«Estoy emocionada. Esto es un poco de justicia cuando se necesita tanto», aseguró desde Uruguay Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman y cuyos padres, Marcelo Gelman y María Claudia García Iruretagoyena, estuvieron cautivos en ese centro clandestino.
Un tribunal argentino condenó a prisión perpetua este jueves a un ex militar y a penas de entre 20 y 25 años de cárcel a tres civiles por crímenes durante la dictadura en la cárcel ilegal «Automotores Orletti», pieza clave en la represión coordinada en el Cono Sur en los años 70, informaron fuentes judiciales
El Tribunal Oral Federal Uno sentenció a la máxima pena al ex coronel Eduardo Cabanillas, mientras que el ex miembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Horacio Martínez Ruiz y el antiguo agente civil de inteligencia del Ejército Eduardo Ruffo recibieron 25 años.
La pena más leve correspondió a Raúl Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército, quien fue condenado a 20 años.
«Estoy emocionada. Esto es un poco de justicia cuando se necesita tanto», aseguró desde Uruguay Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman y cuyos padres, Marcelo Gelman y María Claudia García Iruretagoyena, estuvieron cautivos en ese centro clandestino.
«Se sigue haciendo justicia con mi madre. Ahora espero que se haga justicia con mi padre», destacó al aludir al reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado uruguayo por la desaparición de García Iruretagoyena durante el Plan Cóndor y le obliga a buscar sus restos.
La joven, nacida en cautiverio en Uruguay y quien en 2000 recuperó su verdadera identidad, fue uno de los 80 testigos que desfilaron por este juicio, que comenzó el pasado 3 de junio.
La lectura de la sentencia fue seguida con gran expectación por numerosos organismos de derechos humanos, quienes coincidieron en destacar el carácter «histórico» de la condena.
Horas antes de conocerse la sentencia, Martínez Ruiz y Ruffo hicieron uso del derecho a su última defensa al pedir al tribunal que «se hiciera Justicia» y expresar agradecimiento a sus integrantes: los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas.
Durante el proceso se ventilaron delitos cometidos en perjuicio de 65 víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención del barrio porteño de Floresta, enmarcado en el Plan Cóndor, como se ha denominado a la represión de las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú.
El proceso tenía un quinto acusado, el exmilitar argentino Rubén Visuara, quien murió a comienzos de febrero pasado en una clínica de las afueras de Buenos Aires.
La cárcel ilegal «Automotores Orletti» funcionó bajo la fachada de un taller mecánico entre mayo y noviembre de 1976, en plena dictadura militar argentina (1976-1983), que tuvo un saldo de 30.000 desaparecidos.
Allí estuvieron cautivos unas 200 personas detenidas de manera ilegal, en su mayoría uruguayos, aunque también pasaron por allí argentinos, chilenos, cubanos, bolivianos y paraguayos.
El antiguo centro de detención aún conserva aquella fachada de taller mecánico y mantiene incluso rastros de la represión, como agujeros de bala en las paredes y ganchos usados para las torturas.
Algunos de los detenidos permanecían en la planta baja, mientras otros eran conducidos por las escaleras a las salas de torturas e interrogatorios, donde colgaba un cuadro de Adolf Hitler.
Los militares que comandaban el centro decidieron «levantarlo» a comienzos de noviembre de 1976, después de que una pareja de secuestrados argentinos lograra escapar aprovechando una borrachera de los agentes a cargo de su vigilancia.
