La información habría sido entregada al canciller argentino Héctor Timerman de forma anónima durante la realización de la cumbre del Mercosur.
Argentina denunció este lunes haber recibido datos de un país que participó de la última cumbre del Mercosur sobre supuestos actos de espionaje por parte de una nación que no identificó y de los que también serían blanco otros países suramericanos.
El canciller argentino, Héctor Timerman, presentó hoy la documentación que le fue entregada el pasado viernes, en la cumbre del Mercosur celebrada en Montevideo, ante la Procuración General de la Nación, cuerpo de fiscales de Argentina, para que se investigue «la posible comisión de un delito», informaron fuentes oficiales.
Timerman recibió la información de manos de un alto funcionario de uno de los países participantes de la cumbre, en la que los mandatarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela condenaron en una declaración conjunta el espionaje de Estados Unidos en la región.
En su denuncia ante la Procuración, Timerman precisó que en la tarde del viernes «un funcionario de alto rango de uno de los países participantes» en la cumbre y a quien dijo conocer por su función como canciller argentino se acercó y le entregó «un sobre tamaño oficio» solicitándole «que revise su contenido».
El sobre, según informó la Cancillería argentina en un comunicado, contenía una decena de páginas en las que se encontraban impresos los nombres de funcionarios gubernamentales, miembros del Poder Legislativo, periodistas y diplomáticos argentinos, acompañados de sus supuestos correos electrónicos y sus correspondientes claves de seguridad.
Luego, ese funcionario, cuya identidad y nacionalidad no fueron reveladas, le pidió a Timerman mantener una reunión en una sala privada, fuera del recinto de sesiones de la cumbre.
«Una vez en el lugar, me fue presentado otro funcionario que, según se indicó, era miembro de los servicios de seguridad de su país. Asimismo, se hallaba presente un miembro del gabinete nacional de un tercer país quien recibió, al igual que yo, un sobre conteniendo similar información», precisó Timerman.
En la reunión, ambos funcionarios pusieron en conocimiento del canciller argentino que sus «servicios de inteligencia se encontraban desde hacía un tiempo investigando una operación de espionaje que operaba sobre su Gobierno».
«En el contexto de esa investigación, lograron acceder a información que formaba parte de la operación y que involucraba datos de personajes públicos de distintos países latinoamericanos», afirma Timerman en su denuncia, donde no se da ninguna pista sobre qué país podría ser el origen de los supuestos actos de espionaje.
El canciller indicó que informó de inmediato a la presidenta argentina, Cristina Fernández, sobre lo sucedido.
Según informó la agencia oficial de noticias Télam, entre los nombres que figuran en las listas están, entre otros, el vicepresidente argentino, Amado Boudou; el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli; el ministro de Justicia de Argentina, Julio Alak; el excanciller Jorge Taiana y el exjuez español Baltasar Garzón.
Timerman ya había dado a conocer a la prensa el pasado viernes que había recibido esta información en el marco de la cumbre regional, donde el caso del extécnico de la CIA Edward Snowden y el supuesto espionaje de EE.UU. en la región fueron temas de las deliberaciones de los jefes de Estado.
En una declaración conjunta, los mandatarios rechazaron la «afrenta» sufrida por el presidente boliviano, Evo Morales, el pasado 2 de julio, cuando su vuelo de regreso desde Moscú debió aterrizar en Viena, donde permaneció 13 horas, debido a que varias naciones europeas le impidieron el sobrevuelo y/o aterrizaje ante la sospecha de que transportaba a Snowden, acusado de espionaje por EE.UU.
El Mercosur también se pronunció sobre la situación del propio Snowden y las presiones que el Gobierno de EE.UU está realizando para impedir la acogida del joven analista de inteligencia al recordar que los Estados «no tienen ningún derecho a impedir a sus ciudadanos solicitar asilo ni impedir su implementación por cualquier medio».
Asimismo, los mandatarios rechazaron «enfáticamente» las «acciones de espionaje» e «intercepción de las telecomunicaciones» en los países de la región por parte de Estados Unidos, actitudes que, afirmaron, «violan la soberanía» de las naciones latinoamericanas y «perjudican el normal desempeño de las relaciones entre los países».
