El escritor le comunicó al presidente Alan García su decisión de no encabezar la Comisión de Alto Nivel para la construcción del Lugar de la Memoria, espacio que busca recordar la guerra interna que dejó más de 69.000 víctimas en Perú entre 1980 y el 2000. Esto, por considerar una «amnistía disfrazada» el decreto que permite la liberación de militares acusados de crímenes de lesa humanidad.
La renuncia de Mario Vargas Llosa a un proyecto para recordar a las víctimas del terrorismo en Perú agudizó este martes y la polémica por un decreto que podía permitir la liberación de militares y policías procesados por hechos de lesa humanidad, hasta el punto de obligar al Ejecutivo a pedir la derogación de la norma.
Vargas Llosa envió una carta al presidente peruano, Alan García, en la que presentó su dimisión «irrevocable» a la presidencia de la Comisión de Alto Nivel para la construcción del Lugar de la Memoria, un espacio que busca recordar la guerra interna que dejó más de 69.000 víctimas en Perú entre 1980 y el 2000.
En su misiva, el escritor consideró que el decreto 1097 es una «amnistía apenas disfrazada» para procesados por abusos a los derechos humanos y que existe «una incompatibilidad esencial» entre construir un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo y «abrir mediante una triquiñuela jurídica la puerta falsa de las cárceles» a los que «cometieron también delitos horrendos».
En ese sentido, le advirtió a García de que este decreto «sólo va a traer desprestigio» al Gobierno y consideró que «lo ocurrido es una verdadera desgracia que va a resucitar la división y el encono político» en Perú.
El decreto 1097 señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un período de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dicta sentencia, y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad «rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003», cuando el país se adhirió a ese convenio.
Los detractores de la ley coinciden en que otorga impunidad a los militares y policías que cometieron crímenes contra los derechos humanos, ya que la mayor parte de los procesos abarcan hechos cometidos entre 1980 y el 2000.
Luego de que el escritor se sumara a las críticas que desde numerosos sectores políticos y sociales le han llovido al Gobierno desde la pasada semana, el Ejecutivo envió hoy al Congreso un proyecto de Ley para derogar la norma que él mismo había promulgado el 1 de septiembre pasado.
El proceso de derogación se podría realizar mañana mismo, ya que el parlamento peruano anunció que realizará un pleno extraordinario para tratar el tema «con carácter de urgencia».
El Gobierno aseguró que el pedido fue acordado por el Consejo de Ministros «en resguardo de la vida constitucional y democrática del país, y a efecto de evitar cualquier mal aprovechamiento» de la polémica norma.
Poco antes de esta decisión, el legislador oficialista Aurelio Pastor, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, admitió a Efe que la renuncia de Vargas Llosa «va a repercutir en la imagen del país».
El parlamentario añadió que la decisión del escritor «tiene que ver con la poca capacidad de respuesta que ha mostrado el gabinete con este tipo de cuestionamiento».
El tema también debía ser revisado por el Tribunal Constitucional, ya que los legisladores nacionalistas presentaron la semana pasada una demanda de inconstitucionalidad contra la norma, aunque se prevé que este proceso puede tardar unos dos meses.
El único que ha defendido el decreto es el ministro de Defensa, Rafael Rey, quien reveló la semana pasada que para elaborarlo consultó, entre otros expertos, con César Nakazaki, abogado del ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por dos matanzas y dos secuestros cometidos durante su régimen (1990-2000).
El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, alertó que el decreto genera «un clima de impunidad».
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, Amnistía Internacional y Human Right Watch, también lo condenaron, al igual que sectores políticos y sociales del país.
Tras el bombardeo de críticas, el presidente García salió ayer al paso para defender a Rey y acusar al Congreso de haber otorgado al Ejecutivo, sin que el Gobierno lo pidiera, la facultad de legislar sobre procesos a las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos.
Ex altos jefes militares y miembros del «escuadrón de la muerte» Colina, creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos durante el régimen de Fujimori, ya han pedido el sobreseimiento de sus procesos por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
