“La llave la tiene Rau”: Gobierno tiene doce días para destrabar nudos críticos de Sala Cuna

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados acordó aplazar la votación en general del proyecto Sala Cuna para el próximo martes 20 de octubre, iniciativa que se encuentra en segundo trámite con discusión inmediata y cuyo principal foco de conflicto sigue siendo su mecanismo de financiamiento.

La fórmula del Ejecutivo plantea compensar los recursos destinados al nuevo fondo mediante una rebaja equivalente en las cotizaciones que los empleadores pagan al Seguro de Cesantía, fórmula que fue rechazada durante la tramitación en el Senado y que mantiene abierto uno de los principales nudos para avanzar en la iniciativa.

En este escenario, durante los últimos días han surgido distintas propuestas desde las bancadas parlamentarias y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de encontrar un mecanismo de consenso que permita destrabar la discusión. El debate se desarrolla, además, en medio de la discusión del Presupuesto y con un mercado laboral que vuelve a tensionar la urgencia del proyecto, después que la desocupación alcanzara el 9,6% en el trimestre junio-agosto.

El diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Trabajo, José Carlos Meza, propuso fijar la votación en general para la próxima sesión ordinaria. La propuesta fue respaldada por los parlamentarios, con el propósito de abrir un nuevo espacio de diálogo y buscar un acuerdo sobre el financiamiento antes del martes 20 de octubre.

Ahora, buena parte de las expectativas están puestas en el ministro del Trabajo, Tomás Rau. Durante la sesión, el secretario de Estado manifestó su disposición a analizar alternativas frente a las diferencias que persisten respecto de cómo financiar la iniciativa.

Sin embargo, para el Ejecutivo existe una línea roja respecto a no aumentar los costos de contratación. “Vamos a recoger mucho de lo que se nos ha planteado, pero nosotros somos claros en decir que no podemos subir los costos laborales, menos en tiempos con tasas de desempleo de 9,6%”, dijo Rau. 

Desde la oposición, en tanto, esperan que el Ejecutivo tome la iniciativa y convoque durante los próximos días a una ronda de conversaciones que permita acercar posiciones y evitar que el financiamiento vuelva a convertirse en el principal obstáculo para la tramitación de Sala Cuna.

La llave la tiene el ministro Rau (y Quiroz)

A juicio de la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, para llegar a un acuerdo hay que resolver cuatro nudos, de modo que el proyecto no sea un retroceso para los trabajadores y cumpla sus objetivos de empleabilidad. 

“El primero es que nadie pierda derechos en su seguro de cesantía. El segundo es que las familias no tengan que copagar para acceder a la sala cuna. El tercero es que la red pública tenga apoyo para atender en horarios que conversen con la jornada laboral. Y el cuarto es que se garantice un mayor estándar educativo en favor de niños y niñas”, declaró.

Consultada por El Mostrador, Yeomans señaló que en las exposiciones frente a la comisión ha existido coincidencia en el objetivo principal de ampliar la sala cuna. “El punto medio está en un financiamiento que cumpla esas cuatro condiciones. Si una fórmula cumple, estamos disponibles para acordarla”, precisó. 

Asimismo, planteó que llegar a un acuerdo antes del 20 de octubre es viable en la medida que el Gobierno convoque a un diálogo durante los próximos días. “La llave la tiene el ministro Rau. Nosotros ya pusimos nuestras condiciones por escrito, junto a diputadas y diputados de la oposición y del PDG, y en la comisión se han presentado propuestas concretas”, indicó. 

Desde Renovación Nacional también han comenzado a explorar una salida intermedia. La diputada e integrante de la Comisión de Trabajo, Ximena Ossandón, ha planteado la necesidad de buscar una ecuación que permita alcanzar un acuerdo con quienes se oponen a que el financiamiento provenga completamente del Seguro de Cesantía.

“Estamos conversando con parte importante de la oposición justamente porque los nudos son clarísimos: el copago, el tema de la titularidad y el financiamiento que es lo más importante. También estamos en conjunto con la Dipres trabajando ese tema. Todos tienen consenso en que esto tiene que salir adelante porque es muy importante para la mujer, para el niño y para todos los efectos positivos para la sociedad”, dijo. 

Asimismo, Ossandón manifestó estar confiada en obtener una votación transversal, aunque no absoluta, al regreso de la semana distrital.

Lo cierto, es que tanto de oficialismo como de oposición, reconocen que destrabar el nudo de financiamiento dependerá de la voluntad política del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz,  y la disposición por flexibilizar las líneas rojas que instaló el Ejecutivo durante el debate en el Senado. En ese sentido, admiten que no es viable llegar a una votación en general sin el piso político suficiente para sostener el proyecto. 

Desde el Partido Socialista han reiterado que no están disponibles para respaldar el uso del Seguro de Cesantía e insisten en que el Gobierno debe realizar una mejor oferta para llegar  a un acuerdo. 

“Vamos a agotar todas las conversaciones que sean necesarias para mejorar este proyecto de ley, sobre todo lo relativo al financiamiento. Pero no soy partidario de que sean los trabajadores quienes tengan que pagar esto que es un derecho social”, dijo el diputado PS Nelson Venegas. 

El parlamentario también apuntó a la necesidad de establecer un techo al copago. “Hay empresas grandes que sí pueden realizar un copago y también, a propósito de que se está discutiendo la Ley de Presupuestos, cómo a partir de las rentas generales se puede sacar financiamiento para mejorar las condiciones”, agregó. 

Las otras alternativas

Cabe recordar que durante la semana pasada partidos de oposición (FA, PC, PS, PPD, DC), en conjunto con el PDG, firmaron una declaración conjunta donde explicitaron sus reparos a la iniciativa.

“El proyecto reemplaza el derecho de las personas trabajadoras a que su empleador provea salas cunas por el de cotizar en un fondo. El empleador es un mero pagador de cotizaciones y las personas solo pueden exigir su pago, abandonando la lógica del derecho de sala cuna con más de cien años de antigüedad”, dice el texto.

En esa línea, los parlamentarios proponen mantener la obligación de los empleadores, lo que –a su juicio– es plenamente compatible con propiciar un fondo que financie las salas cunas y que considere especialmente medidas de apoyo fiscal hacia las pymes.

Asimismo, cuestionaron el copago, ya que trasladaría el costo a las familias. Además acusan que en la fórmula del Gobierno la red pública queda excluida del financiamiento y un doble estándar en materia de calidad.

Otra de las alternativas que ha concitado consenso es la propuesta presentada por la fundación ChileMujeres. La presidenta ejecutiva, Francisca Jünemann, y el director de la fundación, Mario Marcel, expusieron ante la Comisión de Trabajo e instalaron la idea de reducir de 0,35% a 0,3% la cotización destinada al Fondo de Sala Cuna.

Ese 0,3% seguiría siendo compensado mediante recursos provenientes del Seguro de Cesantía, pero con una distribución diferente a la planteada por el Ejecutivo: 0,1% provendría de la cotización al fondo individual y 0,2% del Fondo Solidario. La propuesta incorpora, además, un compromiso fiscal para resguardar la sustentabilidad de este último.

“Actualmente, la cotización del empleador al fondo individual es 1,6%. Lo que nosotros proponemos es mantenerlo en 1,5% y en cambio ajustar la cotización al fondo solidario”, explicó el exministro de Hacienda, ya que esos fondos “pueden ser retirados por el trabajador o trabajadora al momento de jubilarse. Y, por lo tanto, si reducimos mucho la cotización al fondo individual, esos fondos se reducen significativamente”.

Para resguardar el fondo solidario, la fundación pide un compromiso explícito del fisco. “Si reduce la cotización del fondo solidario, probablemente debería revisar ese límite de aporte fiscal para asegurar que pueda seguir cumpliendo con su papel”, dijo Marcel, quien recordó que un agotamiento de esos recursos “ni siquiera ocurrió durante la pandemia”. A su juicio, “es fundamental que el diseño financiero del proyecto sea consistente con su objetivo de ampliar el acceso a sala cuna y promover una mayor participación laboral femenina, sin debilitar la protección efectiva ante el desempleo”.

La propuesta, por tanto, no abandona completamente el uso del Seguro de Cesantía como fuente de financiamiento, pero busca reducir el impacto sobre las cuentas individuales y trasladar una mayor proporción del ajuste hacia el componente solidario.

“En este caso, se compensaría íntegramente vía Seguro de Cesantía, pero, de acuerdo con las proyecciones que hacemos, esa compensación no debería ser tan grande como el 0,35%, podría ser menor. Esa diferencia entonces se aprovecha para reequilibrar o equilibrar mejor el ajuste de la cotización al fondo individual, versus la cotización al fondo solidario”, aclaró el extitular de Hacienda. 

En esa línea, desde ChileMujeres levantaron otros aspectos a mejorar. Respecto al copago, se plantea un tope de 10% del monto que el fondo transfiera a las salas cuna y que el decreto de Hacienda considere el informe de la Comisión Técnica de Financiamiento, para que el valor fijado sea efectivo y razonable. Además propone devolver la titularidad del derecho a madres y padres, pues los niños no pueden ser sujetos de relaciones laborales, e incorporar desde el primer año a trabajadoras de casa particular e independientes.

Asimismo, busca reponer el traspaso de recursos a Junji, Integra y jardines VTF para que operen con jornada extendida todo el año, suspender las transferencias ante inasistencias injustificadas y prolongadas, y evaluar la ley a los dos años de implementación.