En un fallo unánime, los jueces de la segunda sala penal del alto tribunal desestimaron la petición del magistrado español por considerar que en Chile se instruye un proceso similar.
La Corte Suprema rechazó este viernes un exhorto enviado por el juez español Baltasar Garzón para indagar a familiares y colaboradores del fallecido dictador Augusto Pinochet por presunto blanqueo de capitales, informaron fuentes judiciales.
La rogatoria de Garzón, recibida en Santiago el pasado febrero, se enmarca en un juicio que conduce en España, iniciado el año 2005 por la Fundación Presidente Salvador Allende, tras el descubrimiento de cuentas secretas a nombre del gobernante de facto en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras.
En un fallo unánime, los jueces de la segunda sala penal del alto tribunal desestimaron la petición del magistrado español por considerar que en Chile se instruye un proceso similar.
«Que las materias investigadas por el tribunal requirente están siendo conocidas actualmente por un tribunal chileno que tiene jurisdicción y competencia para tales asuntos (…) se declara que no se da curso a la presente comisión rogatoria procedente del Juzgado Central de Instrucción N° 05 de Madrid», señala la resolución.
De este modo, la Corte Suprema acogió la recomendación de la fiscal de ese mismo tribunal Mónica Maldonado, quien el pasado 19 de abril ya rechazó el exhorto del juez Garzón.
Los magistrados del tribunal determinaron que los antecedentes de la carta rogatoria del juez español sean remitidos al juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Manuel Valderrama, que está a cargo del juicio sobre el origen de la fortuna de Pinochet, proceso que se encuentra en estado de sumario.
La demanda original, suscrita en nombre de la Fundación Presidente Allende de España, estaba dirigida contra Augusto Pinochet, fallecido el 10 de diciembre de 2006; su esposa, Lucía Hiriart, y su entonces albacea, Óscar Aitken.
Según la investigación sobre el origen de la fortuna de Pinochet, durante su régimen de facto (1973-1990) el dictador acumuló algo más de 26 millones de dólares en esas cuentas, de los que 20 millones no tienen justificación legal.
Al morir, el general estaba procesado en este caso por fraude tributario y uso de pasaportes falsos, además de desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.
