A lo largo del día representantes de todas las fuerzas políticas expresaran su opinión al respecto, dejando una postura irreconciliable entre el oficialista Frente Amplio (FA), impulsor de la medida, y los opositores Partido Nacional y Partido Colorado.
El debate y la votación del plan oficialista para evitar la prescripción de los delitos cometidos por la dictadura uruguaya (1973-1985), que este lunes fue pospuesto un día por el Senado, volvió a polarizar la política uruguaya en dos bloques claramente opuestos.
El aplazamiento de la sesión del Senado prevista para hoy se debió a motivos «técnicos» y a la intención de que todos los senadores tuvieran tiempo de informarse y reunirse con sus compañeros de filas para analizar su voto.
A lo largo del día representantes de todas las fuerzas políticas expresaran su opinión al respecto, dejando una postura irreconciliable entre el oficialista Frente Amplio (FA), impulsor de la medida, y los opositores Partido Nacional y Partido Colorado.
En declaraciones al diario El País, el diputado oficialista Víctor Semproni consideró que la discusión sobre este proyecto «es profundamente política» y se divide entre los que quieren resolver «el problema de la verdad y la justicia» y los que «están defendiendo la impunidad y buscan artilugios de carácter judicial para ponerle trabas a esta propuesta».
Por su parte, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés explicó a Efe que su partido votará en contra de la iniciativa porque a su juicio «violenta la Constitución y varios principios fundamentales del estado de derecho como la no retroactividad de la ley penal», al tiempo que señaló que con las normas vigentes aún es posible «proseguir las investigaciones y resarcir a las víctimas».
El FA goza de mayoría parlamentaria en ambas Cámaras, por lo que se estima que no habrá ningún problema a la hora de conseguir los apoyos para la medida, que consta de cuatro artículos y apunta a restablecer «la pretensión punitiva del Estado» para todos los delitos cometidos por agentes del aparato estatal desde 1973 hasta marzo de 1985, cuando se restituyó la democracia en Uruguay.
Al tiempo, declara estos delitos como crímenes contra la humanidad, tal y como señalan los tratados internacionales firmados por Uruguay.
De este modo se evitará así la prescripción automática el día 1 de noviembre de los delitos de torturas, violaciones, asesinatos y secuestros cometidos por la dictadura, tal y como había estipulado en mayo pasado la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al declararlos «ilícitos comunes».
Además, la norma eliminaría las restricciones impuestas por la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fue aprobada por los uruguayos en dos referendos, el último en 2009, e impide juzgar los crímenes cometidos por uniformados en ese período.
Esta votación coincide con la aparición el pasado viernes de restos humanos en un cuartel militar en el que la Justicia buscaba detenidos desaparecidos en el marco de la causa por la desaparición de María Claudia García de Gelman y la supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta, respectivamente, del poeta argentino Juan Gelman.
El pasado marzo, Uruguay fue condenado por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por este delito e indicó que Uruguay está obligado llevar ante la Justicia a los responsables de esos delitos y a considerarlos como crímenes de lesa humanidad.
