Danilo Herrera y Presupuesto 2027: “Va a haber una ola de despidos el 30 de noviembre”

A horas de que el Presidente José Antonio Kast entregue los detalles del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el cientista político y experto en seguimiento legislativo Danilo Herrera advirtió que detrás del aumento global de 1,5% anticipado por el oficialismo habrá una disputa clave: determinar qué ministerios y servicios deberán absorber recortes para financiar las prioridades del Ejecutivo.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, el socio director de Factor Crítico puso el foco no solo en las partidas que podrían disminuir, sino también en el efecto que el ajuste fiscal podría tener sobre los funcionarios públicos. Su pronóstico es que el próximo 30 de noviembre, fecha en que se comunica a los trabajadores a contrata si continuarán durante el año siguiente, podría producirse una salida importante de personal.

“El 30 de noviembre se le avisa a las personas a contrata en el Estado si continúan en el próximo año. Pasa en los primeros años de gobierno que hay muchos despidos de contrata en el primer año, en general, y aquí yo supongo que con el recorte fiscal, con lo prometido por Jorge Quiroz, va a haber una ola de despidos el 30 de noviembre”, afirmó.

Herrera sostuvo que este escenario es conocido por las organizaciones de funcionarios y por quienes han trabajado en la administración pública. A su juicio, los despidos “van a ser masivos” en un contexto en que el Ejecutivo busca contener el gasto y, al mismo tiempo, concentrar recursos en determinadas áreas.

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El análisis surge luego de que representantes del oficialismo adelantaran, tras una reunión con Kast en Cerro Castillo, que el Presupuesto 2027 contemplaría un incremento global de 1,5%.

El diputado de Renovación Nacional Andrés Longton calificó el escenario como “mucho más auspicioso de lo que podríamos haber vaticinado” y vinculó el margen presupuestario con el manejo del gasto fiscal durante el año.

Pero para Herrera, un crecimiento promedio de 1,5% no significa que todas las partidas vayan a aumentar en esa proporción. Si el Gobierno decide entregar incrementos superiores a determinadas carteras consideradas prioritarias, necesariamente se estrecha el margen disponible para otras.

“Si por ejemplo se aumenta en Obras Públicas un 1%, porque están diciendo que un 1,5% en promedio. Pero vamos a ver, yo supongo que Obras Públicas y Vivienda van a aumentar más de un 1,5%. Eso quiere decir que otras partidas, que otros ministerios van a bajar”, explicó.

A ello se suman las solicitudes de mayores recursos provenientes de otras áreas. Herrera recordó que tanto Vivienda como Salud han planteado públicamente la necesidad de aumentos, mientras desde Deportes también se ha anticipado un incremento.

La pregunta, entonces, es quién absorberá el ajuste. “¿A quién se lo van a bajar? Porque a alguien se lo tienen que bajar. Si va a subir solo un 1,5% y van a haber partidas que van a tener un mayor aumento, con la lógica de la reactivación económica, vamos a ver a quién se la va a bajar”, sostuvo.

Entre las áreas que, a su juicio, podrían quedar más expuestas a reducciones, Herrera mencionó Cultura y Medio Ambiente. También situó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dentro de una discusión que ya comenzó antes de que el Ejecutivo ingrese formalmente el proyecto.

“Yo supongo que Cultura va a bajar, ya le bajaron más de un 10% este año a punto de recorte y yo supongo que va a bajar aún más. Vamos a ver qué van a hacer en Medio Ambiente, por ejemplo”, señaló.

“Hay carteras que ya están esperando el recorte y vamos a ver cómo eso se materializa”, agregó.

El cientista político planteó que la situación podría extenderse más allá de los ministerios y alcanzar a los distintos servicios dependientes del Estado, que todavía desconocen cuánto dinero tendrán disponible durante 2027.

“Todos los servicios hoy día están en alerta, y van a seguir en alerta hasta ver su presupuesto, y yo espero ver a la ciudadanía alerta en esto y cuestionando por qué no se está poniendo énfasis en sus distintos temas”, afirmó.

Herrera advirtió también que algunos secretarios de Estado enfrentarán una situación políticamente compleja durante la tramitación legislativa, al tener que comparecer ante el Congreso para explicar disminuciones en los recursos de sus respectivas carteras.

“Hay ministros que van a tener que ir a defender un presupuesto a la baja. No sé con qué argumentos”, sostuvo.

Uno de los casos que ya anticipa una discusión particularmente intensa es el INDH. Parlamentarios de la UDI han planteado una indicación para reducir su presupuesto a $1.000, propuesta que Herrera abordó recordando que durante la discusión presupuestaria el Congreso no puede aumentar las partidas propuestas por el Ejecutivo, pero sí disminuirlas.

El analista recordó que iniciativas similares han ocurrido anteriormente y sostuvo que, en el caso del INDH, existen obligaciones legales e internacionales que deben ser consideradas.

“El gobierno, el Estado de Chile tiene exigencias internacionales y nacionales con leyes aprobadas y tratados internacionales que obligan a que exista un Instituto Nacional de Derechos Humanos, y con ese presupuesto lo eliminan”, señaló.

Herrera anticipó por ello un “tira y afloja” durante la tramitación, aunque planteó que el propio Gobierno podría presentar inicialmente una partida reducida para el organismo.

“El gobierno va a presentar un presupuesto muy pequeño al Instituto Nacional de Derechos Humanos, eso yo supongo”, puntualizó, diferenciando así su estimación de una decisión que todavía no ha sido conocida.

El margen disponible para hacer recortes, explicó, tampoco es ilimitado. Según Herrera, cerca del 80% del Presupuesto está comprometido por obligaciones derivadas de leyes vigentes.

Como ejemplos mencionó beneficios establecidos legalmente, como la gratuidad universitaria y la PGU, cuyos recursos deben incorporarse independientemente de las preferencias presupuestarias del Ejecutivo o del Congreso.

“Esa plata para pagar eso tiene que estar en el presupuesto, independiente de lo que opine el gobierno de turno o los parlamentarios de turno al respecto. Tiene que estar esa plata en esa partida presupuestaria particular para pagar, porque así la ley lo indica”, explicó.

Es precisamente en el espacio restante donde Herrera anticipa que se concentrará la disputa por los recursos y los eventuales recortes.

El experto también cuestionó uno de los argumentos que, según afirmó, han utilizado el Gobierno y la derecha para justificar la necesidad de priorizar el gasto: que el Estado no dispone de recursos suficientes para financiar todas las demandas.

“Y aquí la respuesta del gobierno y la respuesta de la derecha en general ha sido, bueno, es que no hay plata, como el Estado no tiene plata para esto, entonces tiene que priorizar”, sostuvo.

Para Herrera, esa explicación debe contrastarse con los cambios tributarios aprobados previamente y, particularmente, con la reducción de impuestos para las grandes empresas contemplada en la megarreforma.

“Muy bien, el problema es que antes de la megarreforma había muchos impuestos que ahora las grandes empresas no van a pagar, entonces el argumento de que no hay plata no ha lugar”, afirmó.

El analista sostuvo que la reducción de esa carga tributaria significó recursos que el Estado dejó de percibir, bajo la expectativa de que el efecto se traduzca posteriormente en una mayor inversión.

“Quiroz le bajó los impuestos a las grandes empresas, y eso no se repuso, o sea, el Estado perdió esa plata y se fue al bolsillo de los grandes empresarios con la promesa de que en algún futuro, en el mediano o largo plazo, eso va a volver en inversión”, afirmó.

Herrera también puso atención en el empleo, otra de las prioridades anunciadas por el Ejecutivo. Advirtió que las medidas presentadas esta semana para enfrentar el deterioro del mercado laboral corresponden principalmente a iniciativas financiadas con el presupuesto vigente y con metas para lo que resta de este año.

Por ello, señaló que una de las claves será determinar si los subsidios y programas destinados a incentivar la contratación tendrán continuidad y mayores recursos durante 2027.

“Vamos a ver si la agenda laboral de subsidio al empleo va a continuar el próximo año y si hay aumentos en esa línea presupuestaria para el próximo año. Uno debe entender que sí, pero vamos a ver”, planteó.

Para el analista, recién con el detalle de las partidas será posible determinar quiénes terminarán financiando el mayor gasto en infraestructura, vivienda, salud, seguridad y empleo que el Ejecutivo ha definido entre sus prioridades.

“En muchas partidas van a haber muchos presupuestos que se van a ir al suelo, o sea, como requiere tanto aumento para la inversión por empleo y en Obras Públicas, en Vivienda, vamos a ver a quién le baja y qué van a hacer los parlamentarios de oposición frente a esas disminuciones de presupuesto, y también los grupos de interés, grupos de presión, la sociedad civil, respecto a esas carteras”, afirmó.