«Barrio 18» persiste en paralizar el transporte público a través del asesinato de conductores.
El Ejército salvadoreño está preparado para desplegar a 600 militares de reserva si la pandilla «Barrio 18» persiste en paralizar el transporte público, a través del asesinato de conductores, atentados y amenazas de muerte, aseguraron hoy fuentes oficiales.
El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, explicó que «todo está preparado» por orden del presidente, Salvador Sánchez Cerén, quien pidió aumentar el patrullaje militar en el departamento del Gran San Salvador para acompañar a la Policía en las tareas de seguridad «hasta donde fuera necesario».
«Tengo en reserva aproximadamente a 600 elementos (…), que si es necesario vamos a emplear», aseguró el ministro.
Este miércoles fue la tercera jornada de paro en el transporte instigado por las pandillas, que asesinaron a 7 chóferes y un usuario del transporte colectivo en los últimos días, por no sumarse al cese de labores impuesto por los grupos criminales.
La última víctima se produjo hoy, mientras que el pasado lunes se cometieron 5 asesinatos y el domingo, 26 de julio, uno.
El ministro Munguía Payés afirmó que alrededor de 100 elementos militares se sumaron a los 200 efectivos militares que habitualmente apoyan a la Policía para brindar seguridad en los municipios del área metropolitana de San Salvador y el resto del país.
El funcionario desmintió los rumores de que las pandillas apliquen un «toque de queda» o un estado de sitio y advirtió que, de ser verdaderos, está todo listo «para neutralizarlos».
El Gobierno salvadoreño señaló el martes a través del portavoz Eugenio Chicas que con el «boicot» al transporte, las pandillas buscan forzar al Ejecutivo a «algún tipo de pacto» con ellos, pero que el Gobierno «no cederá».
En esa línea, el jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en El Salvador, Derek Spranger, dijo hoy a Efe que están «muy preocupados por las consecuencias humanitarias» de las acciones violentas desencadenadas por el paro de transporte.
El representante del organismo de socorro «lamentó» el asesinato de los chóferes y un usuario, y pidió que «se normalice lo más pronto posible» pues puede generar efectos económicos como, entre otros, que las «personas pobres» que no puedan desplazarse a sus trabajos «con normalidad».
Por su parte, el presidente de la Asociación del Transporte de Pasajeros (ATP), Roberto Soriano, dijo a Efe que el Gobierno debe hacer frente a esta situación y dar explicaciones al gremio.
«No sabemos si (las pandillas) piden algo al Gobierno, algunas concesiones, pero a nosotros no nos han pedido nada, solo hemos recibido amenazas de muerte, que están cumpliendo», señaló Soriano.
Según datos facilitados por el empresario del transporte a Efe, el sector está perdiendo 500.000 dólares por cada jornada de paro, que afecta directamente a unas 6.000 familias que viven de los salarios de los conductores parados.
Agregó que el total de pérdidas para la economía del país ronda los 50 millones de dólares diarios, ya que afecta a «muchos sectores productivos» y personas que diariamente se desplazan en el transporte colectivo.
El presidente de ATP señaló que en el día de hoy, unas 140 líneas, de las 1.300 que existen en El Salvador, «continúan con el paro, lo que significa que alrededor de 5.000 unidades de transporte están paralizadas»
Insistió en que el paro de los últimos tres días no es una huelga de transportistas «reivindicando algo a sus empresarios», sino que se debe a las amenazas y asesinatos de las pandillas.
Por su parte, el viceministro de Transporte, Nelson García, dijo en rueda de prensa que el Gobierno, a través del Ejército y la Policía, ofreció a los empresarios el «acompañamiento directo» en las unidades de transporte a partir del jueves, por lo que «no tienen excusa» para seguir con el paro.
También este miércoles, el exjuez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón, de visita en El Salvador para participar en un seminario sobre Derechos Humanos, dijo que un pacto o negociación con las pandillas sería una «dejación del estado de derecho».
Según el jurista español, el Gobierno salvadoreño debe «abordar una confrontación integral» contra la violencia pero esto «no pasa por otorgarles la interlocución de actor en conflicto a la criminalidad organizada».
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, anunció ayer que «de seguir la situación» ordenaría el despliegue de todo el ejercito en la zona central del país.
Garzón opinó que «esta medida no es la mejor opción» porque «hay que abordar otros ítems previamente y convertir la lucha contra el crimen organizado en una política de Estado».
Pero la preparación de la reserva militar evidencia que de continuar la amenaza de los pandilleros, el Gobierno procederá a aplicar la fuerza militar, algo que podría aprobar a pesar de la ausencia del presidente, quien esta tarde partió hacia Cuba para un «chequeo médico» de rutina, en plena crisis de violencia en el país.
