La nueva ley busca facilitar el proceso de liquidación del Anglo Irish Bank.
La Cámara Baja del Parlamento irlandés (Dáil) aprobó una nueva ley de emergencia redactada por el Gobierno para facilitar el proceso de liquidación del Anglo Irish Bank, una medida encaminada a aliviar la deuda bancaria asumida por el Estado.
Tras un largo y tenso debate, el Dáil, gracias a la mayoría del Ejecutivo de coalición entre conservadores y laboristas, otorgó al ministro de Finanzas, Michael Noonan, poderes extraordinarios para cerrar definitivamente ese banco y, supuestamente, lograr así una reducción «significativa» de la deuda de 28.000 millones de euros contraída por el Estado para salvar la entidad.
El Gobierno se vio obligado a presentar pasada ya la medianoche de forma apresurada la nueva ley, después de que una filtración revelara que el Banco Central Irlandés (ICB) y el Banco Central Europeo (BCE) estaban a punto de llegar a un acuerdo sobre la reestructuración de la deuda bancaria del Anglo.
El colapso de ese banco obligó a Irlanda a pedir en 2010 a la Unión Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) un rescate cuantificado en 85.000 millones de euros.
El Dáil fue escenario durante varias horas de duros enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición, que denunció la falta de tiempo del que ha dispuesto para examinar el texto y la ausencia de detalles concretos sobre el acuerdo entre el ICB y el BCE, que según algunos medios podría ser anunciado a última hora de hoy.
Durante el debate, el primer ministro irlandés, Enda Kenny, aseguró que la nueva legislación es necesaria para evitar el «pánico» de los mercados y de los tenedores de deuda del Anglo, así como para «proteger» de acciones legales los activos del banco y de la entidad financiera Irish Nationwide, valorados en más de 40.000 millones de euros.
Desde su nacionalización en 2009, ambas entidades se encuentran en proceso de cierre definitivo a través de una compañía estatal llamada ahora Irish Bank Resolution Corporation (IBRC), que tras su liquidación pasará a formar parte de NAMA, el «banco malo» irlandés.
El Gobierno irlandés lleva meses pidiendo al BCE que acepte reestructurar un préstamo concedido hace tres años al Ejecutivo de entonces para salvar el Anglo Irish Bank, la entidad prestamista preferida por los constructores durante el «boom» de este sector.
El BCE concedió un préstamo de 31.000 millones de euros a través de la emisión de los llamados documentos de reconocimiento de deuda (IOU, en sus siglas en inglés), unos pagarés usados por Dublín para recapitalizar ambas entidades, pero que le obligan a pagar cada año, hasta 2023, un interés del 8 %.
El próximo 31 de marzo Irlanda debería hacer frente a unos de esos pagos anuales, que asciende a 3.100 millones de euros, motivo por el que ha propuesto al BCE canjear los pagarés con deuda del Estado a largo plazo, cuyo vencimiento oscilaría entre los 25 y 40 años.
Hasta la fecha, el BCE se ha mostrado, no obstante, reticente a la idea de permutar los pagarés por los bonos del Estado, ya que esta operación podría contravenir la normativa que impide a la entidad comunitaria financiar directamente a los gobiernos.
Dublín ha insistido en la necesidad de que el BCE alivie de alguna manera la aportación del Estado al saneamiento del sistema financiero, al tiempo que insta a la UE a que cumpla con el ofrecimiento de un nuevo pacto de reestructuración de su deuda bancaria de 64.000 millones de euros, vista como un lastre para la política económica.
