobierno de Nicaragua lamenta el profundo desconocimiento acerca de la realidad coyuntural nicaragüense expresado en dicho comunicado y demanda a Insulza se abstenga de brindar declaraciones con ribetes injerencistas», subrayó el Ejecutivo del país centroamericano en un comunicado.
El Gobierno sandinista afirmó que el secretario general de la OEA basó sus declaraciones «únicamente en reportes mediáticos parciales, de medios de comunicación enemigos de nuestro pueblo y de su Gobierno legítimamente constituido».
«Son situaciones que se producen en Nicaragua y en muchos países del mundo, y que son simplemente expresiones legítimas de los pueblos, ante hechos que no responden a los intereses populares», apuntó la Administración Ortega, que llamó a la comunidad internacional a no preocuparse.
«Las autoridades constituidas en Nicaragua tienen demostrada capacidad para controlar cualquier situación que se produzca», dijo el Ejecutivo.
También resaltó que la Policía Nacional es una institución reconocida mundialmente «por su actuación humanista, ponderada y eficiente», y que tiene plena capacidad para asegurar la institucionalidad y mantener el orden público, «tanto por su profesionalismo como por su estrecha y excelente relación con el pueblo».
Nicaragua se halla sumida en una crisis institucional por la pugna que mantienen el oficialismo y la oposición desde que en enero pasado Ortega aprobó un polémico decreto para prorrogar el mandato de funcionarios de varios poderes del Estado, a pesar de que la competencia para ello corresponde al Parlamento.
Las disputas políticas se han trasladado a la calle, donde defensores de Ortega protagonizaron disturbios por dos días.
El Parlamento de Nicaragua reanudó hoy su trabajo para aprobar tres convenios de préstamos por 48 millones de dólares, en una sesión desarrollada bajo un fuerte dispositivo de seguridad y mientras seguidores de Ortega continuaban sus protestas violentas. EFE
