Este nuevo giro se produce después de varios acontecimientos que han puesto en jaque su legendaria existencia, entre ellos, el reciente acuerdo entre Berna y Washington para transmitir al fisco estadounidense los datos bancarios de 4.450 clientes del banco suizo UBS sospechosos de evasión fiscal.
El Gobierno suizo adoptó este miércoles una nueva normativa para regular el secreto bancario que niega la asistencia administrativa a los países que reclamen la transmisión de datos bancarios basando su petición en informaciones robadas.
De acuerdo a las convenciones de doble imposición revisadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el texto, que entrará en vigor en un mes y que deberá ser inmediatamente reemplazado por una ley, define las condiciones de la asistencia administrativa en materia de fraude y evasión fiscal.
De modo que, cuando un país solicite a Suiza la transmisión de datos alegando doble imposición, la Administración helvética procederá a un examen preliminar, en el que analizará si la petición respeta el principio de «buena fe», es decir, si se basa en informaciones obtenidas de forma lícita.
De no ser así, Suiza negará la asistencia administrativa, así como exigirá que se ofrezcan datos precisos para identificar a los presuntos evasores fiscales, con objetivo de evitar la «pesca indiscriminada».
Por su parte, los afectados podrán recurrir la decisión final al Tribunal Administrativo Federal (TAF) y la normativa sólo se aplicará a las peticiones que se realicen a partir del próximo 1 de octubre.
Este nuevo giro respecto al secreto bancario se produce después de varios acontecimientos que han puesto en jaque su legendaria existencia, entre ellos, el reciente acuerdo entre Berna y Washington para transmitir al fisco estadounidense los datos bancarios de 4.450 clientes del banco suizo UBS sospechosos de evasión fiscal.
El escándalo de UBS fue el preludio de nuevas medidas de flexibilización del secreto bancario ante las presiones internacionales, que llevaron a las autoridades helvéticas a firmar un acuerdo en marzo de 2009 con la OCDE para simplificar los procesos administrativos en caso de sospechas «demostradas y concretas».
Asimismo, el Consejo Federal suizo se comprometió entonces a revisar los acuerdos de doble imposición, aunque dejó muy claro que el secreto bancario continúa existiendo y que la adaptación a los estándares de la OCDE en materia administrativa no modifica las reglas para los contribuyentes domiciliados en Suiza.
