El decreto-ley que establece la bajada de los salarios de los empleados públicos, la congelación de las pensiones y el recorte de la inversión, fue aprobado por 169 votos a favor (todos los diputados socialistas), 168 en contra y 13 abstenciones.
El Gobierno español logró este jueves sacar adelante, por un solo voto de diferencia, su polémico plan de choque para reducir el déficit público en una tensa votación en el Parlamento en la que solo contó con el apoyo del grupo socialista.
El decreto-ley que establece la bajada de los salarios de los empleados públicos, la congelación de las pensiones y el recorte de la inversión, fue aprobado por 169 votos a favor (todos los diputados socialistas), 168 en contra y 13 abstenciones.
La abstención de los 10 diputados de los nacionalistas catalanes de centro-derecha de Convergencia i Unió, junto a la de Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, facilitó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pudiera sacar adelante las controvertidas medidas y evitara un gravísimo revés.
El rechazo del Parlamento a convalidar el decreto-ley hubiera supuesto, según los analistas, no solo una catástrofe para el Ejecutivo socialista y su posible caída sino un pésimo mensaje a los mercados financieros que desde hace semanas tienen a España en su punto de mira a raíz de la crisis griega.
Las medidas de ahorro que pretenden rebajar el déficit público al 3 por ciento en 2013 fueron reclamadas al Gobierno español por la Unión Europea.
Para el Partido Popular (PP), que con 153 diputados es el principal de la oposición en España, su voto en contra no significa que se oponga a la reducción del déficit público, sino al modo cómo lo ha planteado el Ejecutivo, que calificaron de medida «improvisada, insuficiente e injusta».
El plan «simboliza el fracaso de toda su política y no solo la económica», afirmó el líder del PP, Mariano Rajoy, que aspira a suceder a Zapatero al frente del Gobierno de España y que ha perdido en dos ocasiones, en 2004 y 2008, una contienda electoral con el dirigente socialista.
Rajoy sostuvo que Zapatero es «el principal problema de la economía española».
Punto en el que coincidió con el portavoz de los nacionalistas catalanes, Josep Antoni Duran i Lleida, que aunque facilitaron con su abstención sacar adelante el plan, sostuvo que el «problema» es Zapatero «y su Gobierno», del que consideró que «su etapa está finiquitada».
Por ello, le aconsejó que piense en convocar las elecciones, no ahora inmediatamente, pero si en un horizonte próximo una vez se haya aprobado la reforma laboral que negocia el Ejecutivo con patronal y sindicatos y los Presupuestos Generales del próximo año.
Los otros dos grupos minoritarios, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, que sumaron sus tres votos a los 10 de los catalanes en la abstención, justificaron su postura en evitar con ello un mal mayor y redundaron en el argumento de Duran i Lleida de que lo hacían para que «España no caiga en un pozo más profundo».
«El Gobierno está solo, pero no está débil», afirmaron fuentes del Ejecutivo, tras el debate, que para el líder del PP fue una muestra del rechazo de «una gran mayoría de españoles».
Aunque Rajoy no lo pidió durante su intervención en el Parlamento, tras el debate, la portavoz parlamentaria de los ‘populares’, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró que sería «un acto de responsabilidad» que el Gobierno convocara elecciones.
Los próximos comicios generales en España están previstos para 2012.
Zapatero, que hoy tenía previsto viajar a Brasil para asistir al III Foro de la Alianza de Civilizaciones, que patrocina junto con el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, ha suspendido el viaje para concentrarse en las medidas anticrisis.
El propio Zapatero anunció su cambio de planes a los periodistas en el Parlamento tras el reñido debate que, según los analistas, ha evidenciado una gran soledad del Gobierno socialista, que con sus 169 diputados no tiene mayoría absoluta en el Parlamento y necesita apoyos puntuales de otras fuerzas.
Con las medidas convalidadas hoy, el Ejecutivo pretende ahorrar 15.250 millones de euros (18.757 millones de dólares) entre 2010 y 2011 y reducir el déficit público al 3 por ciento en 2013.
De todas las medidas incluidas en el plan de ahorro, la congelación de las pensiones en 2011 es la que ha causado un mayor rechazo.
