Según el Ministerio nigeriano de Interior, hay 46.000 personas en las cárceles nigerianas, de las que 30.000 se encuentran a la espera de un juicio, que como promedio tarda diez años en concluirse.
La Unión Africana (UA) ordenó al gobierno de Nigeria que suspenda la inminente ejecución de 870 presos condenados a muerte en este país, a la espera de una petición presentada al organismo por una organización local de Defensa de los Derechos Humanos.
La Comisión de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos de la UA, a solicitud de la organización nigeriana Programa para los Derechos Sociales y Económicos y la Rendición de Cuentas (SERAP), instó al Gobierno de Abuya a que mantenga la moratoria que suspendió las ejecuciones en 2002.
La SERAP, según un comunicado difundido este martes por este grupo, alegó que la causa aducida por el Gobierno para reanudar las ejecuciones, a instancias de los gobernadores de los estados federados nigerianos, es aliviar la congestión de las prisiones del país.
La Comisión encargada de los Derechos Humanos en la Unión Africana, además de atender a la solicitud de la SERAP y solicitar que se mantenga la moratoria, también instó al Gobierno de Abuya a avanzar hacia la abolición de la pena de muerte.
Para la SERAP, con está decisión, la Comisión «ha demostrado su autoridad y su cada vez más amplio mandato para hacer que los gobiernos africanos se responsabilicen de sus compromisos con los Derechos Humanos».
El pasado 20 de abril, el gobernador del estado petrolero de Abia, en el sureste del país, Theadore Orji, anunció la decisión de ejecutar a los condenados a muerte, que son 870 en el país, para descongestionar las cárceles, después de haberse reunido con los gobernadores de los otros 35 estados nigerianos.
Según el Ministerio nigeriano de Interior, hay 46.000 personas en las cárceles nigerianas, de las que 30.000 se encuentran a la espera de un juicio, que como promedio tarda diez años en concluirse.
El problema se agrava porque pocos pueden permitirse pagar un abogado y la asociación gubernamental Legal Aid Council, creada para suministrar abogados de oficio a aquellos con menos recursos, sólo dispone de 100 letrados.
Dos asociaciones gubernamentales, el Grupo Nacional de Estudio de la Pena de Muerte y la Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración de Justicia, recomendaron en su día una moratoria en las ejecuciones porque el sistema de justicia no puede garantizar un proceso justo y, de hecho, no se han producido desde 2002.
En 2007 y 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó sendas resoluciones en las que pedía a los países en los que todavía está vigente la pena de muerte que vayan restringiendo su uso y que establecieran una moratoria en las ejecuciones con vistas a abolir finalmente la pena capital.
Amnistía Internacional (AI) condenó en abril pasado la decisión de Nigeria de reanudar las ejecuciones de presos para paliar el hacinamiento en las cárceles del país e instó a su gobierno a atender los problemas de su sistema de justicia.
