Involucrados ex ministros, empresarios y dirigentes del partido de Dilma Rousseff
“Fue un grupo de delincuentes que avergonzó a toda la política brasileña”, declaró el decano del Tribunal Supremo, Celso de Mello, quien aclaró que la corte no ha juzgado a “actores políticos, sino a criminales que atentaron contra la República y la Constitución”.
El llamado “juicio del siglo” en Brasil avanzó hacia la fase de sentencia con 25 de los 37 acusados declarados culpables de las graves corruptelas que en 2005 pusieron en jaque al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
En la audiencia celebrada este lunes, los jueces del Tribunal Supremo establecieron por una ajustada mayoría que entre 2002 y 2005 actuó en Brasil un grupo caracterizado como “asociación ilícita”, dirigido por el exministro de la Presidencia José Dirceu y que tejió una red de corruptelas con un “claro proyecto de permanencia” en el poder.
“Fue un grupo de delincuentes que avergonzó a toda la política brasileña”, declaró el decano de la corte, Celso de Mello, quien aclaró que el Supremo no ha juzgado a “actores políticos, sino a criminales que atentaron contra la República y la Constitución”.
Por el delito de “asociación ilícita” fueron responsabilizados Dirceu, el expresidente del Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino, el antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares y otros seis acusados.
Se trata del publicista Marcos Valerio Fernandes, sus tres socios y la directora de una de sus empresas, que fueron prestadas para las corruptelas, y un antiguo directivo del Banco Rural (privado).
Todos ya habían sido declarados culpables de otros delitos, por lo que el fallo proferido hoy deberá aumentar las penas que les correspondan.
Según comprobó la corte, las empresas de Fernandes se prestaron a las corruptelas, que se volcaron tanto a la financiación de campañas como al soborno de dirigentes de cuatro partidos políticos a cambio de apoyo en el Congreso al Gobierno de Lula, que ganó las elecciones de 2002 sin mayoría parlamentaria.
La acusación de “asociación ilícita” centró el último de los siete capítulos en que se dividió el juicio, que comenzó el pasado 2 de agosto.
Antes de iniciar la fase de sentencias, la corte deberá definir los empates registrados en torno a siete acusados, entre los cuales destaca el ex ministro de Transporte Anderson Adauto, quien responde por cargos de lavado de dinero y fue declarado culpable por cinco de los jueces e inocente por otros cinco.
Esa definición comenzará mañana, en una sesión convocada en forma extraordinaria, y si los empates son aclarados comenzará la fase de sentencias, que en algunos casos, como el del publicista Fernandes, los juristas calculan que superarán los 70 años de prisión.
El ex ministro José Dirceu, el más importante de todos los reos y que fue durante décadas la “mano derecha” de Lula, ha sido condenado por corrupción activa y asociación ilícita, lo que pudiera resultar en una pena de más de 20 años de cárcel.
Una pena similar enfrentaría el ex presidente del PT José Genoino, quien hace diez días renunció al cargo de asesor que ocupaba en el Ministerio de Defensa tras ser declarado culpable de corrupción activa.
Para el establecimiento de las penas, los jueces deberán evaluar diversos factores, como la propia culpabilidad en este caso, sus antecedentes penales y los móviles del delito, entre otros.
Según la ley brasileña, los reos condenados a un máximo de ocho años tendrían el beneficio de un régimen semi-abierto, que los obligaría a dormir en la prisión, mientras que aquellos con penas superiores deberán ser encarcelados una vez que concluya el proceso.
El PT ha anunciado que no comentará el resultado del juicio hasta que se realice la segunda vuelta de las elecciones municipales del próximo domingo.
Sin embargo, en una nota divulgada hace dos semanas, después de que el Supremo declaró culpables de corrupción activa a Dirceu, Genoino y Soares, el partido al que también pertenece la actual presidenta Dilma Rousseff acusó a “la derecha” y a sus “aliados en los medios” de orquestar una campaña en su contra.
Dirceu, por su parte, divulgó una “”Carta al Pueblo Brasileño”, en la que se dijo “prejuzgado” y “linchado”, y afirmó que “el Estado de Derecho Democrático y los principios constitucionales no aceptan un juicio político y de excepción”.
