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Reforma al sistema político: mixta destraba proyecto que busca poner candado a los díscolos
Tras siete semanas de espera, la Comisión Mixta resolvió por unanimidad la única divergencia pendiente sobre las declaraciones de principios de los partidos, despejando el camino para que la reforma impulsada por Álvaro Elizalde vuelva a las salas de ambas cámaras.
La reforma al sistema político impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric y heredada por la administración de José Antonio Kast dejó este lunes 31 de agosto su último obstáculo legislativo prácticamente resuelto.
En una sesión de unos 20 minutos efectivos, la Comisión Mixta encargada de zanjar las diferencias entre ambas cámaras alcanzó por unanimidad un acuerdo sobre la única disposición que permanecía abierta: las exigencias que deberán contener las declaraciones de principios de los partidos políticos.
La instancia, presidida por la senadora Danisa Astudillo (PS), acordó una nueva redacción que obliga a las colectividades a expresar en sus declaraciones de principios su condena al establecimiento de un sistema totalitario, al uso, propagación o incitación a la violencia como método de acción política, además de comprometerse con la probidad y la transparencia en la actividad política.
El acuerdo deberá ahora ser incorporado al informe de la Comisión Mixta y, una vez emitido por la secretaría técnica, pasar a las salas de ambas cámaras para su votación. Por lo tanto, la reforma todavía no es ley.
Un nudo acotado, pero con discusión de fondo
La controversia que llegó a la Mixta se originó en el tercer trámite constitucional, cuando el Senado rechazó una modificación introducida por la Cámara respecto de las declaraciones de principios de los partidos.
La Cámara había ampliado la fórmula originalmente aprobada por el Senado, incorporando referencias a la condena de los sistemas totalitarios, la violencia, la corrupción y el compromiso con la probidad y la transparencia. El Senado consideró necesario ajustar la redacción para hacerla estrictamente concordante con las disposiciones constitucionales y evitar problemas de interpretación.
La discusión de este lunes mostró que las diferencias eran bastante más acotadas que lo que podía sugerir el contenido de la norma.
El diputado Gonzalo Winter (FA) planteó que varias de las exigencias eran redundantes, pues principios como la probidad y la transparencia ya están contenidos en la Constitución y atraviesan el ordenamiento jurídico. Su posición era mantener únicamente la condena al uso de la violencia como método de acción política.
Desde la otra vereda, el senador Renzo Trisotti (Republicanos) sostuvo que la redacción aprobada por la Cámara podía generar problemas interpretativos al superponerse con el artículo 19 N°15 de la Constitución. Su propuesta era mantener la fórmula del Senado, centrada en la violencia.
El diputado Daniel Manouchehri (PS), en cambio, planteó que no existía una diferencia sustantiva respecto del rechazo a la violencia, los sistemas totalitarios o la corrupción, y llamó a aprovechar la sesión para cerrar rápidamente la discrepancia.
El punto que terminó inclinando la balanza
La presidenta de la Mixta, Danisa Astudillo, puso sobre la mesa una fórmula elaborada previamente por sus asesores, que buscaba conservar parte de los elementos incorporados por la Cámara y, al mismo tiempo, mantener la concordancia con la Constitución.
Hubo incluso una discusión técnica sobre el alcance de incorporar estas exigencias directamente en las declaraciones de principios de los partidos.
El diputado Felipe Ross (Republicanos) advirtió que no era lo mismo que la Constitución establezca sanciones para partidos que incurran en determinadas conductas que obligar a cada colectividad a incorporar expresamente esas condenas en sus propios documentos. A su juicio, esta última fórmula podría permitir que un militante invoque la declaración de principios de su partido para promover medidas disciplinarias contra otro integrante.
Mario Olavarría (UDI) coincidió en que era preferible dejar las conductas expresamente descritas en los documentos partidarios y no limitarse a remitir a disposiciones constitucionales.
Finalmente, la Comisión optó por la propuesta de Astudillo. La votación fue unánime entre los integrantes presentes, sin votos en contra ni abstenciones.
La propia senadora destacó al cierre de la sesión la rapidez con que se alcanzó el acuerdo y que se cumpliera el objetivo de la convocatoria.
La reforma que llevaba semanas esperando
El acuerdo marca un cambio respecto del estado en que se encontraba la iniciativa durante las últimas semanas. Después de que el Senado enviara el proyecto a Comisión Mixta el 9 de junio, la instancia permaneció sin constituirse hasta que la Cámara designó a sus representantes en agosto.
La Comisión Mixta para el Boletín N° 17.640-06 quedó integrada por senadores y diputados de distintas fuerzas políticas y fue convocada este lunes precisamente para constituirse, elegir presidencia y adoptar los acuerdos necesarios para resolver la controversia.
La comisión de Gobierno del Senado —que tramitó originalmente el proyecto— está integrada por Danisa Astudillo, Miguel Ángel Becker, Loreto Carvajal, Renzo Trisotti y Esteban Velásquez. Astudillo ejerce además su presidencia.
El candado a los díscolos
Aunque la Mixta solo debía resolver esta divergencia, el proyecto que queda encaminado a sus votaciones finales contiene cambios de mayor alcance sobre el funcionamiento del sistema político.
Entre ellos se encuentra el requisito para que los partidos en formación alcancen una afiliación mínima equivalente al 0,3% del electorado que haya sufragado en la última elección de diputados, además de disposiciones destinadas a fortalecer la disciplina de los comités parlamentarios. El Senado ya había aprobado esos aspectos en los trámites anteriores.
En particular, el incumplimiento de acuerdos adoptados por los comités parlamentarios queda considerado como una infracción grave a la disciplina interna de las colectividades.
Esos elementos son parte del corazón de una iniciativa que busca reducir los incentivos a la fragmentación partidaria, fortalecer a las colectividades y ordenar el funcionamiento parlamentario.
Con el acuerdo alcanzado este lunes, el proyecto deja atrás la última discrepancia entre ambas cámaras y queda a la espera de un paso que, hasta ahora, había resultado mucho más difícil: que Senado y Cámara aprueben el informe de la Comisión Mixta y conviertan finalmente en ley una reforma diseñada durante el gobierno anterior y que el actual Ejecutivo decidió mantener en carrera.
